El Estado de derecho en la Universidad.

Advertencia preliminar: soy una de las más de cien personas que solicitaron la convocatoria de una cátedra en la Universidad de Oviedo; es obvio, por tanto, que tengo un interés directo en lo que comento y quien lea estas líneas deberá juzgar si eso nubla mi razonamiento. Por supuesto, no cuestiono la expectativa legítima de cualquier persona que esté acreditada a optar a una plaza ni me considero mejor ni con más derechos que los demás.

Como es sabido, la construcción del Estado de derecho ha sido un proceso histórico de sometimiento de la actuación de los poderes públicos a normas jurídicas que operan como garantías frente a la arbitrariedad. En la Constitución española se menciona en el artículo 1.1 y se concreta, entre otros preceptos, en los artículos 9.1 (Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico), 9.3 (La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) y, concretamente para la Administración, 103.1 (La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho). Obviamente, las Universidades públicas no son ajenas a estas exigencias y están obligadas a cumplir la legislación vigente, aunque, por citar un ejemplo bien conocido y reciente, los plagios escandalosos del ex-rector de la Universidad Rey Juan Carlos deben refrenar nuestro optimismo, máxime ante el elocuente silencio de buena parte de la comunidad universitaria.

La actuación conforme a Derecho de las Universidades debe serlo tanto en lo que afecta al fondo de las decisiones como en los procedimientos seguidos para adoptarlas, lo que no implica, al contrario, negar discrecionalidad a sus órganos de gobierno para, de entre las diferentes opciones legales en presencia, tomar la que consideren más adecuada.  

La dotación de plazas de profesorado, en sus distintas categorías, es una de las atribuciones que corresponde tomar a quienes han sido elegidos para gobernar la Universidad, Cada equipo de gobierno puede considerar más adecuados, o más coherentes con su propio programa, unos criterios que se aparten de los anteriormente establecidos. En lo que respecta a las plazas de promoción, algunas universidades optan, total o preferentemente, por el criterio de la antigüedad, no en la propia Universidad, sino en la obtención del preceptivo certificado acreditativo que otorga la ANECA, Agencia Nacional especializada.

En mi opinión -aclaro que soy una de las dos personas con el certificado de acreditación más antiguo de la Universidad de Oviedo-, ese criterio tiene la ventaja de la previsibilidad: se van sacando plazas en función de la solicitud que presenten las personas por orden de antigüedad, con lo que todo el mundo puede saber en cada momento cuál es su situación. Tiene también inconvenientes, pues parece razonable atender conjuntamente a otras razones, vinculadas a méritos personales, como el número de sexenios de investigación obtenidos, o a circunstancias académicas más generales, como la existencia, o no, de catedráticos en ese área de conocimiento, la carga docente de la misma,… En todo caso, si son varios los criterios a valorar deben tener un peso equilibrado en el resultado final, que, en ningún caso, podría quedar desvirtuado por la aplicación de criterios irrazonables o desproporcionados.

Pues bien, eso es, tal y como lo veo yo, lo que está ocurriendo en la Universidad de Oviedo: para la dotación de cátedras se han fijado 5 criterios, “1. Por dedicación docente del Área de Conocimiento (hasta 15 puntos). 2. Por envejecimiento de plantilla del Área de Conocimiento (hasta 5 puntos). 3. Por antigüedad en la acreditación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad  de los profesores del Área de Conocimiento (hasta 30 puntos) teniendo en cuenta la media de todos los profesores que hayan comunicado su acreditación para el cuerpo docente que corresponda. 4. Por estructura de plantilla del Área de Conocimiento (hasta 25 puntos); 5. Por número de sexenios corregidos de los profesores del Área de conocimiento acreditados para el cuerpo de Catedráticos de Universidad (hasta 25 puntos) teniendo en cuenta la media de todos los profesores que hayan comunicado su acreditación para el cuerpo de Catedráticos de universidad”. Pero, y aquí viene lo importante, la puntuación final no es la resultante de sumar lo obtenido en cada criterio sino de multiplicar esa suma de los 5 criterios por la raíz cúbica del número de personas acreditadas en el concreto área de conocimiento.

¿Y qué produce esa multiplicación? Un efecto devastador en el resultado final: en el proceso actual, las seis primeras áreas tienen, tras la suma de los 5 conceptos, entre 76,86 puntos y 81,22 pero al multiplicar esas cifras por la raíz cúbica de 3, 4, 5 o 7 (personas acreditadas en las respectivas áreas) pasan a tener entre 110,85 y 147,082 puntos. Es decir, un dato coyuntural -que haya en un momento más o menos personas acreditadas- y que en absoluto depende del mérito individual de cada candidato, se acaba convirtiendo, de una manera absolutamente desproporcionada, en definitivo: es más importante que haya colegas acreditados en el área que la antigüedad en la acreditación o los sexenios reconocidos a cada persona. Y eso, además, favorece de forma evidente a áreas con mucho profesorado en detrimento de áreas más pequeñas, donde el número de personas acreditadas nunca podrá ser muy alto. Por si fuera poco, ese efecto distorsionador no tiene ningún correctivo, a diferencia, por ejemplo, de la antigüedad (a partir de 5 años se alcanza el máximo de puntos, por lo que vale igual tener 5 años que 8), y se proyecta al futuro: en una próxima convocatoria los resultados serán muy similares, pues las áreas con más personas acreditadas ahora lo seguirán siendo el año próximo, dado que cada vez se saca una plaza por área. ¿Estamos aquí ante una actuación administrativa que sirve con objetividad los intereses generales?

Yo, persona “contaminada” (con 83,12 puntos tras la suma de los 5 criterios y, al no haber más personas acreditadas en mi área, en el resultado final), pienso que no; creo que se ha fijado un “supercriterio” que carece de una justificación objetiva y razonable, y que produce consecuencias desproporcionadas e incompatibles con el Estado de derecho.

Pasemos ahora al procedimiento: el  Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo acordó, el 17 de marzo de 2017, la dotación de plazas aprobando una serie de criterios -los antes mencionados- que publicó en la Intranet de la Universidad, accesible para más de 2000 profesores e investigadores. Nada que objetar -faltaría más- siempre que se considere que es un modelo de transparencia que, por citar un ejemplo, uno de los cinco criterios establecidos para las plazas de catedrático se explique así: “Para el cálculo de la puntuación del número de sexenios corregidos de cada solicitante a plaza de CU del Área de Conocimiento se procederá del siguiente modo: “1. Se dividirá el número de sexenios de cada persona candidata, NSi, a la media de sexenios del cuerpo docente universitario funcionario del Área de Conocimiento a nivel nacional, Nsm, tomando como base el último documento disponible en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte… 2. Se dividirá el número de sexenios de cada persona candidata, NSi, al número de sexenios óptimo, Nopt, (sexenios que debería tener desde que ha tenido su primer contrato o nombramiento con cualquier Universidad, con reconocimiento de la categoría de Doctor)… 3. Con el producto de los resultados anteriores, apartados 1 y 2, se calculará, para cada docente acreditado/a a CU, la puntuación, PSEi, en base a la ecuación o el gráfico inferior (Fig.5)… 

El pasado 29 de mayo se publicó en la Intranet de la Universidad la “lista de áreas de conocimiento dotadas con una plaza de Catedrático de Universidad y Profesor titular de Universidad”, sin incluir la puntuación de cada una ni mencionar las demás áreas que habían solicitado plazas. Tampoco se fijó plazo alguno para presentar alegaciones y se nos informó, por correo electrónico, que “la documentación de este proceso se encuentra en el Servicio de Profesorado para su consulta por los interesados. Pueden pasar por nuestro Servicio en la planta 2ª del Edificio Histórico en horario de 9 a 2”. No se dijo tampoco hasta qué día se podía hacer la consulta. Personado el día 28, pude, únicamente, tomar nota de varios datos, pero se me informó que “sin fotos ni copia”. Regresé al día siguiente y reclamé una copia de los listados, lo que se me negó. Al manifestar que, como interesado legítimo en el procedimiento, tenía derecho a obtener una copia, se me argumentó que “había datos protegidos por la Ley de transparencia” y, ante mi insistencia, que pidiera la copia “por escrito al Vicerrector”. A los dos días lo protegido por la Ley de transparencia perdió esa protección, pues se remitió un correo diciendo que sí se podía obtener copia de los listados, que, finalmente, han sido enviados por correo electrónico la noche del 5 de junio por la sección sindical de Comisiones Obreras (¡¡¡) antes que por el propio Vicerrectorado.

Lo relevante aquí es que se incumplió antes y se está incumpliendo ahora la Ley de procedimiento administrativo, a la que remite la propia Ley de transparencia (Disposición Adicional Primera); la primera prevé (art. 53.1): “Los interesados en un procedimiento administrativo,… tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”. Luego, para cumplir con las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo -con el Estado de derecho, en suma- no basta con remitir por correo electrónico los listados con las puntuaciones -lo que a día de hoy no se ha hecho “oficialmente”- sino que debe facilitarse a las personas interesadas el acceso al expediente completo -algo que hasta ahora no ha ocurrido- a los efectos de que puedan verificar si los cálculos de los diferentes apartados se han realizado de manera correcta y si se han tenido en cuenta las exigencias previstas en la convocatoria. Esta falta de publicidad contraviene también el Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé (art. 78) que “las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Por si lo anterior no fuera suficiente, no se ha informado de plazo alguno para presentar alegaciones y se han ido tomando decisiones dentro del procedimiento sin contestar a las que, a pesar de todos los obstáculos, fueron presentadas en el Registro oficial de la Universidad. 

Concluyo agradeciendo muy sinceramente a quien haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí y, conforme a la máxima que preside este blog, espero haber contribuido al debate jurídico con personas que no estén seguras de tener razón. 

 

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2 pensamientos en “El Estado de derecho en la Universidad.

  1. Estimado Miguel Ángel:

    Simplemente por completar la información, deseo indicar que la sección sindical que difundió toda la información sobre la convocatoria de plazas para la Mesa de Negociación del PDI de la UO que se celebra el miércoles 7 fue la de Comisiones Obreras, pues en esta sección creemos que los interesados deben tener acceso a toda la información.

    Un cordial saludo,

    CCOO, Sección Sindical de la Universidad de Oviedo

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