Acaba de anunciarse la renuncia de Anthony Kennedy, uno de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y eso implica que se asistirá en los próximos meses a uno de los acontecimientos más relevantes que ofrece el panorama político-constitucional norteamericano: el proceso para nombrar a la persona que lo sustituya en, coloquialmente, SCOTUS (Supreme Court of The United States).
Hay que recordar, en primer término, que el número de jueces de ese Tribunal varió inicialmente: el Congreso lo fijó en 6 en 1789, lo redujo a 5 en 1801, volvió a 6 en 1802 y, desde 1869, se ha fijado en 9, de los cuales el Chief Justice ocupa la presidencia. Puede conocerse el listado completo de jueces desde 1789 en la propia página del Tribunal Supremo.
Los nombramientos se hacen a propuesta del Presidente y con el voto favorable de la mayoría del Senado, luego de una comparecencia (hearing) que puede desarrollarse a lo largo de varias jornadas de gran intensidad y que obliga a las personas aspirantes a responder a decenas de cuestiones como las que, por mencionar un ejemplo, le plantearon a la hoy Associate Justice Elena Kagan cuando compareció en 2010 ante el Senado norteamericano: su opinión sobre la constitucionalidad del aborto, la del matrimonio homosexual, la de la pena de muerte, tanto con carácter general como sobre la forma de aplicación, así como su eventual imposición a menores de edad; sobre el derecho a portar armas, sobre el empleo del derecho extranjero en la interpretación del derecho nacional, respecto a los derechos de los detenidos en Bagram, si reconocía la Constitución el derecho a un nivel mínimo de bienestar, si resultaba compatible con la Constitución la obscenidad, si se podían alegar motivos religiosos para no participar en la práctica de abortos, qué opinaba de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Boumediene v. Bush, de 12 de junio de 2008 (detenidos en Guantánamo), sobre el caso Washington v. Glucksberg, de 26 de junio de 1997 (eutanasia),…
El cargo es, en principio, de carácter vitalicio, salvo renuncia, como acaba de hacer Kennedy, o destitución a través de un proceso de impeachment aprobado por el Congreso, cosa que no ha ocurrido nunca, aunque hubo algunos intentos: en 1805 contra Samuel Chase y, mucho más tarde, un amago con Abe Fortas, que acabó presentando la renuncia, y otro con Willam Douglas. Ese carácter vitalicio propicia que la trascendencia de los nombramientos se prolongue mucho más allá del mandato del Presidente que los promovió. Así, Kennedy lo fue por Ronald Regan y ha ejercido su cargo desde 1987. Y no es fácil que un Presidente, como ahora Trump, tenga la posibilidad de proponer, en muy poco tiempo, a dos candidatos para el Supremo.
Pero la relevancia política de estas nominaciones no es nueva y se puede remontar a los primeros nombramientos de finales del siglo XVIII y principios del XIX; así, uno de los asuntos más relevantes en la historia de la jurisdicción constitucional, y que trasciende al sistema norteamericano, es el bien conocido caso Marbury v. Madison, que data de 1803, que tuvo su origen en el nombramiento apresurado de varios cargos judiciales por el Presidente Adams momentos antes del final de su mandato; no en vano se les llamó “los jueces de medianoche”. Y es que, como señaló bien pronto Alexis de Tocqueville, “en los Estados Unidos no hay casi ninguna cuestión política que no se convierta, tarde o temprano, en una cuestión jurisdiccional”.
El relieve de la composición y de las funciones del Tribunal Supremo norteamericano no se evidencia únicamente en las batallas políticas, sociales y académicas que suelen rodear el nombramiento de nuevos magistrados, sino también en el interés público con el que siguen los casos que llegan al Alto Tribunal y la expectación que rodea la resolución de los casos, que son objeto de especial seguimiento por los medios de comunicación; pueden recordarse, por mencionar alguno de los últimos ejemplos, las sentencias sobre la reforma del sistema sanitario, de 2012, –el llamado Obamacare-, y la más reciente, de 26 de junio de 2015, relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los jueces del Tribunal Supremo cuentan con la asistencia de letrados o law clerks, algunos de los cuales luego han sido a su vez jueces del alto tribunal, incluso Chief Justice: Byron White lo fue de Vinson, John Paul Stevens de Rutledge, William Rehnquist de Jackson, Stephen Breyer de Goldberg, John Roberts de Rehnquist y Elena Kagan de Marshall. Sobre su creciente influencia y el papel cada vez mayor en la elaboración de las sentencias se ha venido discutiendo en los últimos años, hasta el punto de atribuir a esa circunstancia un cierto declive del propio Tribunal.
Aunque no he venido aquí para hablar de mi libro, me permito recordar que el proceso que ahora se avecina está descrito magistralmente, valga la redundancia, en la serie The West Wing, que, en varios episodios, recoge distintas fases de dicho proceso. Uno de esos episodios se titula, no por casualidad, Short List, expresión que aparece hoy ya en los medios de comunicación y que es utilizada con frecuencia en los ámbitos político y periodístico de Estados Unidos para referirse al reducido número de personas que aparecen con posibilidades de ser propuestas para un determinado cargo. El Presidente Bartlet le dice a uno de los «candidatos»: “You were not the first choice. But you are the last one and the right one”.
El derecho y el revés 