De las pomposas palabras legales a los elocuentes silencios reglamentarios: sobre la inactividad gubernamental en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad.

Como es sabido, las personas con alguna discapacidad intelectual, física, mental o sensorial son mencionadas, en un lenguaje manifiestamente mejorable, en el artículo 49 de la Constitución: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. 

Se parte, pues, de que las personas con discapacidad deben disfrutar de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos y ese mandato de hacer a los poderes públicos no es sino una concreción del más amplio previsto en el artículo 9.2 del texto constitucional de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Este mandato expreso a los poderes públicos resultó complementado, primero, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe expresamente la discriminación por razón de discapacidad (art. 21.1) y “reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad” y, después, con la incorporación al Derecho español, desde el 3 de mayo de 2008, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 1 proclama “el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

La confirmación, en una norma de rango legal, de estas obligaciones de hacer para los poderes públicos se produjo, por última vez, a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que deroga, para integrarlas en él, las leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, 51/2003, antes citada, y la ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Dicho Real Decreto Legislativo, de 2013, incluye una Disposición final tercera que, en su punto segundo, se dice, en términos claros e imperativos, que “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. El propio preámbulo del Real Decreto Legislativo proclama que existe “un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos”. 

Pues bien, ante la inactividad reiterada de los sucesivos gobiernos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo impugnando la pasividad gubernamental y dicho Tribunal acaba de fallar en sentido favorable en una sentencia de 20 de marzo de 2019, donde recogiendo jurisprudencia anterior -entre otras, la sentencia de 5 de abril de 2018 donde se decía que “[…] estamos ante un claro supuesto de inactividad formal normativa pues la Administración incumple un claro e incondicionado deber legal de dictar normas o disposiciones de carácter general -inactividad reglamentaria-, es decir, la administración ha incumplido un deber jurídico que viene representado por una actuación de la Administración -por omisión- al margen de las previsiones legales y contribuyendo a que éstas queden sin efecto y, por ello, ante una actuación susceptible de control por los Tribunales a tenor de los artículos 106.1 de la Constitución Española y 8 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial…”- ha resuelto estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal del CERMI y ha declarado la “obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad”. 

Esta sentencia muestra, una vez más, que para los poderes públicos, de diferente extracción ideológica por cierto, resulta relativamente fácil sumarse a compromisos internacionales que pretenden impulsar la inclusión de personas y colectivos vulnerables; también que no es difícil aprobar normas internas de rango legal que vayan en la misma dirección. Lo complicado llega luego, cuando hay que concretar esas disposiciones y, especialmente, poner medios materiales para hacerlos efectivas. Son, precisamente, esas concreciones, la habilitación de recursos económicos y, lo que es gratis, una interpretación constitucionalmente adecuada de los derechos de las personas con discapacidad las que ponen a prueba la credibilidad de los discursos políticos e instituciones, como, por si hiciera falta otra prueba, hemos visto con las recientes instrucciones de la Junta Electoral Central que inciden en la estigmatización, en este caso sobre el ejercicio de los derechos políticos, de dichas personas. No parece, pues, que hayamos llegado a ese momento en el que todas las personas seamos igualmente importantes. 

Gráfico CERMI

 

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