Libertades y ley electoral.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 1985, define la campaña electoral como el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Dispone, además, que durará 15 días y que terminará “a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación”. Este formato se mantiene desde las elecciones de junio de 1977, pues ya el Decreto-Ley 20/1977, sobre normas electorales, contemplaba una definición idéntica aunque con una duración de 21 días; la reducción a 15 se hizo en 1994.

El Legislador ha considerado necesario imponer una serie de límites al ejercicio, durante la campaña electoral, de derechos fundamentales como las libertades de expresión y comunicación y el derecho de reunión. A continuación analizaremos si tienen sentido democrático.

Atendiendo al orden cronológico de la campaña, la primera restricción –la última en incorporarse a la LOREG, en 2011- es la que prevé (art. 66.2) que “las televisiones privadas deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”.

¿Cuál es el fundamento para presumir que una televisión privada es neutral si opera en los debates y entrevistas electorales de acuerdo con los resultados de los comicios precedentes? De actuar así, más que la igualdad y el pluralismo estará favoreciendo la repetición de los resultados anteriores, a lo que ya “contribuyen” por mandato legal los medios públicos y el sistema de financiación electoral, previsiones, por cierto, que exigirían un comentario crítico monográfico. Pero la cuestión principal es ¿por qué deben ser neutrales los informativos de una televisión privada? La neutralidad y el pluralismo son deberes constitucionales de los medios públicos pero las televisiones privadas actúan en ejercicio del derecho constitucional a informar, no al servicio de la “proporcionalidad y neutralidad” políticas. Cuando, como ahora, existen numerosas televisiones privadas su disciplina debe ser similar a la de la prensa -¿alguien se plantea imponer a un periódico que informe “de manera proporcional” en campaña electoral?- y si el pluralismo televisivo no es el constitucionalmente deseado la causa estará en la política de concesiones.

En segundo lugar, la LOREG establece (art. 69.7) que “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción (lo de la reproducción se añadió en 2011) de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. Tampoco parece que esta limitación a la libertad de información –muchas de las encuestas son encargadas por medios de comunicación- tenga fundamento democrático ni constitucional alguno: si esos estudios no contienen elementos suficientes para anticipar o condicionar el resultado su conocimiento sería inocuo y si de verdad pueden ser relevantes a la hora de decidir el sentido del voto cómo se puede justificar que no se puedan divulgar en la fase final del proceso de formación de la voluntad del electorado. Añádase que las formaciones políticas que presentan candidaturas siguen encargando durante los últimos días de campaña estos estudios, usándolos para fines propios aunque se paguen, habitualmente, con dinero procedente del erario público. Finalmente, esta prohibición, que no existe en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Bélgica,…, puede ser eludida a través de la publicación de las encuestas en medios de comunicación extranjeros, que a veces forman parte del mismo grupo editorial que uno español que, legítimamente, nos remite a ellos. El propio Consejo de Estado español abogó, en su Informe sobre la reforma electoral, de 2009, por suprimir esta prohibición, con la cautela de añadir unas exigencias de calidad mínima a estos estudios.

En tercer lugar, que la campaña electoral acabe a las cero horas del día anterior a la elección implica que durante la llamada “jornada de reflexión” y en el día de las elecciones no se puede pedir el voto ni cabe difundir propaganda (art. 53). Nos encontramos aquí ante un límite a las libertades de expresión –entre otros, de quienes integran las candidaturas- y de información –no cabría publicar entrevistas- inexistente en muchos países avanzados (Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo) y que, en nuestra opinión, carece de sentido. El que se le atribuye –garantizar la libertad del electorado- parece un ejercicio de paternalismo, como si las millones de personas que integran ese colectivo no pudieran, si quieren, sustraerse a esa petición del último momento, que, por otra parte, puede tener especial relevancia si en esas 48 horas finales ocurre algún suceso relevante. Llevada al extremo esta prohibición, habría que obligar a que a las cero horas del día anterior a la votación se hubieran retirado todas las vallas publicitarias para que su presencia no perturbe la reflexión ni la votación. También aquí se evidencia que tenemos una Ley electoral analógica, de eficacia más que dudosa en unas redes sociales electrónicas donde la publicidad electoral es constante, en tiempo real y en modo alguno se detiene a las cero horas del día anterior a las votaciones.

Por último, es conocido que la Junta Electoral Central y algunas Juntas Electorales Provinciales han venido considerando que la prohibición de hacer campaña electoral durante la jornada de reflexión y el día de las elecciones afecta a cualquier manifestación política –ejercicio colectivo de la libertad de expresión- que se pretenda celebrar en esas fechas. Esta aplicación restrictiva e inconstitucional de la LOREG se evidenció en 2011 cuando prohibieron los actos convocados por el 15M alegando que podían influir en el voto o dificultar su ejercicio. Parece que este “derecho electoral preventivo” operará de nuevo este fin de semana salvo que las Juntas reparen en que, como viene reiterando el Tribunal Constitucional al anular sucesivas prohibiciones (por ejemplo, SSTC 37 y 38/2009, y 96/2010), por esta vía llegamos al absurdo de admitir la prohibición de toda reunión por el hecho de serlo y coincidir con las elecciones. La libertad de expresión política, individual y colectiva, no se suspende por coincidir con las elecciones ni está reservada a los actores electorales. Lo que la LOREG prohíbe es pedir el voto, no hablar de política, y como todo límite debe interpretarse de manera restrictiva

Y es que las libertades de expresión e información políticas pertenecen, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Lingens c. Austria) “al corazón mismo del concepto de sociedad democrática” y toda interferencia en su ejercicio estará prohibida “salvo que estemos ante una necesidad social especialmente imperiosa”, lo que no parece que ocurra con los límites a la información en las televisiones privadas, la divulgación de encuestas, la petición de voto o la celebración de reuniones los días finales del proceso electoral.

Una versión más reducida de este texto se publicó en El Periódico el 23 de mayo de 2015.

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Un pensamiento en “Libertades y ley electoral.

  1. Creo que personas instruidas como usted no deberían dar alas a la chusma, que a eso se reduce al final todo esto. Es posible que pronto muchos intelectuales tengan que arrepentirse y pagar un alto precio por haber contemporizado con las hordas. Se nota que no vivieron la guerra y el frente popular. Al tiempo.

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