Breves apuntes sobre los procesos electorales (2): el derecho de voto.

Este segundo apunte se centra en la participación en los procesos electorales ejerciendo el derecho de voto o de sufragio activo. Como dijo en su día de manera enfática el Tribunal Supremo de Estados Unidos, “el derecho de voto es el derecho político fundamental porque garantiza todos los demás derechos” (asunto Yick Wo v. Hopkins, de 10 de mayo de 1886). Y es que, en un sistema democrático, este derecho atribuye a quienes ostenten su titularidad la potestad de intervenir en la adopción de algunas de las decisiones políticas más relevantes y en la formación de las normas a través de las que se expresa la voluntad popular. En España está contenido en la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG en adelante. 

En España, y en general en Europa, el citado derecho incluye la facultad de no votar, pues la abstención está constitucionalmente amparada; en los países iberoamericanos la libertad de votar a quien uno quiera, así como la de votar en blanco o nulo, se entiende compatible con la obligación de ir a las urnas, contemplándose diferentes sanciones para quienes no voten sin justificación. 

Una cuestión fundamental, y buen termómetro del grado de democratización de un sistema político, es la de a quienes se reconoce este derecho: en España en las elecciones a las Cortes y a los Parlamentos autonómicos pueden votar las personas de nacionalidad española mayores de 18 años. En las elecciones municipales y al Parlamento Europeo también pueden votar personas extranjeras; así, según el artículo 176 LOREG, “gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea… b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España”. Por su parte, según el art. 210, “gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento Europeo todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española: a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea…b) Reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta Ley para los españoles y gocen del derecho de sufragio activo en el Estado miembro de origen”. 

Además, y según el recientemente reformado artículo 3.2 LOREG, y en relación con las personas con alguna discapacidad mental, “toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”. 

Ha de precisarse, en relación con las elecciones municipales, incluidas las elecciones a Cabildos, a Consejos Insulares, al Consejo General del Valle de Arán y a Juntas Generales, que es indispensable para su ejercicio figurar inscrito en el Censo de Españoles Residentes en España; en otras palabras, quienes estén inscritos en el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero no pueden ejercer el sufragio en los citados comicios. 

A modo de preguntas finales, en buena medida retóricas por mi parte, cabe interrogarse sobre si el proceso histórico de reducción de la edad electoral (de 25 a 23 años, de 23 a 21 y de 21 a 18) ha de entenderse concluido o si cabría rebajar la edad para votar, como han hecho algunos países (Austria, Brasil, Argentina…), a los 16 años; también si en un Estado democrático la nacionalidad debe ser un requisito ineludible para votar en elecciones a los Parlamentos nacionales o territoriales o si convendría vincular el sufragio a la residencia continuada en el territorio, de manera que pudieran votar los extranjeros residentes permanentes en todo tipo de elecciones y, correlativamente, no hacerlo los españoles que llevaran un número mínimo de años fuera del país (una y otra cosa están previstas en unos pocos ordenamientos). Finalmente, ¿tiene sentido democrático impedir a los extranjeros no comunitarios votar en las elecciones municipales si no existe un convenio de reciprocidad con su país de origen? ¿Qué responsabilidad tienen un chino o una marroquí residentes en España de que en sus países de origen no haya elecciones o no se permita votar  a los españoles allí residentes? 

Pd. A efectos electorales pero, sobre todo, a efectos de pasarlo bien me permito recomendar la genial película de José Luis Cuerda Amanece, que no es poco, estrenada hace 30 años y que a lo peor hubiera tenido dificultades para exhibirse hoy.

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