Españoles en el mundo… y sin poder votar.

Hasta hace poco tiempo se emitió en Televisión Española el programa “Españoles en el mundo”, donde, como recordarán muchos lectores, se nos mostraban, en un tono generalmente amable y seductor, las simpáticas peripecias a las que tenían que enfrentarse los compatriotas que, sobre todo, por motivos de trabajo se trasladaban a otro país, más o menos lejano: búsqueda de empleo, regularización de su situación administrativa, alquiler de vivienda, conocimiento y asimilación de otra lengua, cultura, gastronomía… Y los telespectadores que asistían a estas vivencias, tamizadas y edulcoradas por los productores del programa, contemplaban a intrépidos españoles que lo mismo ordeñaban un camello en el desierto de Kuwait que disfrutaban de carreras de cucarachas en Brisbane (los escépticos pueden ver estos episodios en la página web de RTVE). No en vano, eran tiempos en los que Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social, hablaba de la “movilidad exterior” en búsqueda de oportunidades laborales y formativas.

Sería interesante que, coincidiendo con el proceso electoral general del próximo 26 de junio, se hiciera un programa especial para ver cómo los españoles en el mundo resuelven la papeleta, valga la redundancia, de votar en esos comicios, pues los  Ministerios del Interior y Exteriores han querido poner a prueba sus ganas de participar introduciendo todo tipo de trabas en el momento de inscribirse si son personas que residen temporalmente fuera, pues deben entregar la solicitud de forma presencial en el Consulado o Embajada, que puede estar a cientos o miles de kilómetros de distancia, o a la hora de recibir la documentación y remitir el voto, pues una y otro pueden demorarse bastantes días dependiendo de la eficacia del servicio de correos en los diferentes países. Por ello, no es de extrañar que en las elecciones del pasado 20 de diciembre, de los casi 2.000.000 de españoles residentes en el exterior, únicamente solicitaran votar 149.849, consiguiéndolo, finalmente, 109.995; es decir, menos del 6% del total.

A lo peor, esos números todavía son más ridículos en las elecciones del 26 de junio, para las que están inscritas en el Censo de Españoles Residentes en el extranjero 1.927.032 personas, destacando el caso de provincias como Asturias donde suponen 110.696 (el 12,61%) frente a las 872.218 residentes en España; A Coruña, con 153.415  (el 16,42%) en el extranjero y 934.098 en España; Lugo, con 63.940 (el 22,45%) en el extranjero y 284.725 en España, y Ourense con 98.425 en el extranjero (el 36,99%) y 266.077 en España

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, y en la medida en que el artículo 68 de la Norma Fundamental proclama que “la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España”, esta situación supone un caso palmario y repetido de vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos.

La propia Defensora del Pueblo ha dicho por escrito que “sería deseable una modificación normativa que no hiciera depender de sistemas postales de otros países la efectiva recepción de la documentación electoral para el elector residente en el extranjero que ha solicitado en tiempo y forma las papeletas”. La Defensora ya apunta al autor inmediato de este despropósito democrático: las Cortes Generales, donde el partido en el Gobierno en la Legislatura 2011-2015 tenía mayoría absoluta, por no haber modificado la Ley Electoral, pero no cabe ignorar que hay, al menos, dos cooperadores necesarios: los Ministerios de Interior y Exteriores. Pero también debe recordarse, en aras a que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde, que la exigencia del voto rogado fue introducida en la Legislatura 2008-2011; el motivo que se invocó era loable: evitar el fraude garantizando que la persona que emitía el voto tenía derecho a ello y, lo que no era exagerado, seguía con vida, pues se pudo comprobar la permanencia en el censo de miles de compatriotas que, por lo visto, votaban desde el más allá. Lo que ocurre es que con las nuevas exigencias estar vivo es condición necesaria, pero bastante insuficiente, para participar en las elecciones españolas si uno reside en el extranjero.

Finalmente, cabe reparar en que un contexto de resultados electorales muy ajustados, unos miles de votos pueden ser determinantes del resultado final en varias provincias (véanse, a título de muestra, los casos mencionados de Asturias, A Coruña, Lugo y Ourense) y, por extensión, en todo en el proceso de elección de diputados y senadores e, incluso, en la investidura para la presidencia del Gobierno. Pero aunque no fuera así, cualquier persona con derecho de voto, resida o no en España, debe ser tratada con la misma dignidad, lo que supone, en términos constitucionales, garantizarle similares oportunidades para ejercer un derecho fundamental.

Sería bueno, por todo lo dicho, que las candidaturas que concurren a los próximos comicios explicarán qué piensan hacer, si es que piensan hacer algo, para que esta bochornosa y antidemocrática situación no se repita en lo sucesivo.

Texto publicado en La Nueva España el 11 de junio de 2016.

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