El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado el encarcelamiento sin fianza de los titiriteros que representaron en Madrid y, previamente, en Granada la obra La bruja y Don Cristobal. Me parece que es un evidente error programar esa obra para un público infantil como hizo el Ayuntamiento de Madrid, que la consideró recomendable para todos los públicos.
Ahora bien, tal proceder debe dar lugar, en su caso, a la exigencia de responsabilidades políticas a la persona que, en el seno de la Corporación, lo contrató sin conocer el contenido (si lo conocía, peor), pero me parece, en términos teatrales, una sobreactuación judicial decretar el ingreso en prisión de los titiriteros argumentando que hay riesgo de fuga, destrucción de pruebas y reiteración delictiva. Respecto de lo primero se podrían adoptar medidas cautelares de carácter económico, como se hace habitualmente por otra parte; sobre lo segundo, parece que la policía se incautó ya todo el material y hay abundantes testimonios de los asistentes; a propósito de lo tercero, después de lo ocurrido no parece probable que vuelvan a ser contratados o, de serlo, que su actuación vaya a pasar desapercibida. Si hay medidas menos restrictivas que la privación de la libertad, y parece que las hay, se debe optar por ellas.
Y todo lo anterior sin entrar a valorar lo realmente importante: si estamos ante un hecho presuntamente delictivo o ante el ejercicio, por muy desagradable u ofensivo que resulte para algunos o muchos, de la libertad de expresión, pues éste no puede supeditarse a su conformidad con las ideas y opiniones mayoritarias o socialmente aceptadas sino que debe amparar, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Handyside c Reino Unido, de 1976, y mucho más recientemente, caso Otegui c. España, de 2011) “aquéllas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población”. Y ello porque la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales del progreso y esa es la exigencia del pluralismo y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática.
Si nos ponemos como se ha puesto el juez Ismael Moreno, la Fiscalía y varios de los partidos presentes en el Ayuntamiento de Madrid lo extraño es que no estén en prisión directores, productores, guionistas… de, por ejemplo, Ocho apellidos vascos o autores de películas, libros,…, donde hay violencia explícita o se utiliza la violencia de modo satírico. Parafraseando a Orwell, la libertad de expresión significa, sobre todo, la representación de cosas que no nos gusta ver; cosa distinta es si, además, deben ser costeadas con dinero público pero eso, creo, es otro asunto.
Completamente de acuerdo. La que llamas sobreactuación judicial es preocupante, pero más aún lo es, en mi modesta opinión, el revuelo político y mediático que se ha organizado en torno a unos hechos que, sin duda, se pueden criticar desde muchos puntos de vista, pero el indebido uso de los mismos para conseguir fines políticos muy concretos hay que denunciarlo.
Federico Jiménez Losantos, en los medios de comunicación, hace poco tiempo, se desahogaba del siguiente modo: «Yo es que veo a Errejón, a la Bescansa, a la Rita Maestre y me sale el monte. Si llevo la lupara [un tipo de escopeta recortada, el tipo sabe de armas], disparo. Menos mal que no la llevo»». Si el espectáculo de títeres que nos ocupa es «apología del terrorismo», ¿esto qué sería? ¿amenazas con publicidad? Los derechos fundamentales son demasiado importantes para que juguemos a la política con ellos… ya está bien.
Reblogueó esto en Meneandoneuronas – Brainstorm.
Absolutamente de acuerdo, coincido con la opinión anterior. Gracias, Miguel. Un abrazo
¿Qué diferencia habría entre sobreactuación judicial y prevaricación? ¿A la vista del contenido del vídeo de la función de títeres, https://vimeo.com/154508838 ¿qué criterios delictivos se pueden aplicar? Gracias y un saludo.