El año en que votaremos reiteradamente.

2015 se puede calificar como el año en el que votaremos, o podremos votar, reiteradamente: se celebrarán elecciones a 15 de los 17 Parlamentos autonómicos (en principio, todos menos los del País Vasco y Galicia), a los 8.119 municipios, al Congreso de los Diputados y al Senado. Estos procesos se regirán por una “constitución electoral” que, en esencia, es la misma que se empleó en los primeros comicios celebrados tras el fin de la dictadura franquista: el derecho de sufragio reservado a los mayores de 18 años de nacionalidad española (excepto en las elecciones municipales donde pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea y los nacionales de otros países con los que existe un convenio al respecto), un sistema de listas cerradas y bloqueadas (con la excepción de las elecciones al Senado en las que la lista es abierta) y el empleo de la fórmula D’Hondt (salvo en las elecciones al Senado que se rigen por una  fórmula de mayoría).

Quizás convendría que las personas y candidaturas que van a concurrir a los próximos comicios autonómicos y generales (las Cortes Generales y los Parlamentos autonómicos pueden reformar las leyes que regulan las elecciones) explicaran en sus programas electorales si les parece aceptable en términos democráticos que mantengamos un sistema en el que el valor del voto puede ser muy desigual en función de dónde se emita y a qué candidatura respalde (en la circunscripción de Soria vale 5 veces más que en la de Madrid; un voto en la circunscripción Oriental asturiana puede equivaler a 3 votos en la Central); si deben seguir excluidas del derecho de sufragio en las elecciones autonómicas y generales las personas extranjeras con residencia permanente y en las municipales todas aquéllas que sean nacionales de países con los que España no tenga un convenio de reciprocidad; si es admisible que una persona mayor de 16 años pero menor de 18 años pueda casarse, trabajar o rechazar un tratamiento médico que salvaría su vida pero tenga prohibido votar;  si la formación de las candidaturas puede seguir estando en manos exclusivas de los órganos de dirección de un partido sin que los electores tengan capacidad para alterar el orden de colocación (desbloqueo parcial de las listas) o para decidir la propia composición de las mismas (sistema de primarias); si tiene algún sentido que en los cinco días anteriores a las elecciones no se puedan publicar encuestas o que la propia campaña electoral dure 15 días cuando estamos en una situación de precampaña permanente; también por qué no se adopta un sistema de voto electrónico para que puedan ejercer el sufragio los electores residentes en el extranjero o los que estando en España tienen dificultades para votar presencialmente, o por qué se impone a las televisiones privadas que informen durante la campaña electoral dedicando un tiempo a cada candidatura proporcional a sus anteriores resultados.

Pero además de presentar propuestas y de debatir sobre la reforma, en un sentido mucho más democrático, de nuestro sistema electoral también sería bueno que las personas que se conviertan en concejales, alcaldes y parlamentarios autonómicos y estatales asuman que esa proximidad, simpatía y receptividad que nos van a mostrar durante los 15 días de la campaña deben ser algo cotidiano en los próximos 4 años; que las promesas de transparencia y honradez se concreten en una rendición periódica de cuentas y en el repudio de los colegas deshonestos; que el desapego del cargo se demuestre eliminando prerrogativas como el fuero jurisdiccional, acotando la inmunidad parlamentaria, limitando el tiempo de permanencia en los escaños y asegurando la dedicación plena por medio de la incompatibilidad entre los puestos de concejal y diputado, de diputado y miembro del gobierno,…

Además, es muy importante que nuestros futuros concejales, alcaldes, parlamentarios y miembros de los gobiernos autonómicos y central tengan en cuenta que la democracia no se reduce a votar cada 4 años, ni siquiera aunque se trate de años tan prolíficos como el presente. Como decía Hans Kelsen, democracia significa identidad de dirigentes y dirigidos, entre sujeto y objeto del poder del Estado, y gobierno del pueblo por el pueblo y para que esta identidad se produzca es necesario promover la participación directa de la ciudadanía en las actividades de control del poder y en los procedimiento de aprobación de las normas, tanto en la fase inicial -eliminando los límites a la iniciativa legislativa popular-; como en las fase deliberativa –permitiendo que pueda opinar en sede parlamentaria para mejorar la información que reciben las Cámaras, intensificar la transparencia y publicidad de la actividad legislativa, y potenciar la legitimidad de las leyes y su eficacia-, y final, regulando la figura del referéndum derogatorio.

Por último, conviene no olvidar que nada de lo anterior será posible si quienes no vamos a ser concejales, alcaldes, diputados o miembros de los gobiernos nos apartamos de la política comportándonos, como se decía en la Grecia clásica, de forma necia. Si eso ocurre es probable que, en palabras de Saramago (Ensayo sobre la lucidez), un día tengamos que preguntarnos ¿quién ha firmado eso por mí?

Texto publicado en La Nueva España el 3 de febrero de 2015.    

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2 pensamientos en “El año en que votaremos reiteradamente.

  1. Gracias por tu artículo. Quería plantearte algunas cuestiones: tengo entendido que no existe transparencia acerca de quiénes son los titulares de la deuda soberana española. ¿Es eso cierto? En esa línea, ¿sería factible incluir en el ámbito de la iniciativa popular la facultad de exigir una auditoría de la deuda pública?

    Finalmente, una reflexión – pregunta: creo recordar que Cicerón justificaba el sufragio censitario aduciendo que quienes más intereses económicos tenían en juego en la política de Roma eran los que debían tener mayor poder de decisión en la misma. En la actual relación de la política española con los mercados financieros, ¿no hemos entrado por una vía indirecta en una nueva forma de sufragio censitario?

    Muchas gracias y mucho ánimo.

    Saludos,

    José ignacio Andolz Munuera

    • Hola José Ignacio y disculpa el retraso en la respuesta. Se supone que el Tesoro público tiene conocimiento de los que compran deuda pero no me consta que haya posibilidad de conocer esa información; al respecto la reciente Ley de Transparencia -poco transparente por cierto- introdujo como motivo para denegar información el que su conocimiento afecte a los intereses económicos y comerciales. Creo que se podría plantear una iniciativa popular para modificar ese punto.
      No me parece que hayamos entrado en esa forma de sufragio censitario aunque sí es posible que el mismo sufragio universal sirva para incidir menos en la toma de decisiones, como consecuencia de los límites crecientes a los poderes democráticos (Parlamentos), que han avalado reformas legales y constitucionales que han empequeñecido más nuestra ya limitada capacidad de decisión.

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