El Tribunal Supremo, el sujeto pasivo del impuesto sobre las hipotecas y el gato de Schrödinger

Acaba de conocerse que el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido por mayoría de 15 votos frente a 13 que es el cliente el que debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados que grava la constitución de las  hipotecas; oficialmente lo único que se conoce hasta ahora es la nota informativa oficial donde se nos dice que “El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días”.

Hay que recordar, en primer lugar, que este acuerdo de la Sala Tercera se ha adoptado al amparo de lo previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual “1. Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio. 2. Formarán parte de este Pleno todos los Magistrados de la Sala correspondiente que por reparto conozcan de la materia en la que la discrepancia se hubiera puesto de manifiesto. 3. En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado”.

De acuerdo con esta previsión, el Presidente de la Sala Tercera estaba legitimado para convocar el Pleno, dado que se habían dictado resoluciones diversas sobre un asunto en esencial igual por parte de varias secciones de dicha Sala pero resultó absolutamente improcedente que apelara, con un criterio más político y/o económico que técnico, a la “enorme repercusión económica y social” del nuevo criterio adoptado por la Sección Segunda que resolvió, los días 16 y 22 de octubre, que el ITP-AJD debía asumirlo la entidad bancaria y no el prestatario.

Debe recordarse, en segundo lugar, que dicha Sección Segunda acordó, entre otras cosas, “anular el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por cuanto que la expresión que contiene (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”) es contraria a la ley”. Previamente había concluido que “el artículo 68.2 del reglamento, por tanto, no tiene el carácter interpretativo o aclaratorio que le otorga la jurisprudencia que ahora modificamos, sino que constituye un evidente exceso reglamentario que hace ilegal la previsión contenida en el mismo, ilegalidad que debemos declarar en la presente sentencia conforme dispone el artículo 27.3 de la Ley de esta Jurisdicción” (“el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma”).

Esta sentencia, donde se declaró que el artículo 68.2 del Real Decreto 828/1995 había quedado anulado, es firme y el Acuerdo del Pleno ahora conocido no es una suerte de recurso de revisión, por lo que no cabría entender que el citado artículo 68.2 siga vigente y pueda ser invocado de nuevo para interpretar que la obligación de pago es de los prestatarios.

Lo que el Acuerdo del Pleno concluye es que las Secciones de la Sala Tercera en lo sucesivo deberían desestimar los recursos planteados contra las decisiones de Tribunales inferiores que hayan resuelto que el tributo deben pagarlo los prestatarios pero, primero, esta vuelta atrás no afectaría al caso ya juzgado y resuelto por la Sección Segunda y, segundo, no debe olvidarse que la LOPJ garantiza la independencia y capacidad de las Secciones para apartarse del criterio del Pleno si lo hacen de manera motivada. Para evitar esta situación tendría que haber sido el Pleno de la Sala Tercera el que juzgara el caso decidido por la Sección Segunda o que se promueva por los legitimados para ello un cambio normativo que aclare la cuestión.

De momento es posible que este Acuerdo, tan polémico, no haya hecho sino crear una nueva versión de la famosa paradoja del gato de Schrödinger y antes de abrir la caja de cada sentencia no sabremos si el impuesto deben pagarlo los hipotecados o los bancos. Según el experimento de Erwin Schrödinger el proceso de tránsito de la realidad cuántica a nuestra realidad clásica se llama decoherencia, responsable de que veamos el mundo tal y como lo conocemos, un mundo en el que, valga la expresión coloquial, el Tribunal Supremo se acaba de dejar muchos pelos en la gatera.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.