Elecciones y modestia.

En un artículo titulado, no por casualidad, “Democracia y modestia” (Combat, 1947), escribía Albert Camus: “comienza un nuevo período. Se repetirán los arreglos, los regateos y los líos. Se abordarán los mismos problemas… para llevarlos a los mismos callejones sin salida… La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia. Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres creen poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Esta apelación al diálogo y a la humildad parece más necesaria que nunca en España después de varias décadas en las que ciertos actores políticos se han ido cargando de soberbia, lo que no deja de ser paradójico si nuestra organización política se basa en el reconocimiento expreso del pluralismo y de la igualdad de todas las opciones que se defiendan de manera pacífica. Quizá el origen de esta deriva autoritaria se encuentre en la pretensión de fortalecer a toda costa a unos partidos políticos que o habían sido denostados y perseguidos con saña durante la dictadura o acababan de nacer al calor de la transición a la democracia. No deja de ser curioso que la aspiración democrática que se pretendía para la sociedad fuese algo prescindible o, incluso, contraproducente para los propios partidos, que se echaron en manos de líderes que confundían el carisma con el convencimiento de tener razón. Y, ante tal exhibición de certezas, no pocos militantes y simpatizantes se autocensuraron y callaron sus puntos de vista, quizá por lealtad mal entendida o por temor a los “guardianes de las esencias”, prestos a tapar cualquier discrepancia con, entre otros, el efectivo recurso de recordar quién decidía la composición de las listas electorales.

Si a lo anterior añadimos que el sistema electoral que se aplicó en las primeras elecciones democráticas –vigente en lo sustancial casi cuarenta años después- propició, como estaba previsto y diseñado, cómodas mayorías absolutas (en 1982 el PSOE consiguió 202 escaños -57,71%- con el 48,11% de los votos; en 1986 184 -52,57%- con el 44,06% de sufragios; en el año 2000 fue el PP el que con el 44,52% de votos llegó a  los 183 escaños -52,28% y en 2011 con el 44,63% a los 186 -53,14%-; en 1989 el PSOE obtuvo 175 diputados -50%- con el 39,6% de votos), fue sencillo –y parece seguir siéndolo- hacernos creer que la mayoría absoluta electoral, que no popular, es la certificación de la verdad absoluta del ganador.

La soberbia de los ganadores se ha ido generalizando a buena parte de los sucesivos competidores políticos, al margen incluso de los propios resultados, y se ha convertido en la norma de conducta que preside el devenir de los procesos electorales y el funcionamiento de las instituciones políticas resultantes. Solo así se explica, por citar dos ejemplos, que a estas alturas se mantengan fórmulas absolutamente autoritarias a la hora de decidir la composición de las candidaturas, disimuladas a veces con primarias pensadas para ratificar un resultado esperado, o que no se hayan generalizado los debates públicos entre la formaciones que concurren a una campaña electoral, de manera que alguno de los competidores todavía se permite decidir si dialoga o no, con quién lo hace y en qué formato.

Llama la atención que alguno de estos hábitos de la “vieja política” se mantengan cuando hace pocas semanas se han producido unos resultados electorales que impiden, en general, hablar de vencedores, pues en ausencia de mayorías absolutas en un sistema parlamentario –lo es el autonómico pero, en buena parte, también el municipal- el gobierno no se atribuye a la formación que más votos populares recibe sino a la que, sola o en compañía de otros, consigue mayor respaldo en la respectiva cámara o corporación local. Y es democrático que sea así puesto que en presencia de diferentes minorías –la que resulta más votada no deja de ser una minoría- deben prevalecer las que consiguen ponerse de acuerdo en un programa conjunto de gobierno.

Pero es que los pactos no tendrían que ser extraños también en escenarios de mayorías absolutas, pues, como recordaba Ulrich Beck, la política ha dejado de ser el lugar central, o por lo menos el único, en el que se decide la transformación del futuro social y hacen falta instituciones más ajustadas a unos ciudadanos conscientes de sus derechos y dispuestos a la participación.

Y si aceptamos la necesidad de alcanzar acuerdos lo primero es reconocer que aquellos con los que se dialoga están dotados de legitimidad democrática y son portadores de representatividad popular; en otro caso no tendría sentido hablar con ellos. En segundo lugar, la negociación debe estar al servicio de un programa compartido de gobierno, no de un gobierno compartido para que cada uno haga su programa. Finalmente, si se considera que la última palabra sobre los pactos debe corresponder a militantes, simpatizantes, ciudadanía en general o a los órganos de dirección de cada partido, la consulta tendría que ser transparente, con reglas claras y preguntas no tendenciosas o pensadas para tratar de legitimar una decisión ya tomada.

Parece que, ante un panorama local, autonómico, nacional e internacional en el que nadie tiene en sus manos dar respuesta a los problemas que a todos nos agobian y a muchos maltratan y excluyen, un poco de modestia no sería un mal punto de partida.

Texto publicado en La Nueva España el día 15 de junio de 2015.

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