De plagios y otras impunidades universitarias.

La Constitución española garantiza la autonomía de las Universidades (art. 27.10)  para que sirvan a la sociedad cumpliendo una serie de funciones que concreta la Ley Orgánica de Universidades, a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Es evidente, a pesar de la insistencia de algunos en tratar de probar lo contrario, que en los últimos treinta años la Universidad española ha venido cumpliendo dichas funciones de manera muy aceptable y que nuestra enseñanza superior ha mejorado sensiblemente. Tal cosa se aprecia tanto si visitamos universidades de países del entorno europeo como, sobre todo, si tenemos en cuenta nuestro peso demográfico y la inversión realizada. Puede verse, al respecto, este comentario del profesor Andrés Boix Palop.

Pero también sería injusto negar, y es lo que me importa señalar ahora, que esa mejora, a cuyo servicio está la autonomía, no ha servido para erradicar algunos vicios ancestrales que tenemos en las Universidades españolas, como la opacidad institucional y personal (es casi imposible saber a qué tipo de investigaciones se dedica parte importante del profesorado), la existencia de redes clientelares, no poco nepotismo y la tolerancia con la pereza en el trabajo docente y/o investigador y con el aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo ajeno.

Estos días está siendo noticia que el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el profesor Fernando Suárez Bilbao, ha plagiado varios trabajos, haciendo aparecer como propio el resultado de las investigaciones de otros profesores. El plagio es manifiesto y ha sido denunciado y probado hace más de un mes y sobre ello ha vuelto hoy mismo el profesor Ignacio Fernández Sarasola, uno de los plagiados. Sin embargo, en el momento de publicar estas líneas -21 de noviembre-, ni se ha excusado ni ha dimitido, por lo que cabe preguntarse los motivos por los que, primero, plagió y, una vez descubierto, parece esperar a que la cosa escampe. La respuesta, a falta de que la ofrezca el interesado, no puede ser sino especulativa: plagió porque otros lo habían hecho antes; plagió porque es una manera rápida y descansada de conseguir méritos y mejores condiciones económicas (el complemento económico que deriva de los sexenios de investigación depende de las publicaciones) y plagió porque lo normal es que si te descubren no pase nada.

¿Y por qué esa impunidad? Porque muchas conductas “universitarias” que debieran merecer algún tipo de reproche salen gratis debido a que la sanción tendría que ser impuesta por colegas y o bien no nos hemos  sentido concernidos, u operan razones de prudencia/cobardía -la Universidad es una institución que ofrece numerosas oportunidades (aprobación de tesis doctorales, composición de comisiones para las plazas, concesión de ayudas y permisos,…) para saldar cuentas pendientes-, o bien porque el infractor “es uno de los nuestros” o porque no siempre es fácil de probar el hecho reprobable (hay plagiadores que se esfuerzan más que el Rector de la Universidad Rey Juan Carlos)…

Veamos algunos ejemplos de la citada impunidad: primero, si plagias un trabajo ajeno para presentarlo como memoria de un proyecto de investigación a financiar por el Gobierno estatal o autonómico -cuya obtención puede suponer una importante cantidad de dinero para la compra de libros, ordenadores, pago de viajes,…- lo único que ocurre si te descubren es que no se concede el dinero, la misma consecuencia que tienen los proyectos originales pero que, por diversas razones, no se financian; ni se publica el nombre del plagiador ni se le sanciona, pudiendo volver a intentar el plagio el año siguiente. Segundo, una vez que una persona consolida su situación profesional como profesor titular o catedrático, ya puede dedicarse al dolce far niente sin mayor preocupación: aunque no publique una línea en el resto de su vida académica no recibirá ningún reproche oficial; simplemente dejará de percibir los complementos de investigación y tendrá que impartir más docencia. Tercero, la vigente Ley de Transparencia impone una serie de obligaciones a las Universidades (publicación de los salarios de los altos cargos, publicación de los planes anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como su grado de cumplimiento y resultados; publicación de todos los contratos y convenios,…) pero su incumplimiento, que ha sido constatado y que se puede comprobar visitando sus páginas web, tendría que ser sancionado por algunos de los posibles infractores…

Una muestra reciente de esta falta de transparencia la encontramos en el comportamiento institucional de la Universidad “Miguel Hernández”, de Elche, a propósito del “caso Camps”: como es conocido, el que fuera Presidente de la Comunidad Valenciana presentó su tesis doctoral el 10 de febrero de 2012, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Además, solicitó a la citada Universidad que no permitiera la consulta de su texto ni total ni parcialmente. Ante la petición de acceso a tan preciado documento por parte del profesor Jorge Urdanoz, el Vicerrector de Investigación e Innovación la rechazó alegando que la Ley de Transparencia no era de aplicación al caso; recurrida esta resolución ante el Consejo de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de la Comunidad Valenciana este órgano recordó, en primer lugar, que las Universidades públicas están expresamente sujetas a la citada Ley de Transparencia; en segundo lugar, que la tesis del señor Camps es un documento público y que la consulta del mismo no implica infracción alguna de la Ley de propiedad intelectual, pues no se cuestiona su autoría ni los derechos de explotación; en conclusión, se insta a la Universidad “Miguel Hernández” a que facilite el acceso a la tesis reclamada. A resultas de la consulta se ha elaborado y divulgado un documento en el que se denuncia un posible plagio por parte del señor Camps. Pues bien, la reacción de la Universidad ha sido abrir un expediente administrativo para clarificar “la situación planteada” pero, al menos de momento, únicamente se ha permitido la intervención de los participantes en el proceso de lectura y evaluación de la tesis, que son, obviamente, parte interesada. ¿Pedirá la Universidad “Miguel Hernández” algún tipo de dictamen pericial independiente? Veremos.

Todo lo dicho pretende reflejar que tenemos tarea pendiente en la Universidad y el primer paso es reconocerlo, pues, como dijo Salman Rusdhie, “importa, siempre importa, llamar basura a la basura. Hacer lo contrario es legitimarla”.

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