Breves apuntes sobre los procesos electorales (9): la información sobre la campaña en las televisiones públicas y privadas.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, define la campaña electoral como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Dispone, además, que durará 15 días y que terminará “a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”. Este formato se mantiene desde las elecciones de junio de 1977, pues ya el Decreto-Ley 20/1977, sobre normas electorales, contemplaba una definición idéntica aunque con una duración de 21 días; la reducción a 15 se hizo en 1994. Respecto a la información sobre la campaña electoral en las televisiones públicas y privadas hay varias cuestiones que llaman la atención. 

En primer lugar, y según el artículo 66.1 LOREG, «el respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado periodo electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga».

En rigor, los medios de comunicación de titularidad pública están sujetos al mandato constitucional de pluralismo, del que derivaría el de igualdad y neutralidad informativas, pero en modo alguno al de proporcionalidad, que no es sino un mecanismo que, al tener en cuenta los anteriores resultados electorales, sirve como un instrumento para su repetición, algo poco compatible con el principio de igualdad de oportunidades. Los medios de titularidad pública deben ser neutrales durante un proceso electoral, lo que no es sinónimo de proporcionalidad. 

En segundo lugar, la LOREG  también prevé (art. 66.2) que “las televisiones privadas deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. 

¿Cuál es el fundamento para presumir que una televisión privada es neutral si opera en los debates y entrevistas electorales de acuerdo con los resultados de los comicios precedentes? De actuar así, más que la igualdad y el pluralismo estará favoreciendo la repetición de los resultados anteriores, a lo que “contribuyen”, como ya se ha dicho, por mandato legal los medios públicos y el sistema de financiación electoral. Pero la cuestión principal es ¿por qué deben ser neutrales los informativos de una televisión privada? Las televisiones privadas actúan en ejercicio del derecho constitucional a informar, no al servicio de la “proporcionalidad y neutralidad” políticas. Cuando, como desde hace ya tiempo en España, existen numerosas televisiones privadas su disciplina debe ser similar a la de la prensa -¿alguien se plantea imponer a un periódico que informe “de manera proporcional” en campaña electoral?- y si el pluralismo televisivo no es el constitucionalmente deseado la causa estará en la política de concesiones.

 

 

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