Los mandarines y la democracia.

Desde el momento en que se conocieron los resultados del referéndum celebrado en Gran Bretaña el pasado 26 de junio sobre la salida o permanencia del país en la Unión Europea no han cesado de publicarse opiniones muy críticas con la celebración de esta consulta e, incluso, con la convocatoria de casi cualquier referéndum, pues, por citar las palabras del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, “los referendos trasladan a la ciudadanía problemas que tienen que solucionar los políticos”.

Es obvio que se puede criticar la celebración de esa consulta, el modo en el que se desarrolló o su resultado; también, faltaría más, la de cualquier referéndum; de la misma manera, se puede censurar un concreto proceso electoral o la existencia misma de las elecciones. Pero lo que resulta casi imposible es justificar una crítica absoluta a los referendos o a las elecciones desde una perspectiva democrática. 

Los referendos son instrumentos de intervención política directa de los ciudadanos en la toma de decisiones relevantes para la sociedad y la Constitución española los incluye (artículo 23) en el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos aunque la configuración que realiza de los mismos el artículo 92 es extraordinariamente pacata: se les atribuye carácter consultivo y la convocatoria queda reservada al Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. No caben, aunque sí estaban previstos en el Anteproyecto de Constitución, los referendos por iniciativa popular y con capacidad para derogar leyes en vigor, pero, a pesar de que Pedro Sánchez no parezca saberlo, sí están previstos para “decisiones políticas de especial trascendencia”. 

Un referéndum en sí no es necesariamente democrático, como tampoco lo es un proceso electoral per se; para serlo uno y otro habrán de cumplir una serie de requisitos sobradamente conocidos: sufragio universal, información clara sobre lo que se vota y sobre las previsibles consecuencias, igualdad de oportunidades para las opciones en presencia, un sistema de garantías que evite el fraude, escrutinio público e independiente… Insisto en que, a pesar de todo, uno puede estar en contra de los referendos y de las elecciones pero si presume de demócrata parece poco coherente que descalifique genéricamente una y otra forma de participar en los asuntos públicos. Y si lo que se pone en duda es una concreta elección o un proceso consultivo, entonces una mínima dosis de coherencia exige que las objeciones se formulen en el momento adecuado pero no exclusivamente cuando se constata que los resultados no han sido los que uno esperaba.

Sin embargo, muchos de los que ahora consideran abominable una consulta como la celebrada en Gran Bretaña el 23 de junio nada dijeron hasta bien entrado el día 24; tampoco consideraron demagógica, estúpida o irresponsable la convocatoria del referéndum sobre la posible independencia de Escocia del 18 de septiembre de 2014. Es más, como sostiene Javier Marías en El País Semanal del 10 de julio de 2016, se llega a decir que hay “cuestiones –poquísimas-para las que sí conviene un referéndum, como la independencia de Escocia o la del Quebec, dada la trascendencia de la decisión”, pero la consulta del Brexit es, según este escritor, un ejemplo de “demagogia directa”; por cierto, no se pronuncia si un hipotético referéndum en Cataluña sería algo democrático o demagógico. En suma, que consultar a la gente es algo que hay que hacer con mucho cuidado porque el personal es irreflexivo, de una vanidad ilimitada, y proliferan incautos y narcisistas que quieren hacer notar su peso en cualquier imbecilidad (Marías dixit).

Se ignora así que los referendos existen, y funcionan razonablemente bien, no en reinos imaginarios, sino en Estados democráticos consolidados; por mencionar algunos, además del tópico ejemplo de Suiza, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Chile, Irlanda, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, la propia Gran Bretaña, Austria,…

No pongo en duda que las consecuencias finales de una consulta popular pueden ser desastrosas incluso para los propios que sostuvieron con su voto el resultado final de la misma, pero ni las mismas son necesariamente irreversibles ni invalidan de manera absoluta ese tipo de procesos. ¿O es que las elecciones presidenciales norteamericanas del próximo 8 de noviembre no pueden generar un resultado calamitoso? O, puestos a buscar un precedente bien conocido, ¿no fueron abominables los votos que convirtieron al Partido Nazi en el más votado en los comicios parlamentarios de 5 de marzo de 1933? Yo diría que sí, pero no concluiría que, dado que unas elecciones permiten que alguien como Hitler llegue al poder, lo que hay que hacer es acabar con todos los procesos electorales. Habrá que garantizar que se desarrollan en las condiciones adecuadas, evitando, por citar un ejemplo bien reciente, irregularidades como las que obligarán a repetir las elecciones presidenciales austríacas.

Sin embargo, manteniendo el mismo paternalismo insoportable que durante el proceso constituyente de 1978 cercenó los mecanismos de participación política directa, hay no pocos mandarines en España empeñados en defender que el “imbécil, incauto y narcisista” que vota en un referendo es, sin embargo, un tipo sensato, inteligente y con criterio cuando elige a quienes van a ser sus representantes y/o gobernantes.

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