Dentro del ciclo de charlas sobre la reforma constitucional que organiza el Aula de Cultura de la Voz de Avilés, tuve ocasión de participar el 22 de septiembre en una sesión sobre normas y formas para la regeneración democrática (puede descargarse en formato pdf la presentación).
En mi opinión, la regeneración democrática significa mucho más que luchar contra la corrupción; exige también limitar las “inmunidades del poder” y propiciar que el pueblo gobernado sea, en la mayor medida posible, pueblo gobernante. Para ello haría falta, entre otras cosas, garantizar la transparencia institucional, promover la contrademocracia y asegurar una representación realmente representativa.
En lo que a la transprencia se refiere, la Ley vigente (19/2013) deja mucho que desear: el acceso no es parte del derecho fundamental a recibir información, prevé múltiples y muy genéricos motivos de denegación, configura un silencio negativo, no exige lo necesario a los obligados, como, por ejemplo, el conocimiento de sus agendas (reunión Fernández Díaz/Rato),… Además, se mantiene la opacidad en otras normas, como la de financiación de partidos, los reglamentos parlamentarios (prevén sesiones y votaciones secretas) o la Ley de secretos oficiales (podrán ser declaradas «materias clasificadas» los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado)… Por si fuera poco, el sistema vigente obstaculiza el debate público y el control parlamentario: se abusa del Decreto-Ley, en el Congreso de los Diputados la mayoría debe admitir la creación de las comisiones de investigación y las comparecencias de miembros del Gobierno,…
Por lo que respecta a la contrademocracia ciudadana o contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones, hay que recordar las carencias en materia de iniciativa legislativa popular, referendos, propuesta de reforma constitucional,…
Finalmente, nuestro sistema representativo es muy poco incluyente tanto en la selección de representantes como en el ejercicio de los cargos: por una parte, prohíbe el sufragio activo y pasivo de los extranjeros con residencia permanente (salvo en las elecciones municipales) y genera resultados que no reflejan el valor igual que debe tener el voto; por otra, no hay una rendición de cuentas periódica y varias prerrogativas parlamentarias (inmunidad, fuero jurisdiccional) han devenido en privilegios.
Para tratar de paliar estas carencias habría que introducir cambios constitucionales (voto de los extranjeros, apertura de las iniciativas legislativas populares, referendos a petición ciudadana, supresión del fuero jurisidiccional y el suplicatorio,…) y legales (reducción de la edad electoral, diseño de un sistema más proporcional, nueva ley de transparencia, reforma de los reglamentos parlamentarios y de la financiación de los partidos,…). Pero también hacen faltan nuevas formas democráticas: primero, porque no harían falta muchos cambios en las normas si hubiera voluntad política de ser transparente, facilitar la renovación de la clase política, consultar a la ciudadanía,…; segundo, porque hay cambios normativos que no han conseguido remover estructuras políticas anquilosadas: la composición equilibrada de las listas electorales asegura una presencia proporcional de mujeres y hombres en los Parlamentos pero no se ha trasladado esas cultura democrática a la composición del Gobierno o de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitcional, el Consejo General del Poder Judicial,…
España ha sido hasta la fecha el paradigma de país incapaz de reformar y modernizar los principios que lo estructuran: Estado de derecho, Estado democrático, Estado social, Estado descentralizado, Estado integrado en Europa. Parece que no cabe esperar más y es urgente que las nuevas normas y formas sean asumidas como tarea prioritaria por los poderes públicos y por la ciudadanía.
El derecho y el revés 
Pienso que la regeneración democrática pasa en gran parte por la «democratización» de la economía, entendida como transformación del mercado en un instrumento al servicio de la comunidad, no como una serpiente pitón que tan pronto nos hipnotiza como nos estrangula.
Las experiencias históricas de planificación del mercado han sido un fracaso, pero quizás se podría aplicar eso que llamas «contrademocracia» a las relaciones económicas desde el lado de los consumidores y usuarios, organizándonos en asociaciones capaces de contrarrestar el poder de los grandes operadores económicos. En ese sentido las subastas de energía que ha llevado a cabo la OCU pueden ser un buen comienzo; quizás también la toma de participación en sociedades prestadoras de servicios por parte de asociaciones que representen los intereses de una gran masa de consumidores y/o trabajadores. Puede que esos instrumentos de actuación colectiva lograran superar la dialéctica regulación/desregulación del mercado y sus consabidos pretextos para justificar un grado de desigualdad rayano en la injusticia.
Sé que esto sonará marxista (con perdón) y trasnochado, pero estoy convencido de que el alcance de cualquier cambio jurídico será muy corto si no va acompañado de un cambio económico a través del cual el individuo asuma poder y responsabilidad sin esperar a que los políticos se lo «concedan».
Como siempre, gracias por tus post, interesantes y amenos.
Saludos,
Gracias por el comentario José Ignacio; coincido contigo en que la regeneración democrática exige un fuerte componente económico, social y cultural y para eso es imprescindible el activismo social y el papel de los movimientos ciudadanos; estas cuestiones no estás tratadas en la presentación porque la charla se centraba en las cuestiones políticas.
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