Como es bien conocido, este año se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos y ya ha comenzado el proceso de selección de los candidatos a las mismas. Por este motivo publicaré a lo largo de las próximas semanas una serie de comentarios sobre distintos aspectos de estos comicios, empezando con la financiación de las elecciones.
El sistema electoral de Estados Unidos incentiva la existencia de pocos y muy importantes partidos políticos, con una base social extensa y muy plural, asentados en todo el país y con la capacidad necesaria para recaudar ingentes cantidades de dinero destinadas a unas campañas electorales cada vez más dilatadas y costosas, y en las que los anuncios en los medios de comunicación tienen un papel estelar
En el plano democrático, un sistema de esta índole expulsa de la participación como candidatos a la inmensa mayoría de ciudadanos que, a diferencia de Mitt Romney en la campaña electoral de 2012, no disponen de la fortuna personal necesaria para gastar decenas de millones de dólares, o que, como Barack Obama en las campañas de 2008 y 2012, no cuentan con una potente organización capaz de recaudar enormes cantidades de dinero de las donaciones privadas. La tendencia ha llevado a que los principales candidatos prescindan de las ayudas públicas a cambio de poder financiarse de manera casi ilimitada a través de fondos privados. En este devenir el Tribunal Supremo ha tenido un papel protagonista a través de varias sentencias, entre las que cabe destacar el caso Buckley v. Valeo, de 1976, y el caso Citizens United v. Federal Election Commission, de 2010.
Hay que recordar, utilizando las palabras de la profesora Ana Valero Heredia (Citizens United y la financiación de las campañas electorales en el derecho norteamericano), que la era moderna de la regulación de las campañas electorales en Estados Unidos comenzó a nivel federal después del escándalo Watergate con la aprobación de la Federal Election Campaign Act Amendments (Ley de Campañas Electorales Federales), de 1971, FECA, que define las bases de la reglamentación de la financiación de las campañas electorales y que fija las reglas en materia de: divulgación de los recursos de los candidatos, topes máximos de las contribuciones electorales y limitaciones de los gastos de campaña. El 15 de octubre de 1974, el Congreso reformó la FECA, regulando la financiación pública de las diferentes etapas de la elección presidencial —primarias, convenciones de los partidos políticos y elección general— con el sistema de matching funds —en virtud del cual se le otorga al candidato el doble de la suma que recibió de donantes privados a condición de que cumpla determinados requisitos—.
Esta ley también creó la Federal Election Commission (FEC), cuya misión es controlar la financiación de las campañas electorales. Asimismo, estableció los límites a las contribuciones en favor de los candidatos y un tope máximo a los gastos para las elecciones legislativas y presidenciales.
Pues bien, en el asunto Buckley v. Valeo el Tribunal Supremo consideró inconstitucionales, por contrarios a la Primera Enmienda, los límites a los gastos de los fondos personales de los candidatos previstos en la Federal Election Campaing Act, y, entre otras cosas que ahora no son relevantes, los preceptos que limitaban los llamados gastos independientes; es decir, los llevados a cabo por personas ajenas a los candidatos. En pocas palabras, el Tribunal Supremo artículo ahí la doctrina speech and money, conforme a la cual la imposición de cualquier restricción de gasto de capital destinado a la comunicación política por parte de una persona o grupo reduce su libertad de expresión.
En el mucho más reciente asunto Citizens United v. Federal Election Commission se enjuició la constitucionalidad de la Bipartisan Campaign Reform Act, reforma legal aprobada en el año 2002 para prohibir la emisión de mensajes televisivos sufragados por empresas y sindicatos si identifican a un concreto candidato y se pretende su visualización 30 días antes de la celebración de las elecciones primarias o 60 días antes de las elecciones al cargo de que se trate. La controversia se suscitó a propósito de un video –Hillary: The Movie– muy crítico con la candidata a la nominación demócrata en 2008 Hillary Clinton. Pues bien, y en muy pocas palabras, en este caso la mayoría del Tribunal concluyó que no se puede restringir, en ningún caso, lo que los particulares o las asociaciones puedan gastar en publicidad política “independiente”. Las aportaciones, incluidas las realizadas por empresas, no pueden prohibirse puesto que no cabe tacharlas de generadoras o sospechosas de corrupción. No es relevante, según el Tribunal, que los directivos de esas entidades mantengan relaciones con cargos electos, ni dichas relaciones perjudican la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático estadounidense .
Volviendo a los gastos electorales de la última campaña presidencial celebrada en el momento de escribir estas líneas, en el caso de Obama, en las primeras 24 horas tras el anuncio de su candidatura a la reelección, el 4 de abril de 2011, consiguió más de 23.000 contribuciones de 200 dolores o menos. Entre abril de 2011 y junio de 2012, cuando todavía quedaban varios meses para las elecciones de noviembre, la campaña de Obama y sus seguidores había gastado unos 400 millones de dólares según la Federal Election Commission. El importe final de los gastos de la campaña de Obama fue de más de 985 millones de dólares; Romney gastó más de 992 millones .
Lo cierto es que la ingente inserción de anuncios políticos en las televisiones privadas es uno de los factores más determinantes del encarecimiento desmesurado que han experimentado los procesos electorales en Estados Unidos, pero está tan asentada en la práctica política de este país que no se cuestiona su uso sino, en el mejor de los casos, su contenido, especialmente cuando se emplean no para mostrar las virtudes del propio programa o candidato sino para denigrar al rival. Son precisamente esos anuncios negativos los más beneficiados por la doctrina Citizens United, pues son el tipo de publicidad característico de los llamados “Supercomités de acción política” o “Super PACs”.
Otros capítulos importantes dentro de los gastos electorales los representan la contratación de personal para las campañas, a pesar de la existencia de muchas personas voluntarias, y la constante realización de encuestas sobre las expectativas y posibilidades de cada candidato, las medidas potencialmente más populares,…
En suma, que o se tiene una ingente capacidad para coger el dinero y correr a gastarlo en publicidad electoral o a poco se puede aspirar en el panorama electoral norteamericano y, poco a poco y de manera no tan evidente, en cualquier panorama electoral.
Una versión reducida de este texto se publicó en La Nueva España el 12 de febrero de 2016.
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