Sobre el Auto del Tribunal Constitucional que resuelve, aunque no de manera definitiva, la impugnación por el Gobierno de la propuesta de investidura de Carles Puigdemont (entrada en construcción).

Creo que no exagero si digo que el Tribunal Constitucional ha dictado hoy una de las resoluciones más esperadas de toda su historia: el Auto en el que se ha pronunciado, aunque no de manera definitiva, sobre la impugnación por el Gobierno de la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña por la que se propone la investidura del diputado Carles Puigdemont como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

A continuación escribo unas apuradas, breves y, como siempre, discutibles y cuestionables reflexiones sobre dicho Auto, recordando que el lema de este blog es, parafraseando a Albert Camus, contribuir al debate jurídico con personas que no estén seguras de tener razón.

El asunto llega al Tribunal por la vía del Título V de su Ley Orgánica, que lleva por rúbrica “De la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución”.

En palabras del Tribunal, se tiene “por promovido (sic) por el Gobierno de la Nación y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña nº 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña nº 6, de 26 de enero de 2018”.

En el Auto, el Tribunal no resuelve la impugnación sino que da un plazo de 10 días para que el Gobierno de la Nación, el Parlamento de Cataluña y las partes personadas  aleguen lo que consideren conveniente sobre su admisibilidad. En mi modesta y apresurada opinión, en principio, y a salvo de otra opción que se mencionará al final, aquí podría acabar el Auto. Sin embargo, a continuación se acuerdan unas importantes medidas cautelares sin mencionar por quién han sido pedidas, en qué precepto legal encuentran fundamento ni la conexión que pueden tener varias de ellas con las resoluciones que han sido impugnadas:

“(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.

(b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

(c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”.

Cabe recordar que la LOTC prevé (artículo 80) que “se aplicarán, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, recusación y abstención, publicidad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y desistimiento, lengua oficial y policía de estrados. En materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la presente Ley, los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA)”.

Se podría pensar, entonces, que la LJCA ampararía la adopción de medidas cautelares previstas en sus artículos 129 y siguientes pero no acabo de ver en qué garantizan las medidas adoptadas la resolución del Auto, que es dar 10 días de plazo para alegaciones sobre la admisibilidad del recurso. Además, la LJCA exige, primero, que las medidas las pidan “los interesados” -¿las pidió el Gobierno? El Auto nada dice- y, segundo, se escuche a la otra parte, algo que no ha ocurrido. 

Al respecto, cabe recordar que la LOTC contempla (artículo 56) que “en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite”, pero tal previsión se refiere a los recursos de amparo y no a los recursos como el que aquí se sustancia.

Por si fuera poco, el Auto acuerda medidas cautelares relativas a la imposibilidad de votaciones telemáticas, por sustitución o delegación, cuestiones, salvo error por mi parte, no incluidas en las resoluciones del Presidente del Parlament de 23 y 25 de enero que se impugnan por el Gobierno, y prevé, de manera expeditiva, “declarar radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución”.

Me parece que, en términos constitucionales y procesales, lo adecuado hubiera sido resolver hoy mismo, y en este Auto, sobre la admisión, o no, del recurso. Eso era lo que, según se recoge en la resolución, se le pedía al Tribunal. Y sobre eso se pronunció, se comparta o no su respuesta, el Consejo de Estado.

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3 pensamientos en “Sobre el Auto del Tribunal Constitucional que resuelve, aunque no de manera definitiva, la impugnación por el Gobierno de la propuesta de investidura de Carles Puigdemont (entrada en construcción).

  1. Entiendo que estas en lo cierto:

    El art. 9.1 de nuestra Constitución, dispone que el “poder publico -del Tribunal Constitucional- esta sujeto a la Constitución y resto del ordenamiento jurídico…”

    Salvo en materia de firma de Tratados (art. 95.2) no se pueden hacer ni convertir al Tribunal Constitucional en un “órgano consultivo” nuevo, que resuelva las “dudas” del resto de poderes y órganos constitucionales. No se puede crear un “recurso de alzada” contra las decisiones del Consejo de Estado, ni resolver el Tribunal Constitucional, fuera del principio de contradicción y pronunciarse sobre algo no solicitado por las partes.

    La justicia cautelar, parte del principio general, de que según el art. 721 LEC es “necesaria para su adopción, que sea a instancia de parte” y con claridad se dice que “las medidas cautelares, no podrán ser acordadas de oficio por el Tribunal….” incluso cuando se adoptan por la vía urgente del art. 135 LJCA, se requiere que la parte interesada alegue estas circunstancias….

    Por ultimo, al afectar estas decisiones unilaterales del Tribunal al proceso y al ser acordadas de oficio, y sin promover antes un incidente, donde las partes (como mínimo el Fiscal ante el TC) se pronuncien sobre “la tesis” del Tribunal, considero que estamos ante un exceso de jurisdicción, donde se aparta de la causa de pedir y con incongruencia extra petita, resuelve sin respetar el procedimiento debido, invadiendo ademas la competencias de otros órganos constitucionales (Parlamento de Cataluña y TS).

    Se hace ademas, sin argumentar en que norma vigente, se fundamenta su decisión, que por afectar esta, a derechos fundamentales (del candidato y de los grupos parlamentarios y de los miles de votantes) necesita sustento en (art. 53.1 CE) una Ley Orgánica, para distinguirla de una mera decisión de un órgano constitucional.

    Siempre con el objeto (didáctico al menos) de que todos los operadores jurídicos, podamos discernir, de que no estamos ante una “decisión política, de un órgano colegiado” donde todas las opciones son posibles, o bien si realmente, es esta, una autentica decisión “jurídica” poder diferenciar, si es una decisión voluntarista y arbitraria de un pseudo-órgano consultivo bis, o estamos realmente ante una sentencia (discutible, como todas) que resuelve un conflicto, según el derecho vigente y por el procedimiento establecido por un Tribunal imparcial e independiente.

    El abuso de acudir al TC, para que resuelva cuestiones políticas, la excesiva exposición y la nula argumentación -sin fisuras- que ofrece como respuesta, esta a mi juicio, desacreditando este organo, quizás el objetivo final, sea propiciar su desaparición como Institución y reducir esta garantía…. por ahi vamos….

  2. Pingback: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA: INVESTIDURA SUSPENDIDA…….O NO. | MONSIEUR DE VILLEFORT

  3. Pingback: Sobre el Auto del Tribunal Constitucional que resuelve, aunque no de manera definitiva, la impugnación por el Gobierno de la propuesta de investidura de Carles Puigdemont . — El derecho y el revés | RacioZinando

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