“La libertad de expresión en el Estado constitucional” (resumen de las jornadas celebradas en Sevilla los días 17 y 18 de octubre).

La libertad de expresión en el Estado constitucional” es el título del encuentro que tuvo lugar en Sevilla los días 16 y 17 de octubre de 2018 organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla y, en el plano  académico, por los profesores Irene Spigno y Víctor Vázquez. En las líneas siguientes intentaré resumir en pocas palabras lo que allí se dijo, sin más pretensión que anticipar el esquema de un libro que se publicará en 2019 y mostrar mi agradecimiento a quienes hicieron el tremendo esfuerzo de convocarnos allí a 20 profesores: Miguel Revenga, de la Universidad de Cádiz; Ana Valero, de la Universidad de Castilla-La Mancha;  Miguel Presno, de la Universidad de Oviedo; Fernando Rey, de la Universidad de Valladolid; Lucia Alonso, de la Universidad Loyola; Andrés Boix y Gabriel Doménech, de la Universidad de Valencia; Barlolomé Clavero, Juan Antonio Carrillo, Miryam Rodríguez, Emilio Guichot, Víctor Vázquez, Joaquín Urías y Fernando Álvarez-Ossorio, de la Universidad de Sevilla; Marc Carrillo, de la Universidad Pompeu Fabra; Corrado Caruso, de la Universidad de Bolonia; Fernando Pérez, de la Universidad de Huelva; Germán Teruel, de la Universidad de Murcia, y Luis Efrén Ríos Vega e Irene Spigno, de la AIDH.

Abrió las intervenciones el profesor Bartolomé Clavero con una conferencia titulada “Ecología de la libertad de expresión: USA-1791, Alemania-1949, España-1978”, donde señaló que en Estados Unidos sirvió, a partir ya de la Declaración de Independencia, para promocionar la idea de comunidad -una comunidad nada plural, por otra parte- y la de control del poder; en Alemania nos encontramos ante una “ecología de la desnazificación”, que ampara el rechazo de la negación del Holocausto, mientras que en España la Dictadura es, más bien, una cuestión histórica en la que no entra el Derecho, que ampara el “negacionismo”.

En la Mesa 1 los profesores Revenga y Ríos Vega analizaron la libertad de expresión en las democracias militantes; el primero sostuvo que habría que abandonar el concepto de democracia militante para ocuparse de la libertad de expresión, pues todas las democracias son de una u otra manera “militantes” al seleccionar las expresiones más o menos respetables; Luis Efrén Ríos señaló que hay que tener especialmente en cuenta tres principios: el de la autodefensa, el de la tolerancia y el de la no criminalización, y se ocupó del caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España.

En la Mesa 2 participamos la profesora Ana Valero y yo centrándonos en el concepto constitucional de discurso de odio; Ana Valero (aquí puede verse un comentario de la autora) analizó el caso Savva Terentyev c. Rusia, donde el TEDH menciona de manera expresa la doctrina del “clear and present danger” y la no aplicación del concepto de grupo vulnerable al que, como las fuerzas de seguridad, evidentemente no lo es; por mi parte, me centré en diferenciar entre el odio como discurso, el discurso del odio y el odio como delito (aquí con más detalle).

La Mesa 3, compuesta por los profesores Lucía Alonso y Fernando Rey, se centró en el concepto constitucional de discurso discriminatorio; Lucía Alonso analizó el caso Vejdeland y otros c. Suecia e insistió en la necesidad de que la tutela de los grupos frente al discurso del odio se aplique a los grupos que realmente estén en situación de vulnerabilidad; Fernando Rey criticó la aplicación del discurso del odio al “discurso irritante”, defendió un derecho penal mínimo en la materia y consideró que el discurso del odio debe entenderse como discurso discriminatorio.

En la Mesa 4 -libertad de expresión y nuevas tecnologías- intervinieron los profesores Andrés Boix y Miryam Rodríguez-Izquierdo; el primero defendió que el tratamiento de la libertad de expresión en Internet y las redes sociales debe ser, en esencia, igual al que recibe en el mundo no virtual y advirtió del peligro de administrativizar el control del ejercicio de este derecho fundamental; Miryam Rodríguez se ocupó de la judicialización civil y penal de los asuntos sobre libertad de expresión, poniendo el acento en la existencia de nuevos posibles “autores” de infracciones (los prestadores de servicios electrónicos) y aludió a la “doctrina de la consecuencia natural” de lo que uno publica y puede afectar a su intimidad o propia imagen.

La Mesa 5, sobre libertad de información y derecho al olvido, la desarrollaron los profesores Emilio Guichot y Marc Carrillo; el primero aclaró varios conceptos en materia de protección de datos y comentó diversas sentencias, entre ellas el conocido asunto Google Spain, S.L. y Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Gran Sala- de 13 de mayo de 2014), donde se aborda la responsabilidad diferenciada de buscadores y editores y la influencia del paso del tiempo en el interés público de las informaciones; el profesor Carrillo también se ocupó de ese caso y de derivada que supuso en España la STC 58/2018, señalando la nueva planta del derecho al olvido y sus ventajas -la protección frente al conocimiento permanente- e inconvenientes (reescribir la historia, censura retroactiva…).

En la Mesa 6 sobre libertad de expresión y discurso público el profesor Víctor Vázquez comentó con detalle dos casos muy interesantes, el primero del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, de 2015, sobre si en las matrículas de los coches se puede colocar a voluntad del propietario una bandera confederada o si se trata de un espacio donde el Gobierno puede limitar la expresión de ideas que no quiera compartir; el segundo caso la sentencia en la que la juez federal Naomi Reice Buchwald declaró que es contraria a la Constitución la práctica de bloquear el acceso a la cuenta en Twitter del presidente Donald Trump.

La Mesa 7 estuvo dedicada a la libertad de información y las fake news e intervinieron Joaquín Urías y Gabriel Domènech; Joaquín Urías cuestionó el sentido actual del derecho de rectificación, defendió el valor expresivo del lenguaje de mal gusto y analizó el origen, desarrollo y alcance jurídico de las fake news. Por su parte, el profesor Domènech se ocupó de la novedad que supone el control y sanción de las conductas expresivas por parte de las Administraciones Públicas y se preguntó en qué se puede fundamentar la presunción de la que Administración está en mejores condiciones para proteger los bienes que puedan lesionar esas conductas expresivas.

La Mesa 8 se centró en la blasfemia y homofobia; de la primera habló  Fernando Pérez a propósito de la sentencia del TEDH Sekmadienis Ltd. v. Lituania, en el que se juzgó la utilización de las imágenes de Jesucristo y de la Virgen María con fines comerciales y publicitarios. Para el Tribunal los anuncios no parecían ofensivos ni incitaban al rechazo o al odio por motivos religiosos y recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual la libertad de expresión ampara también las ideas que ofenden, incomodan o molestan y que, incluso, si la mayoría de las personas en Lituania se hubieran sentido ofendidas por los anuncios -como argumentó el gobierno lituano- los derechos garantizados por el Convenio a una minoría no pueden depender de su aceptación por la mayoría. Irene Spigno analizó la homofobia mencionando también el caso Vejdeland y otros c. Suecia y concluyó que no procede diferenciar entre el rechazo del odio racial o religioso, rechazado por el TEDH en numerosas ocasiones, y el odio por razón de orientación sexual.

En la Mesa 9, sobre el negacionismo, hablaron los profesores Caruso, Teruel y Álvarez-Ossorio; el primero, además de citar diversa jurisprudencia estatal e internacional, defendió la neutralidad desde el punto de vista penal, la interpretación estricta de los límites a la libertad de expresión y la promoción de mecanismos públicos de intervención igualitaria; el profesor Teruel se ocupó con detalle de la STC 235/2007 donde se sostiene que el mero negacionismo no puede ser criminalizado; el profesor Teruel insistió en que discurso del odio y negacionismo son categorías diferentes y que la represión de un discurso exige que se haya generado una lesión efectiva, un daño. Por su parte, el profesor Álvarez-Ossorio explicó con detalle el asunto Perinçek c. Suiza, de 2015, donde se avaló la negación del genocidio armenio, lo que, de hecho, es tanto como negar jurisdiccionalmente la existencia de dicho genocidio, del que no hay reconocimiento jurisdiccional internacional ni ha sido aceptado por Turquía.

Finalmente, las jornadas fueron clausuradas por Juan Antonio Carrillo Donaire que también comentó la STC 58/2018 sobre derecho al olvido;  compartiendo el resultado se mostró crítico porque el TC perdió la oportunidad de aclarar la responsabilidad de los motores de búsqueda.

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