Fútbol y proceso penal.

En su conocido libro ¿Por qué castigar? Razones por las que merece la pena la pena, el profesor Winfried Hassemer explica que “con el Derecho penal pasa un poco como con el fútbol. Para muchos de nosotros, aunque apenas reflexionemos sobre ello, ambas cosas pertenecen a nuestra vida cotidiana. Casi todos tenemos una cierta idea de qué van, cuáles son sus reglas y qué es lo que importa… Tanto cuando se trata de fútbol, como cuando se trata del castigo, la mayoría tenemos una firme opinión sobre qué es lo que debe ser penalizado, sea por el árbitro del partido, sea por el juez de un proceso… Tanto en el fútbol, como en el Derecho penal, nos mostramos inclinados a emitir juicios rápidos y contundentes, y a menudo nuestros sentimientos son fuertes y claros…”

Ni el texto de Hassemer ni, por supuesto, estas líneas pretenden frivolizar o banalizar los tremendos episodios personales, familiares y sociales a los que en no pocas ocasiones se acaba aplicando el Derecho penal; tampoco se trata de sobrevalorar la importancia, por otra parte bien conocida, que tienen los deportes de masas, y el fútbol en particular, en la sociedad globalizada del siglo XXI. Si hablamos conjuntamente de Derecho penal y fútbol es porque, como bien explica Hassemer, ambos fenómenos “han conseguido un gran éxito: los partidos de fútbol han dado lugar al poder de la televisión y las crónicas judiciales se han convertido en un medio configurador de la opinión pública”; además en los dos casos se produce una mezcla de conocimiento experto y de emotividad y ello puede suponer, “tanto para el árbitro de fútbol, como para el juez penal, una carga, incluso muy pesada”.

Para aliviar dicha carga tanto en el fútbol como en el Derecho se acude cada vez más a la tecnología: así, en el ámbito judicial se emplean herramientas audiovisuales, tanto en forma de pruebas (grabaciones telefónicas, de videocámaras,…), como para facilitar la revisión de los juicios en los casos en los que se presenten recursos. Podría, pues, pensarse que en un futuro próximo se reducirán los errores en el ámbito judicial o, cuando menos, será más fácil detectarlos y, en su caso, corregirlos.

Por lo que respecta al fútbol, es mucho más reciente la aplicación en el mejor escenario posible -la Copa del Mundo celebrada en Rusia del 15 de junio al 15 de julio de 2018- del VAR (video assistant referee), dispositivo aprobado por la FIFA en 2016 y que pretende evitar los errores humanos que pueden condicionar el resultado de un partido de fútbol. No se aspira a eliminar todas las equivocaciones posibles sino, al menos de momento, a solventar los equívocos que se pueden producir en cuatro concretas acciones: goles, penaltis, expulsiones directas y confusión en la identidad de jugadores amonestados. A la espera de análisis más especializados y profundos, parece indiscutible que esta tecnología contribuye a que el resultado sea “más justo”, incluso a que el enjuiciamiento de ciertos lances, como el fuera de juego, sea poco menos que perfecto.

Pero no parece que, ni siquiera con toda esta tecnología, vaya a desaparecer del todo la polémica ni en el mundo del fútbol ni, por supuesto, en el muchísimo más complejo ámbito de los procesos penales. Entre los diferentes motivos cabe señalar, en el primer caso, la dificultad que plantea dilucidar si ha habido intencionalidad, o no, en una determinada acción o lance del juego; en el segundo, además de la obvia ausencia de grabaciones orales o visuales en la gran mayoría de los casos, cabe apuntar, a modo de meros ejemplos, la difícilmente evitable “imprecisión” que acompaña la redacción de un buen número de normas y que plantea, por tanto, la necesidad de interpretar su alcance y si una determinada acción se corresponde con lo allí descrito; incluso si la norma está escrita con gran rigor y precisión habrá que valorar si “realmente” nos encontramos ante un hecho “típico”; si, en su caso, existe alguna causa de exclusión o atenuación de la responsabilidad…

Por estos y otros motivos, en la recién inaugurada temporada futbolística y en el curso judicial a punto de comenzar seguirá habiendo mucha polémica, con abundancia de juicios precipitados, cuando no de prejuicios, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las cada vez más presentes redes sociales. Y por eso es importante que quienes arbitran partidos y quienes dirimen procesos penales no se dejen impresionar ni, mucho menos, presionar por comentarios, editoriales, reportajes, corrientes de opinión, hastags, bulos,… También es muy relevante que dichos juzgadores sepan aceptar con deportividad las críticas, incluidas las que les puedan molestar u ofender, pues, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’” (asunto Handyside c. Reino Unido, de 29 de abril de 1976, párrafo 49) y si quienes juzgan un proceso penal se sienten especialmente incomprendidos que piensen en los que, incluso con la reciente ayuda del VAR, se someten cada fin de semana al escrutinio inmediato e implacable de millones de personas que se consideran igual de expertas y no menos capacitadas para desempeñar una compleja y, aparentemente, ingrata tarea. Como decía Eduardo Galeano en El fútbol a sol y sombra, “a veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias. Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores”.

Postdata: en el próximo número de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho se publicará un texto en el que se desarrollan las consideraciones precedentes en relación con la polémica social y jurídica que suscitó el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso “la manada! y  ello para abordar dos cuestiones: la legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente en los procesos penales, cuando se pronuncia un fallo que provoca rechazo social y, en segundo término, la carga que suponen para los órganos judiciales que deben dictar una sentencia en un determinado asunto las opiniones, expertas y/o emotivas, vertidas en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales y, relacionado con ello, el nivel de crítica que cabe ejercer sobre una resolución judicial de la que se discrepa.

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