Un aforamiento desaforado.

En la Constitución española se incluyen una serie prerrogativas que tienen como finalidad garantizar el ejercicio adecuado de las funciones representativas que corresponden a diputados y senadores: “1…. gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato … gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo…” (art. 71).
El origen histórico de estas previsiones es antiguo y se ha remontado al Parlamento inglés y al episodio que supuso, en 1397, la condena a muerte impuesta al diputado Thomas Haxley por criticar a la Corte Real. Tiempo después, Thomas Moro reivindicó como esencial a la tarea de los parlamentarios poder expresarse con libertad y en el Bill of Rights se reconoció la “libertad de expresión, debate y procedimientos en el Parlamento”.
Si a lo largo de los siglos se ha justificado la protección de los parlamentarios frente a las amenazas que podían provenir de la Corona, su configuración e, incluso, su existencia, han de someterse a debate en un sistema democrático en el que se proclama la subordinación de todos los poderes públicos a normas jurídicas. Y así, por ejemplo, la vigente Constitución de los Países Bajos no prevé la inmunidad y en Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo o Suecia no se exige la concesión de suplicatorio para que los parlamentarios puedan ser inculpados o procesados. En cuanto al aforamiento, en Portugal e Italia únicamente lo tiene el Presidente de la República; en Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos no existe. En los países en los que existe, se pierde al abandonar el cargo.
Por las mismas razones, es necesario que la extensión de estas prerrogativas a los titulares de otras instituciones del Estado se justifique en su servicio a la función que cumplen. Al respecto, la Constitución española las ha ampliado al Jefe del Estado –“la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56.3)- y, de manera más limitada, a los miembros del Gobierno que no sean parlamentarios –“La responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo” (art. 102.1)-.
Ha sido, sobre todo, la vía legal -en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ- la que ha servido para ampliar el número de personas protegidas; así, dice el artículo 57 que “La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:… 2. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 3. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia”. Algo similar prevé el artículo 56 en materia civil aunque aquí se limita a “las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo”.
Esta amplísima nómina de aforados carece de fundamento constitucional en la medida en que, primero, se aparta del principio que prescribe que el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes (art. 117.3 CE) y, segundo, no está justificada en atención a la función que cumplen esas personas, pues en el ámbito penal el aforamiento no se limita a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo y en el civil no se aprecia qué menoscabo padecen las funciones institucionales por el hecho de que las demandas de responsabilidad sean competencia de los tribunales naturales.
Y es que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional a propósito de la inviolabilidad e inmunidad, aunque puede generalizarse a las demás prerrogativas, “encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria… Al servicio de este objetivo se confieren los privilegios, no como derechos personales, sino como derechos de los que goza el parlamentario en su condición de miembro de la Cámara legislativa y que sólo se justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre de la institución -ATC 526/1986- y que, en la medida en que son privilegios obstaculizadores del derecho fundamental citado, sólo consienten una interpretación estricta -STC 5i/1985-, tanto en el sentido lógico de sujeción a los límites objetivos que les impone la Constitución, como en el teleológico de razonable proporcionalidad al fin que responden, debiendo rechazarse, en su consecuencia, todo criterio hermenéutico permisivo de una utilización injustificada de los privilegios, que conduzca a un resultado de privación, constitucionalmente ilícita, de la vía procesal pertinente prevista en la Ley” (STC 9/1990, de 18 de enero).
Con estos criterios parecen desmesuradas, y probablemente, inconstitucionales, tanto las vigentes previsiones de la LOPJ como la que pretende dotar de aforamiento total a la persona que ha dejado de ser Jefe del Estado y a su esposa. Cabe recordar que en otras monarquías europeas quienes han abdicado carecen de aforamiento. Pero también aquí España es diferente.

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5 pensamientos en “Un aforamiento desaforado.

  1. La cuestión admite algunos matices.

    Si un presidente del Gobierno o un diputado en Cortes no estuviese aforado, incluso para actos de su vida privada, cualquier Juez de Instrucción -siempre habrá alguno mesiánico o aventurero- podría, sobre la base de una acción popular (que no existe en esos países que se citan en los que no hay aforamiento) acordar una intervención telefónica, una detención o una entrada y registro, por poner algunos ejemplos.

    Sinceramente, yo prefiero que esas decisiones las tome el Tribunal Supremo. De entro los mil jueces de instrucción que hay en España, alguno puede estar tentado a una actuación “audaz”…

    Tampoco está de más recordar que de los famosos 10.000 aforados, más de 8.000 son jueces y fiscales, que no pueden ser juzgados ni investigados por el juez del Juzgado contiguo, sino por un Tribunal Superior de Justicia.

    Por cierto, los diputados, una vez dejan de serlo, pierden el aforamiento. Lo que se protege es, en efecto, a la Cámara parlamentaria.

    • Efectivamente, pero en nuestro derecho también hay mecanismos procesales, incluso penales, para reaccionar contra ese juez mesiánico; por cierto, alguno que acordó intervenciones telefónicas indebidas ya no está ahora en la carrera judicial. De la lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya se deduce que, como apuntas, son jueces, magistrados y fiscales los que suponen el mayor número de aforados, cuestión sobre la que no llamó la atención como debiera el Consejo General del Poder Judicial cuando apeló a la reducción del número de aforados.

    • Lo explicas muy bien, Miguel: los jueces de instrucción no son de fiar y los del supremo completamente, por eso los han puesto allí.

  2. Los tres primeros párrafos y casi el último sobran respecto al título del post, pues éste se refiere a aforamiento y los párrafos mencionados no. O bien se debe incluir otro primer párrafo en que se deje muy claro para los profanos en derecho que aforamiento e inviolabilidad/inmunidad parlamentaria son instituciones totalmente distintas.

    • Muchas gracias por el comentario Antonio. Dejando claro -faltaría más- que en esta o en muchas otras ocasiones anteriores quizá no acerté en el fondo, en la forma o en ninguno de los dos -la premisa del blog es no estar seguro de tener razón-,creo que se puede entender sin tener conocimientos jurídicos que el aforamiento es diferente de las otras prerrogativas y por eso en el primer párrafo se mencionan las que recoge la Constitución para diputados y senadores -inmunidad, inviolabilidad y aforamiento-; luego se trata de situarlas a todas, porque responden a una misma finalidad, en un contexto histórico y constitucional. Finalmente, creo que se puede aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a las tres y por eso la cito. Que el título se refiera al aforamiento tiene que ver, claro, con que es el tema que ahora está siendo objeto de discusión, pero quiero creer -quizá me equivoque-que no es un título tramposo, pues en el contenido del comentario se habla de lo que es el aforamiento en el contexto general de las prerrogativas.

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