El señor Anatol Mătăsaru es muy conocido en Moldavia por haber promovido numerosas protestas contra presuntos actos de corrupción y abusos cometidos por agentes de la policía, fiscales y jueces; él mismo fue víctima de abusos policiales y malos tratos según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, asunto Mătăsaru y Saviţchi c. Moldavia, de 2 de noviembre de 2010). No es exagerado afirmar que Anatol Mătăsaru había convertido en costumbre organizar, durante las festividades anuales de la fiscalía y los cuerpos de seguridad, concentraciones de protestas con animales (burros, cerdos,…) y caricaturas.
El 29 de enero de 2013, día festivo del cuerpo de fiscales en Moldavia, Mătăsaru se personó frente al edificio de la Fiscalía General con el propósito de llamar la atención de la opinión pública sobre la corrupción y el control ejercido por la clase política sobre dicha Fiscalía. Para ello -véase la foto más abajo- a las 10 de la mañana instaló dos grandes esculturas de madera en la escalinata que conduce a la sede de la Fiscalía General: una simbolizaba un pene erecto con una foto de un importante cargo político en el glande; la otra representaba una vulva enorme con imágenes de varios fiscales de alto rango entre los labios; además infló globos en forma de genitales masculinos y los pegó en varios árboles cercanos. Después de ser entrevistado por numerosos periodistas, a las 11 la policía retiró las esculturas y el señor Mătăsaru fue conducido a una comisaría de policía.
Más adelante fue acusado de vandalismo conforme al artículo 287 del Código Penal moldavo –“deliberate actions grossly violating public order, involving violence or threats of violence or resistance to authorities’ representatives or to other persons who suppress such actions as well as actions that by their content are distinguished by an excessive cynicism or impudence”- y se le condenó a dos años de prisión, aunque la condena quedó en suspenso durante tres años. El tribunal consideró que Mătăsaru había llevado a cabo actos “inmorales” al exponer esculturas “obscenas” en un lugar público donde “cualquiera puede verlas, incluso los niños” y que identificar a funcionarios públicos con órganos genitales iba más allá de los límites aceptables de crítica y no era un acto protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación de Chișinău y por el Tribunal Supremo de Moldavia.
El asunto fue admitido a trámite por el TEDH, que en la sentencia Mătăsaru c. Moldavia, de 15 de enero de 2019, dio la razón al demandante en una resolución que enlaza con la última jurisprudencia sobre la necesidad de proteger, frente a las sanciones penales, los actos de provocación que supongan protestas pacíficas en contra de cargos y empleados públicos en asuntos de interés general.
En sentencias anteriores del TEDH se ampararon expresiones de crítica política exteriorizadas de diferentes formas: así, “la exposición pública de ropa sucia durante un breve periodo cerca del Parlamento, que pretendía reflejar los trapos sucios de la nación”, suponía una forma de expresión política (Tatár y Fáber c. Hungría, de 12 de junio de 2012). Igualmente, verter pintura sobre estatuas de Ataturk como acto de expresión ejecutado para protestar contra el régimen político de la época (Murat Vural c. Turquía, de 21 de octubre de 2014). Retirar una cinta de una corona que había sido colocada por el Presidente de Ucrania en un monumento a un famoso poeta ucraniano el Día de la Independencia, también se contempló por este Tribunal como una forma de expresión política (Shvydka c. Ucrania, de 30 de octubre de 2014)” (p. 202); lo mismo ocurrió con la quema de las fotos del Rey de España (caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 18 de marzo de 2018).
A juicio del TEDH, la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, tiene como objetivo cierto grado de provocación y agitación política, social, cultural… y condenar a quienes promueven y llevan a cabo estas acciones no solo tiene repercusiones negativas en esas personas sino que también supone un efecto desaliento para otras en lo que respecta al ejercicio de su libertad de expresión.
Pd. agradezco al profesor Jacobo Dopico Gómez-Aller el envío de esta sentencia y recomiendo seguir sus comentarios e hilos en Twitter, que tendrían que ser declarados de interés general.
El derecho y el revés 
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