En materia de Interior, cuando llegamos al final de esta Legislatura nos encontramos con una situación en la que los datos oficiales parecen contradecir las políticas públicas que pretenden basarse en ellos: tanto las iniciativas legales como las actuaciones gubernamentales han apelado a las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana); sin embargo, cabe dudar que tales seguridad y tranquilidad estén en peligro si nos atenemos a los datos que ofrece el propio Ministerio del Interior a través de su Anuario Estadístico de 2014: la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes) en España no ha dejado de bajar en los últimos cinco años y dicha tasa es de las más reducidas de la Unión Europea, pues únicamente están mejor en Irlanda, Grecia y Portugal.
Por eso no deja de sorprender el gran empeño durante estos años por aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, de muy dudosa constitucionalidad en varios de sus preceptos, como los que limitan los derechos de manifestación, las libertades de expresión e información o la regulación de los registros corporales. Veremos qué dice el Tribunal Constitucional al respecto.
Esta orientación no puede desvincularse de las modificaciones llevadas a cabo en el Código Penal y confirma la tendencia a una doble expansión sancionadora: la del Derecho penal y la del Derecho administrativo sancionador.
También debe reseñarse la apuesta por el desarrollo de modos de colaboración entre instancias públicas y entidades privadas en el gobierno de la seguridad y la lucha contra el delito, tal y como se evidencia en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Otro de los retos pendientes –la gestión de la entrada de personas extranjeras procedentes de África- se ha despachado de forma chapucera e inconstitucional tratando de dar cobertura jurídica a las “expulsiones en caliente”. Aquí las censuras es probable que también vengan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras tanto seguimos sin noticias positivas sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Finalmente, y ahora que llegan las elecciones, hay que plantearse por qué el registro de partidos políticos y aspectos administrativos de los procesos electorales siguen siendo competencias de Interior y no, por ejemplo, de la Junta Electoral Central o el Ministerio de Presidencia.
Texto elaborado para Agenda Pública para ser distribuido por Colpisa (13 de diciembre de 2015).
El derecho y el revés 
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