Breves consideraciones jurídicas sobre la expulsión de personas extranjeras condenadas en España.

El 18 de diciembre pasado se hizo pública la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Saber y Boughassal c. España, en el que se dirimió si era compatible con el derecho a la vida privada y familiar garantizada por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) la expulsión de España de los demandantes, nacionales marroquís, a resultas de una condena a un año de prisión en suspenso y a tres años y un día de prisión, respectivamente, por un delito contra la salud pública, a saber, el tráfico de drogas. 

En un contexto social y político en el que se apela, sin muchos matices, a la expulsión de personas extranjeras sin permiso de residencia en España -una infracción administrativa, no penal- esta sentencia adquiere especial valor porque nos recuerda, una vez más, que la expulsión está sujeta a una serie de requisitos y los mismos deben de ser tenidos en cuenta en cada caso concreto. 

Como es conocido, es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social la que contempla la medida de expulsión: el extenso artículo 57 dispone (lo reproducimos parcialmente) que “1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. 2. Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados…” 

Pues bien, ya en la sentencia del Tribunal Constitucional 186/2013, de 4 de noviembre, se recordó que el derecho a la vida familiar debería ser tomado en consideración por los tribunales administrativos al aplicar el artículo 57.2 de la Ley de extranjería para determinar si una orden de expulsión es proporcionada o no en relación con las circunstancias particulares del caso, incluido especialmente el sacrificio que supone con respecto a la vida familiar. Y el propio Gobierno español -G.V.A. c. España (acuerdo amistoso de 17 de marzo de 2015)- se remitió a esta sentencia del Tribunal Constitucional para argumentar que “en el futuro la interpretación del artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000,…, se realizará puesta en relación con los criterios que recoge el artículo 57.5.b) de la misma Ley Orgánica, en conformidad con el artículo 8 del Convenio y se tutelará de manera efectiva por la jurisdicción ordinaria, por haberlo así ordenado el Tribunal Constitucional en su sentencia 186/2013”. 

En la misma línea, la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración establece, en lo que aquí interesa (artículo 12) que “Los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública. 2. La decisión a que se refiere el apartado 1 no podrá justificarse por razones de orden económico. 3. Antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración los elementos siguientes: a) la duración de la residencia en el territorio; b) la edad de la persona implicada; c) las consecuencias para él y para los miembros de su familia; d) los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen…” y, en la sentencia de 7 de diciembre de 2017 en el asunto C-636/16 (Wilber López Pastuzano c. Delegación del Gobierno en Navarra), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclaró que no podía adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un tercer Estado, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a un año. Para el TJUE, la adopción de tal medida requería una valoración caso por caso que debería recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados en el apartado 3 del artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE. 

Y volviendo al TEDH, insiste, en la sentencia que resumimos, que para valorar si una orden de expulsión y/o de prohibición de reentrada en el territorio es necesaria en una sociedad democrática y proporcionada a la finalidad legítima perseguida en virtud del artículo 8 § 2 del Convenio, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios, ya apuntados en sentencias anteriores (Üner c. Países Bajos y Maslov c. Austria): 

– la duración de la estancia de la persona en el país del cual va a ser expulsada; 

– el período de tiempo transcurrido desde la infracción, y el comportamiento del demandante durante ese período; 

– la nacionalidad de las distintas personas afectadas; 

– la situación familiar del demandante y, en su caso, la duración de su matrimonio en particular, así como otros factores que demuestren la efectividad de la vida familiar en el seno de la pareja; 

– si el cónyuge tenía conocimiento del delito en el momento en que se creó la relación familiar; 

– si los hijos son fruto del matrimonio y, en caso afirmativo, su edad; 

– la gravedad de las dificultades con las que el cónyuge pueda toparse en el país al que el demandante vaya a ser deportado; 

– el interés y el bienestar de los hijos, en particular la gravedad de las dificultades con las que se puedan topar los hijos del demandante en el país al que se va a expulsar al interesado; y 

– la solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares con el país anfitrión y el país de destino. 

Y, en particular, en el caso de un inmigrante de larga duración que haya pasado la mayor parte, si no la integridad, de su infancia y juventud legalmente en el país de acogida, deben alegarse razones muy sólidas para justificar la expulsión. 

Pues bien, en el caso concreto que se analizó en esta STEDH, el TEDH recuerda que la naturaleza y la gravedad de la infracción cometida por el extranjero es sólo uno de los criterios que deben ser ponderados por las autoridades nacionales al valorar la necesidad de una orden de expulsión y, como la Administración y los Tribunales españoles no tuvieron en cuenta los demás criterios establecidos en nuestra legislación y que están consolidados jurisprudencialmente, condena, por unanimidad, a España por violación del artículo 8 del CEDH. 

Así, pues, debería quedar claro, incluso para los alérgicos a las exigencias propias de un Estado de Derecho, que no caben expulsiones indiscriminadas ni desconectadas de las circunstancias de la persona concreta y de su vida privada y familiar.

 

 

 

3 comentarios en “Breves consideraciones jurídicas sobre la expulsión de personas extranjeras condenadas en España.

  1. Estoy seguro de que usted conoce la realidad de las expulsiones y de su impugnación judicial. ¿No le parece que todo esto del TEDH es demasiado pedir para los 5-8 minutos de media que dura la vista de un contencioso sobre expulsión de un extranjero, sin otra prueba que el expediente administrativo, si es que llega a tiempo?

    • Es que lo que hace el TEDH es recordarle al Estado español cómo deben proceder sus autoridades administrativas y judiciales en estos casos; entre otras cosas, que los contenciosos, como usted dice, no duren entre 5 y 8 minutos. En suma, me parece que es pedir lo que corresponde.

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