¿Puedo promover la creación de una asociación que no admita a gente como yo?

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación prevé, en su artículo 2.5, que “la organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo”, y, según el artículo 7.1.g, los estatutos deben incluir “los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación”. Por su parte, el artículo 11.3 dispone que “la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año”. 

Es de sobra conocido que la exigencia de democracia interna para los partidos políticos, como forma particular de asociación, está prevista en el artículo 6 de la Constitución (CE); lo mismo sucede con los sindicatos y las asociaciones empresariales en el artículo 7, con los colegios profesionales en el artículo 36 y con las organizaciones profesionales en el artículo 52 pero la Constitución en su artículo 22 nada dice sobre tal requisito en relación con las asociaciones en general. Tampoco prevé nada al respecto el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

En mi opinión no se puede configurar la organización interna de las asociaciones de manera que quede desvirtuada la libertad que la Constitución garantiza en ese punto. Por tanto, va en contra del libre desarrollo personal que se reconoce a los titulares del derecho de asociación la imposición de una organización y un funcionamiento democráticos y, más todavía, la exigencia de respeto al pluralismo. El pluralismo se protege, precisamente, a través de la capacidad de creación de nuevas asociaciones, el abandono de las ya existentes, la no obligatoriedad de la integración en una asociación,… 

Aunque no de manera directa esta conclusión parece deducirse de la STC 56/1995, de 6 de marzo, sobre funcionamiento democrático de los partidos políticos, donde se concluye que “el derecho de asociación en partidos políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes públicos en el que sobresale el derecho a la autoorganización sin injerencias públicas; sin embargo, a diferencia de lo que suele suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial posición constitucional, ese derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento” (FJ 3.b). 

En esta línea, la STC 135/2006, de 27 de abril, posterior por tanto a la aprobación de la Ley Orgánica de asociaciones, declara que “si el constituyente quiso que determinadas asociaciones, por la relevancia de la funciones que se les reconocía, hubieran de tener de modo necesario una organización y funcionamiento democráticos, pero no impuso ese principio a cualquier otra asociación surgida del ejercicio del derecho fundamental de asociación, no cabe que el mismo sea establecido por las leyes de las Comunidades Autónomas, pues ello significaría que dichas leyes autonómicas podrían realizar el cometido de excepcionar reglas generales derivadas de la propia Constitución, función que sólo a la ley orgánica le está conferida y que, por lo dicho más atrás, no cabe entender que pueda estar incluida en la competencia autonómica de regulación del ejercicio del derecho” (FJ 5). 

Y es que la configuración constitucional del derecho de asociación incluye la existencia de organizaciones cuyo funcionamiento interno no se ajuste a lo que se consideran principios democráticos (elección de cargos, igualdad de derechos, regla de la mayoría para decidir,…) o que sean abiertamente autoritarias: formaría parte del ámbito de decisión de cada socio, de su libre desarrollo personal en este derecho, la aceptación libre de estas condiciones y la consiguiente facultad de dejar de aceptarlas, abandonando, en su caso, esa asociación. 

En conclusión, pues, las exigencias previstas en los artículos 2.5, 7.1.g y 11.3 de la Ley Orgánica de asociaciones son, a nuestro juicio, inconstitucionales, y esa tacha deriva de la lesión del ámbito de libre desarrollo personal garantizado por ese derecho fundamental. Esta postura contraria a la imposición del funcionamiento democrático a las asociaciones parece clara en la doctrina y jurisprudencia alemanas, donde se rechaza que el Estado pueda imponer un determinado modelo de organización interna, aunque sea democrático. 

Una segunda cuestión que parece de interés a propósito de este derecho es la de si el libre desarrollo ampara la pretensión de una persona de integrarse en una asociación en contra de los criterios o de la voluntad manifestada por los miembros de la misma. Lo que aquí se concluya estará condicionado por lo que se haya dicho a propósito de la exigencia, o no, de funcionamiento democrático y organización plural de las asociaciones. 

En mi opinión no existe tal derecho a ser admitido en una asociación ya existente si se trata de una entidad que no ejerce una función pública ni ocupa una posición privilegiada respecto al ejercicio de determinadas actividades, como sí ocurría, por ejemplo, con la “Comunidad de Pescadores de El Palmar, de Valencia” (ATC 254/2001, de 20 de septiembre). 

Lo que puede hacer, como ya se ha dicho, el aspirante frustrado a socio es promover la creación de otra asociación o tratar de entrar en una tercera, pero, en ningún caso, exigir que se le admita en una donde los integrantes, por la razón que sea, no quieren nuevos socios o a ese concreto aspirante. En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c. Reino Unido, de 27 de febrero de 2007. 

Una versión más técnica y extensa de este texto puede verse en el Comentario a la Constitución Española. Libro-Homenaje a Luis López Guerra. 2 Tomos 40 Aniversario 1978-2018, dirigido por Pablo Pérez Tremps y Alejandro Saiz Arnaiz
y coordinado por Carmen Montesinos Padilla.

 

 

 

 

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