¿Hacienda ya no somos todos?

Cuando todavía siguen vivos rescoldos de indignación en no pocas familias luego de que algunas cabalgatas algo chapuceras permitieran conocer a niños y niñas la verdadera naturaleza de los “Reyes Magos”, la abogada del Estado (sic) que participa en el juicio iniciado el lunes 11 de enero por el llamado “caso Nóos”, Dolores Ripoll, nos ha revelado que “Hacienda somos todos” no es más que una expresión que fue creada en su día para el ámbito publicitario y, por tanto, no puede ser aplicada en el ámbito jurídico; por este motivo, los delitos de fraude fiscal, como el que se imputa a Cristina de Borbón, no nos perjudican a todos sino exclusivamente al Erario Público. Conclusión: si no hay un perjuicio a la ciudadanía no está justificada la presencia en dicho proceso de la acusación popular ejercida por el sindicato “Manos Limpias” (sic). A buenas horas mangas verdes, diría el difunto Al Capone.
Que “Hacienda somos todos” es un extraordinario mensaje publicitario no ofrece duda alguna: forma parte de la memoria histórica y tributaria de este país y ha venido siendo empleado desde finales de los años setenta. Dicho mensaje, u otros similares, son parte esencial de las campañas anuales de publicidad institucional que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que son, a su vez, de las que más dinero invierten (9 millones de euros en 2015 y misma cantidad prevista para 2016), con el objetivo declarado, según el Plan anual de publicidad institucional, de “sensibilizar a los ciudadanos sobre los efectos del fraude fiscal, facilitarles el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y el pago de los impuestos, así como concienciarlos de que para poder financiar los servicios públicos es necesario obtener ingresos públicos, fundamentalmente a través de los impuestos”.
Es, pues, cierto que no viene a cuento utilizar dicha campaña como herramienta jurídica por, al menos, dos motivos: primero, porque no se trata, como se explica en el primer curso de Derecho, de un supuesto de “publicidad formal” de las normas (inserción de las mismas en un boletín oficial) sino de “publicidad reforzada”: una herramienta para recordarnos que existen ciertas obligaciones a las que el Estado otorga especial importancia y por ello está interesado en que todos las conozcamos. Y sobre todo porque, segundo, la repercusión colectiva del pago de los impuestos está expresamente prevista en la Constitución y ha sido desarrollada por las leyes tributarias; de acuerdo con el artículo 31.1 de la Norma Fundamental: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”; el apartado segundo añade que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.
Así, pues, que “Hacienda somos todos” es, además de un eslogan publicitario, un mandato constitucional: todas las personas (incluida Cristina de Borbón) debemos tributar en la medida en que tengamos capacidad económica y de acuerdo con dicha capacidad (principio de progresividad fiscal) y ello porque, como ha recordado reiteradamente el Tribunal Constitucional, sirve “para alcanzar los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) que la Constitución española propugna y que dotan de contenido al Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) (entre otras, SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9).)
En suma, el incumplimiento de la obligación de tributar no sólo afecta al erario al minorar la recaudación fiscal, sino que dificulta que los poderes públicos cumplan con el mandato constitucional (art. 9.2) de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Por decirlo con las palabras que emplea para los alumnos de Primaria la propia Agencia Tributaria en su “Portal de educación cívico-tributaria”: “Todas las personas que viven en la gran casa que es el Estado tienen que pagar entre todos los gastos comunes de esa casa, es decir: todos los ciudadanos, tienen que pagar los impuestos. Pero hay personas que no se comportan como buenos ciudadanos. Hay personas que no pagan los impuestos que les corresponden. Se les llama “defraudadores”…. Como estas personas no han pagado su parte, el Estado tiene menos dinero para los servicios públicos y, entonces, sólo le quedan dos caminos. O bien proporciona menos servicios públicos de los que se necesitan, con lo que todos salimos perjudicados. O bien, si quiere proporcionar los servicios públicos que se necesitan, tiene que pedir más dinero a los ciudadanos, con lo cual los que pagan correctamente sus impuestos tienen que ingresar más dinero por lo que otros usan y no pagan”.
Menos mal que Cristina de Borbón no está siendo juzgada por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas pues, en tal caso, quizá hubiéramos escuchado que ¡Si bebes no conduzcas! no es más que un exitoso mensaje publicitario protagonizado por Stevie Wonder. Ojalá todos los integrantes de la Abogacía del Estado y otros servidores públicos, como el que escribe estas líneas, pudiéramos estar a la altura de los creadores de mensajes publicitarios institucionales.

Texto publicado en La Nueva España el 13 de enero de 2016.

10 pensamientos en “¿Hacienda ya no somos todos?

  1. Erario = Tesoro Público.
    Erario Público es un pleonasmo (redundancia en lo escrito).
    Opino que los profesores, aunque no sean específicos de lengua, deben cuidar sus expresiones.
    Por lo demás estamos de acuerdo.

  2. El lío nace, a mi modo de ver, en una inadecuada regulación del proceso en lo que respecta a fuerza y efecto de una acusación popular.
    Un ciudadano, o grupo de ellos, sin otro filtro previo ni siguiente que el de su propia autoridad y criterio, no debería bastar para mantener a otro en ningún caso (ya sea éste de sangre Real o estándar) incurso en causa penal, con todo lo que ello ha de acarrear a éste último de desgaste y, tantas veces, de anticipo de condena contra la que poco o ningún recurso ha de caberle ya en el futuro.
    La autoridad y criterio de aquellos que han sido formados y seleccionados, en cambio, de manera específica para la administración de justicia (fiscales, abogados del Estado, jueces instructores…), debería determinar siempre, cuando es coincidente, el sobreseimiento y archivo de la causa, por seguridad y por justicia.
    Y conste que digo justicia con minúsculas. Porque hablamos de derecho, ¿no?

    • Pero lo que procedería en derecho sería entonces una reforma legal. En este juicio lo que llama la atención, al menos a mí, no es tanto el problema de la acusación popular sino la puesta al servicio de unos intereses particulares de parte de la maquinaria del Estado. Ojalá esa misma maquinaria fuera igual de beligerante con cualquier otra persona procesada.

      • Ya, amigo Miguel. Entramos entonces en cuestiones que podrían exceder del derecho, que, como bien sabes, siempre es interpretable en sentidos opuestos y, curiosamente, ambos válidos.
        ¿Tendríamos que hablar entonces de política, o más en general de la naturaleza humana? Es el defecto, y también la virtud de lo nuestro (jueces, fiscales, abogados…) de aplicar las leyes, que como obra humana que es adolece de la misma humana y frágil condición.
        Yo personalmente creo -llámame ingenuo- en la voluntad de imparcialidad de los técnicos de Hacienda en este caso, y que el Fiscal se base en lo que esos técnicos dictaminan me parece también lo normal.
        Y no creas que me tiran los colores, que en esto no tengo preferencia.
        Un cordial saludo, y, hala, a seguir pensando y explicando las cosas así de bien, y haciéndonos de paso pensar a los demás aunque sea más despacito.

  3. A mi me preocupa más el papel del fiscal Horrach, que es la piedra clave en esta trama justiciera, y que este funcionario, que debería ser el garante del cumplimeinto legal de la justicia española, pretenda exonerar a una clara imputada, sólo puede significar una cosa, en este país no ha independencia de los proderes. Si la fiscalía debe favores y se somete al tráfico de influencias de los partidos, este país no se va a romper por la independencia de los catañanes, este país ya está roto, es como un zombie que camina, pero está muerto. Cuando le ley se pliega ante los intereses de los partidos políticos el estado de derecho es una falacia, y entiendo a la Casa Real como un partido, los monarquicos, aunque se nieguen a presentarse a unas elecciones.

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