Fútbol, derechos fundamentales y otras cosas del querer: sobre el procedimiento administrativo sancionador y la prohibición de acceder a los campos portando camisetas con ciertos mensajes.

El periodista de La Nueva España Nacho Azparren nos consultó al profesor Leopoldo Tolivar Alas y a mi sobre el procedimiento sancionador abierto en el ámbito deportivo contra la peña oviedista Symmachiarii; también sobre la prohibición de acceder a campos de fútbol llevando camisetas con determinados mensajes, logos,… En las líneas siguientes expongo mis respuestas. 

Como es sabido, la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prevé una serie de sanciones contra quienes incurran en alguna de las infracciones que ella misma prevé pero, como es obvio en términos jurídicos, no se puede sancionar si no se incurre en una concreta infracción de las previstas en dicha Ley ni tampoco hacerlo contraviniendo los principios constitucionales y legales que rigen el procedimiento administrativo sancionador. 

Eso implica, en relación con la atribución al grupo Symmachiarii de infringir los apartados 1 -Actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte- y 2 -Actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte- del artículo 2 de la Ley, que debe probarse que tales actos, en la forma definida legalmente, se han cometido y que se pueden imputar a miembros de ese colectivo. Pero lo que no cabe es aplicar la sanción sin que previamente haya quedado desvirtuada la presunción de inocencia ni sin que se haya permitido a las personas supuestamente responsables de las infracciones aportar elementos probatorios. 

Al respecto puede recordarse que, primero, la presunción de inocencia está recogida en el art. 53.2.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas como un derecho del interesado en el procedimiento administrativo sancionador e implica que se presume la no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Y es que, como han reiterado el Tribunal Constitucional (por ejemplo, STC 66/2007) y el Tribunal Supremo (STS de 28 de abril de 2016), la carga de la prueba de los hechos constitutivos de infracción recae sobre la Administración, no pudiendo imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, con prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales.  

En segundo lugar, y como también ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, en un procedimiento administrativo sancionador las personas interesadas deben poder presentar alegaciones y pruebas y no cabe, so pena de menoscabar el derecho de defensa, rechazar sin más esa posibilidad o hacerlo de manera manifiestamente arbitraria o irrazonable. Pero el hecho de que no lo hagan no implica asumir su culpabilidad porque la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde a la Administración pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una probatio diabólica de los hechos negativos. 

La vigente Ley de Procedimiento Administrativo es meridianamente clara cuando dice que una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. Si estos trámites no se cumplen, y parece que no se cumplieron en este caso, las concretas sanciones deben ser declaradas nulas. 

Por lo que hace referencia a la imposibilidad de acceder a los recintos deportivos portando determinados objetos el art. 6 de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte prohíbe introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual”. Como toda limitación de un derecho también ésta debe interpretarse de manera restrictiva, es decir, restringida a las concretas prohibiciones que contiene sin extenderla a conductas que no encajan en rigor ahí. La Ley contra la violencia en el deporte no excluye -si lo hiciera sería inconstitucional- portar cualquier camiseta vinculada a los seguidores de un equipo o a una determinada peña sino solo si se evidencia que fomentan o ayudan a la realización de comportamientos violentos y no cabe presumir que cualquier inscripción o leyenda en una camiseta o bandera supone incitación, fomento a ayuda a comportamientos violentos o un acto de desprecio a las participantes en el partido. 

Acceder a un campo de fútbol es un derecho sujeto a límites pero éstos, a su vez, tienen  límites: deben orientarse a un fin constitucionalmente lícito y deben ser proporcionales, pues asistir a un espectáculo deportivo no implica dejarse los derechos fundamentales a las puertas del estadio: los controles de acceso deben ser respetuosos, orientados a la aplicación de la ley y rigurosos en la apreciación de las circunstancias que impiden la entrada al campo. Fútbol debe ser fútbol con derechos: los de todos. 

Pd. sobre la prohibición de acceder con esteladas a la final de la Copa del Rey publiqué en su día este texto

Pd. de la pd. sobre la aplicación de garantías constitucionales en el procedimiento administrativo sancionador puede verse, entre otros textos, este comentario del abogado y profesor Diego Gómez Fernández.

 

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