Bromas y veras en el cine jurídico (I): Relatos salvajes.

 Como en años anteriores, el periodista Arturo Téllez, que conduce el programa Julia en la Onda los últimos días de julio y el mes de agosto (Jelo en verano), me ha invitado a colaborar con una breve sección semanal sobre cine y derecho. Este año se emite los lunes sobre las 16.30 y se titula Bromas y veras en el cine jurídico, parafraseando la obra del jurista Rudolf von Ihering “Bromas y veras en la ciencia jurídica“. A lo largo de cinco semanas comentaremos una película de tono humorístico que incluya algún fragmento con un contenido jurídico, no necesariamente premeditado. 

La primera escena que comentamos en el primer programa (puede escucharse a partir del minuto 32) forma parte de Relatos salvajes, película argentina de 2014 escrita y dirigida por Damián Szifron y que consta de seis historias protagonizadas por Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese, Darío Grandinetti… La película fue seleccionada para la Palma de Oro de Cannes, estuvo nominada en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la 87.ª edición de los Óscar y a 9 Premios Goya. 

En palabras del director, la conexión temática de los relatos se refiere a la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control;​ una serie de relatos que “toma situaciones conflictivas de la cotidianeidad, esas a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas”. 

En el plano jurídico, esta escena nos sirve para comentar, al menos, tres cosas: 

Primera: las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos para comunicarse o para acceder a la Administración, que, además de una cuestión jurídica -trámites no siempre sencillos, lenguaje abstruso a veces,…-, incluye en no pocas ocasiones una sucesión de barreras u obstáculos físicos. Todo ello puede desalentar el ejercicio de los derechos que tenemos constitucional o legalmente reconocidos; entre ellos, el de recurrir los actos administrativos sancionadores. 

Segunda: que la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento. En este ámbito cabe recordar que las normas no obligan mientras no hayan sido objeto de publicación oficial (Boletín Oficial del Estado, Boletín de la Comunidad Autónoma,…); es lo que se denomina la “publicidad formal”. Pero, una vez publicadas, se presume que cualquiera puede conocer la disposición de que se trate, máxime desde que los boletines oficiales se publican en formato electrónico y son de acceso gratuito. No obstante, en algunas ocasiones (declaración anual del Impuesto sobre la Renta, normas de seguridad vial, campañas electorales,…) los poderes públicos nos recuerdan, mediante anuncios publicitarios, la existencia de concretos deberes que se consideran de especial trascendencia social e institucional. Pero lo relevante a efectos jurídicos es la publicidad formal.

Tercera: en el procedimiento administrativo sancionador opera la presunción de veracidad de lo afirmado por los agentes de la autoridad. A modo de ejemplo, el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de seguridad vial, dispone que “las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”. 

Una previsión similar está contenida en el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “en los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de esta Ley, las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”. 

Esta presunción de veracidad puede constituir para el ciudadano una suerte de “probatio diabólica”, que,  como es bien sabido, no opera en el Derecho penal, donde la acusación es la que debe probar la comisión de la infracción, sin que la persona acusada tenga que demostrar algo para impedir la imposición de una sanción. 

A lo anterior debemos sumar que las sanciones que impone la Administración (estatal, autonómica o local) pueden ser de una cuantía muy alta (en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana hasta de 600.00 euros), superior incluso a las multas previstas en el Código Penal. En estos casos, decir que se acude al Derecho administrativo porque es menos expeditivo que el Derecho penal constituye un auténtico “fraude de etiquetas” y puede acabar desembocando, como me temo que está ocurriendo con algunas leyes sancionadoras (del Estado y de las Comunidades Autónomas), en un inadmisible “Derecho sancionador del enemigo“. 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s