Los derechos de participación política en el cine (charla en el Curso de Verano que la Uned organiza en el Centro Penitenciario de Villabona).

Como una de las charlas que integran el Curso de Verano de la Uned Los derechos fundamentales a través del cine, dirigido por los profesores Fernando Reviriego y Juan Carlos Menéndez y que se desarrolla en el Centro Penitenciario de Villabona entre el 18 y el 20 de julio de 2016, he sido invitado a hablar de los derechos de participación política a través del cine. En las líneas siguientes resumiré el contenido de la charla e incluiré enlaces a los fragmentos cinematográficos empleados, que, como es obvio, son limitados en número y duración.

En primer lugar, hay que aclarar que la participación de la que se habla no es todo tipo de incidencia en asuntos públicos, sino que ha de tratarse de una intervención “política”, vinculada al ejercicio del poder soberano; por lo que quedan fuera participaciones como la sindical, la propia del ámbito educativo,… En ese ámbito, y como reconoce el artículo 23 de la Constitución española, la intervención puede ser directa o por medio de representantes elegidos en comicios periódicos y por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

Una premisa ineludible para que la participación sea democrática es que se lleve a cabo dentro de un sistema que asegure una información adecuada y suficiente para saber lo que se está decidiendo y qué consecuencias cabe esperar, racionalmente, de esa decisión. Al respecto, y a propósito del papel que deben jugar los medios de comunicación, es muy recomendable -entre otras muchas- la película Buenas noches y buena suerte; en particular el conocido discurso de Edward R. Murrow.

En segundo lugar, es necesario que las distintas opciones políticas tengan ocasión de expresarse, además de en elecciones y referendos, en el discurrir cotidiano de la sociedad, donde cobra un valor especial el derecho fundamental de manifestación, que sirve al intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son una agrupación de personas, su duración transitoria, la licitud de su finalidad y el lugar público de su celebración. Y esta forma de ejercicio del derecho a discrepar con el orden establecido incluye, como ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la expresión pública de las propias ideas, “incluyendo naturalmente las opiniones provocadoras o despreciativas”. Y según ese mismo Tribunal, con palabras que ha reproducido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es suficiente para suprimirla. Al contrario, ello puede ser un motivo para que esté constitucionalmente protegida. Sobre este derecho, véase aquí la manifestación que aparece en Tiempos modernos.

Otro derecho vinculado a la participación política es el de creación de partidos, que en España está amparado por los artículos 6 y 22 de la Constitución; el primero de ellos exige que la estructura y el funcionamiento de los partidos sean democráticos. Y es que, tratándose de entidades privadas, cumplen funciones públicas y reciben cuantiosas ayudas de los poderes públicos. La exigencia constitucional ha sido desarrollada en la Ley de Partidos (2002), que atribuye importantes funciones a la Asamblea General, exige elecciones internas por sufragio libre y secreto, control democrático de los dirigentes y una serie de derechos de los afiliados. En mi opinión, esta normativa es claramente insuficiente para garantizar esa democracia interna que impone la Constitución, por lo que me parece que serían convenientes nuevas previsiones; entre ellas, las siguientes: 1ª) la periodicidad de los congresos, que podría fijarse, como ha  previsto el legislador alemán, en dos años entre un congreso y el siguiente; 2ª) un procedimiento para que los afiliados o las organizaciones menores del partido puedan demandar ante los órganos jurisdiccionales ordinarios la convocatoria de los congresos cuando los órganos dirigentes se muestren renuentes a cumplir las previsiones estatutarias o legales; 3ª) la convocatoria de los congresos extraordinarios, asegurando al tiempo que pudiera instarse por parte de los militantes en un número que garantizase un apoyo relevante a la propuesta en el seno de la organización, pero no de una entidad tal que en la práctica hiciese imposible esa eventualidad; 4ª) el establecimiento de fórmulas, internas al partido y externas a él, dirigidas a hacer valer la voluntad manifestada por los afiliados y que no ha sido respetada por los compromisarios; 5ª) el fomento del derecho de presentación de propuestas y enmiendas como instrumento de expresión del pluralismo interno de la formación política y del necesario debate que ha de producirse en sus órganos supremos acerca de lo que constituyen las directrices generales de actuación política del partido; 6ª) la previsión de la fórmula de mayoría de votos como sistema ordinario de adopción de decisiones; 7ª) el carácter público del sufragio emitido por los compromisarios, y 8ª) la elección directa de los órganos del partido por parte de la asamblea general. Sobre la pluralidad de formaciones que pueden organizarse en torno a ideas similares y con denominaciones semejantes, véase este fragmento de La vida de Brian.

Entrando en materia electoral, una de las cuestiones claves para la articulación democrática de un sistema de elección de representantes es la de quién tiene derecho de voto. Superada la barrera de la discriminación de género, queda pendiente, al menos en mi opinión, la de la nacionalidad, pues los residentes permanentes en un país deben tener derecho de sufragio en las elecciones generales, sean o no nacionales. También está abierto el debate sobre la fijación de la mayoría de edad, pues hay un recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que aconseja estudiar su reducción a los 16 años. Un debate que ya tendría que estar cerrado -aunque tal cosa no es así en numerosos países (Gran Bretaña, Estados Unidos,…)- es del del derecho de voto de las personas internas en centros penitenciarios, que no debe ser menoscabado por esa circunstancia. Sobre la intolerable exclusión que supuso la negativa al sufragio de las mujeres versa la película Clara Campoamor, la mujer olvidada.

Otro aspecto relevante de un proceso electoral es la fase de explicación de programas (al menos, en teoría) y petición de voto, bien a través de mitines, encuentros informales con los electores, anuncios de publicidad en medios de comunicación, carteles y vallas en las calles… Una prohibición típicamente española que me parece carente de sentido es la prohibición de pedir el voto la jornada de reflexión y el día de las elecciones. Otro disparate habitual es la prohibición, por parte de las Juntas Electorales, de celebrar manifestaciones en esos días, olvidando que la política va más allá de las elecciones y que el derecho de manifestación no queda en suspenso durante esas jornadas. Sobre varias cuestiones vinculadas a las campañas electorales tratan estos fragmentos de El disputado voto del señor Cayo, Amanece que no es poco y un episodio de Los Simpsons.

Una tercera cuestión tiene que ver con la forma de ejercicio del voto, presencialmente, a distancia o por medios electrónicos. Sea cual sea la forma, debe asegurarse el carácter secreto y, en principio, libre del sufragio, que se corresponde con las voluntades de los electores y que no hay posibilidad de fraude electoral; sobre esta última cuestión vinculada al voto electrónico va este fragmento de un conocido capítulo de Los Simpsons.

Una forma diferente de participación es la que se lleva a cabo en consultas como los referendos y plebiscitos; en principio, y en teoría, en un referéndum está en juego la aprobación de una norma y el resultado es vinculante, mientras que en un plebiscito se vota una cuestión política y el resultado no es jurídicamente vinculante. No obstante, en España se ha venido llamando referendos a todas estas consultas, que, por otra parte, aquí han sido reguladas de manera muy restrictiva, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Italia, Estados Unidos, Suiza, Irlanda, Canadá, Gran Bretaña…

Una reciente, y polémica, consulta ha sido la que ha decidido la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, a cuyo objetivo se consagró el documental Brexit. The movie. Sobre lo que se puede decidir en un referéndum y, también, qué cargos cabe elegir en unas elecciones versa este fragmento de Amanece que no es poco.

Y, de momento, eso es todo amigos.

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Un pensamiento en “Los derechos de participación política en el cine (charla en el Curso de Verano que la Uned organiza en el Centro Penitenciario de Villabona).

  1. Es un poco “off topic”, pero no me resisto: para mí una película imprescindible sobre lo fácil y lo insidiosa que puede ser la implantación del autoritarismo es la alemana “La ola” ( Die welle). Ojo, no confundir con una noruega de igual título que trata de un tsunami.

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