Gente modesta haciendo cosas grandes (III): Oliver y Linda Brown (et alii).

Se acaba de hacer pública la noticia del fallecimiento de Linda Brown en Topeka (Kansas). Fue su padre, Oliver, el que, con otros, y ante el rechazo a la escolarización de su hija, en 1950, en la Summer School de Topeka, acudió a los tribunales y, finalmente, llegó al Tribunal Supremo, que dictó la, quizá, más famosa sentencia del siglo XX en Estados Unidos: Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al.

Linda Brown rememoró en una entrevista el día en que su padre intentó inscribirla en la Summer School: «It was a bright, sunny day and we walked briskly, and I remember getting to these great big steps,” she said. “I remember the steps being so big and I was so small.”

The school told her father no, she could not be enrolled.

“I could tell something was wrong, and he came out and took me by the hand and we walked back home,” she said of her father. “We walked even more briskly, and I could feel the tension being transferred from his hand to mine.”

En el plano jurídico-constitucional, hay que recordar que en 1896 el Tribunal Supremo de Estados Unidos (caso Plessy vs. Fergusson) había analizado si una Ley de Luisiana que establecía en los trenes vagones separados para negros y blancos era constitucional. El Tribunal admitió su validez pues se garantizaba un servicio similar para una y otra raza –“separados pero iguales”- y rechazó que los prejuicios sociales se superaran promulgando leyes y mezclando razas: la igualdad es “el resultado de afinidades naturales, del reconocimiento de los méritos de cada uno y del libre albedrío de las personas”.

Pues bien, la doctrina “separados pero iguales” fue revocada por unanimidad por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1954 en el histórico caso Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al.donde se juzgó la separación racial en las escuelas. Y el Tribunal aquí no se basó en una comparación punto por punto entre las escuelas para blancos y para negros sino que examinó los efectos de la segregación, en sí misma considerada, sobre la educación pública y ello para determinar si con ella se privaba a los demandantes de la protección equitativa. Dijo entonces el Tribunal que la educación era probablemente la función más importante de la Administración y valoró su importancia en una sociedad democrática como el fundamento básico de una auténtica ciudadanía pues representa el principal instrumento para despertar los valores culturales, para el aprendizaje profesional y para adaptarse con normalidad al medio en el que las personas viven.

Y se preguntó el Tribunal si era discriminatorio segregar a los niños por razas aunque los medios materiales fueran equivalentes. Su respuesta fue que en la enseñanza no tiene cabida la doctrina “separados pero iguales” pues es intrínsecamente desigualitaria.

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