¿Una ley electoral “asturiana”?

Hace pocos días se ha conocido un informe del Ministerio del Interior que cuestiona la proposición de reforma de la Ley electoral asturiana presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida y Ciudadanos. No resulta fácil analizar en pocas palabras un texto de 8 páginas pero sí cabe comentar varias de las críticas. 

Lo primero que se dice es que el marco normativo sobre el que debe asentarse la proposición lo forman la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Estatuto de Autonomía de Asturias. Olvida, sorprendentemente, a la Constitución, de donde deriva la potestad normativa de las Comunidades Autónomas, que es de carácter político, no meramente administrativa, y que incluye la elección de una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional. Y es que, de acuerdo con la Constitución, existe un margen no despreciable de actuación autonómica para regular aspectos como la estructuración de las listas electorales, la forma de ejercicio del voto, la concreta fórmula de tipo proporcional, las inelegibilidades e incompatibilidades… Y el espacio normativo para concretar estas cuestiones es la ley electoral autonómica, que no es una mera excepción al régimen electoral general. Otra cosa es que, hasta la fecha, los Legisladores autonómicos hayan hecho gala de una extraordinaria indolencia, limitándose a copiar lo que dice la LOREG. Y ha sido la mencionada proposición de ley asturiana el primer, y único, ejemplo de cierto desperezamiento electoral autonómico.

El Ministerio del Interior rechaza, entre otras cosas, que la persona que encabece la candidatura sea elegida mediante un proceso democrático y considera que tal cosa lesiona la libertad de los partidos. Olvida, por una parte, que la propia Constitución exige a los partidos un funcionamiento democrático pero, sobre todo, que lo que se prevé no es algo que afecte a los partidos en su organización interna sino como promotores de candidaturas –algo que son libres de hacer- y que el Legislador puede configurar el ejercicio de ese derecho, como se ha hecho, por ejemplo, al establecer una composición equilibrada por sexos de las listas electorales. No se trata, pues, de algo que deba ser regulado en la Ley de partidos sino en las leyes electorales, estatal o autonómicas; además, no se dice qué tipo de mecanismo democrático concreto debe utilizar cada formación política, con lo que se respeta su capacidad de decisión al respecto.

No me extenderé sobre la crítica que se hace al nuevo sistema de asignación de escaños: para el Ministerio del Interior resulta poco claro –quizá se leyó con poca atención- pero eso, en su caso, requerirá una campaña explicativa previa, no siendo en sí mismo argumento para cuestionar su constitucionalidad.

En tercer lugar, se rechaza la sustitución temporal de parlamentarios en casos de permisos de maternidad o paternidad, enfermedad prolongada o investigación penal contra un diputado. Se hace, como en otras partes del informe, cometiendo un error básico: diciendo que el art. 160 de la LOREG nada más prevé la sustitución en casos de fallecimiento, incapacidad o renuncia. No es cierto; ese artículo regula las declaraciones sobre actividades y bienes de diputados y senadores: el artículo correcto es el 164 pero, en todo caso, este precepto no es de los que la LOREG considera que deben aplicarse a las elecciones autonómicas, argumento que el informe sí usa en la mayoría de sus consideraciones. Además, parece ignorarse que no se trata de una sustitución definitiva sino temporal, que será voluntaria en la mayoría de los casos y que, por citar un ejemplo similar, el Reglamento del Senado admite la suspensión temporal de los senadores si se concede un suplicatorio y se decreta un auto de procesamiento penal. Lo que habría que hacer en Asturias es regular también en el Reglamento de la Junta General esta figura pero es adecuado que ya se prevea en la Ley electoral.

El informe también rechaza que se puedan regular el voto anticipado y el electrónico (para el caso de los asturianos residentes fuera). Se podrá  censurar la necesidad de  tales figuras –especialmente la primera-, pero en ambos casos se trata de formas de ejercicio del voto, no de los aspectos esenciales del derecho, y sobre ello la competencia de las Comunidades es clara. Por cierto, el voto electrónico presencial ya está previsto en la Ley electoral vasca y nadie lo cuestionó.

El resto de las consideraciones del informe (sobre la Junta Electoral asturiana, el procedimiento de votación para las personas ciegas…) no son especialmente críticas; tampoco se censura el desbloqueo de las listas electorales ni la obligatoriedad de que los medios de comunicación públicos deban organizar debates durante la campaña electoral. Por todo ello, no parece que el informe del Ministerio del Interior sea un obstáculo insalvable para seguir adelante con esta propuesta. Otra cosa es que hagan falta voluntad y valentía políticas para aprobar una ley electoral “asturiana”. ¿Las tienen los grupos parlamentarios de la Junta General?

Texto publicado en La Nueva España el 9 de abril de 2016.

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