Apología constitucional del humor.

Es habitual escuchar que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la democracia; también que, en palabras del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este derecho protege no solo las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino también “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Pues bien, tradicionalmente, una de las vías que ha servido para inquietar u ofender a una parte de la sociedad o a las instituciones públicas ha sido el humor; en especial, la caricatura y la sátira de personas con relevancia pública o la ridiculización y el escarnio de ideologías, creencias o dogmas socialmente asentados. 

En una sociedad democrática el humor, incluidas sus manifestaciones más ácidas  y mordaces, debe ser bienvenido porque desempeña un papel esencial en los debates políticos y sociales, y es un potente instrumento de control del poder; como afirmaba Darío Fo,  “la sátira es el arma más eficaz contra el poder: el poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos”. Por este motivo, uno de los indicadores clave de la salud democrática de un país es el alcance que pueden tener las caricaturas, parodias y ridiculizaciones de quienes ejercen el poder político, económico, cultural o religioso. Y este ámbito España padece no pocos achaques.

Veamos algunos ejemplos: tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han amparado la caricaturización de quienes desempeñan la Jefatura del Estado al entender que no puede establecerse en su favor una protección privilegiada frente al ejercicio de la libertad de expresión; sin embargo, el Código Penal español considera delito (art. 491.2), en una redacción “marxista”, utilizar “la imagen del Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona”. Y en aplicación del artículo 490.2 de ese mismo Código se condenó a Guillermo Torres y Manel Fontdevila por el delito de injurias al Príncipe Heredero tras la publicación de la famosa portada de la revista El jueves, obviando, entre otras cosas, el contexto crítico con una medida que se tachaba de electoralista -el pago de 2.500 euros por cada nacimiento-. 

Y es que el contexto, algo esencial en el humor, parece ser irrelevante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: en la reciente sentencia que condenó a César Strawberry por la publicación de varios tuits argumenta que la finalidad de sus mensajes no era relevante y que lo que había que valorar era lo que había dicho. Como expuso de manera muy gráfica el juez Miguel Pasquau, “tengan cuidado. No digan nunca más eso de que “a los políticos habría que cortarles el cuello a todos”, porque aunque no lo digan en serio, se trata de enaltecimiento del terrorismo… la “provocación, la ironía o el sarcasmo” no sirven de excusa: usted ha dicho lo que ha dicho, así que déjese de contextos. Es el texto, estúpido”.

Y con el Código Penal en la mano también habría que tener cuidado de hacer chistes o parodias de los sentimientos religiosos, pues se castiga con pena de multa de 8 a 12 meses el “escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias” (art. 525). Es cierto que algo hemos avanzado pues, por citar un ejemplo, en una norma francesa de 1757 los escritos tendentes a atacar la religión eran castigados con la pena de muerte.

En el colmo de la falta de sentido del humor, ese mismo Código Penal tiene un Capítulo titulado “De los ultrajes a España”, donde se incluye un único artículo (543): “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses”. No digan luego que no sabían lo que les podía pasar por pitar el himno nacional o tomarse a broma el Asturias patria querida.

En mi opinión, ni los citados artículos del Código Penal ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso Strawberry tienen fundamento constitucional: primero, la ridiculización, quema simbólica,…, del Jefe del Estado debe protegerse, entre otras cosas, porque se trata de una institución dotada de un estatuto privilegiado: se accede a la misma por herencia y su titular goza de inviolabilidad absoluta, no pudiendo ser sometido a procesamiento alguno; segundo, la libertad religiosa protege la expresión pública de las propias convicciones y la negativa a revelarlas pero en absoluto implica una protección penal frente al escarnio de esas creencias; tercero, “España”, “Asturias”, “Cataluña”,…, sus símbolos o emblemas carecen, como tales, de honor o dignidad, por lo que difícilmente se les puede ofender u ultrajar. Finalmente, si, como sostiene el Tribunal Supremo, el contexto no es importante a la hora de calificar una expresión entonces es que se ha prohibido el sentido del humor, lo que sería una cosa muy seria porque implicaría la defunción de la democracia.

Texto publicado en Agenda Pública el 24 de marzo de 2017.

Sobre la cuestión de los límites al humor tuve ocasión de debatir con Edu Galán y Darío Adanti en una mesa redonda organizada, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, por la Asamblea Abierta de Derecho y la Revista Mongolia el día 15 de marzo. Aquí puede descargarse, en formato pdf, la presentación que utilicé.

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