La prohibición de banderas republicanas como Derecho administrativo del enemigo.

Hoy se nos ha informado que la Dirección General de la Policía ha recabado un informe de la Abogacía del Estado en el que se avala que los agentes puedan impedir el acceso con banderas y símbolos republicanos al recorrido que este jueves hará el futuro rey Felipe VI por las calles de Madrid tras su proclamación en el Congreso de los Diputados. Una vez recibido el aval  de la Abogacía del Estado, y según las mismas fuentes, la Dirección General de la Policía habría dado orden a los agentes que participarán en el despliegue policial para que eviten la presencia de personas que porten banderas o símbolos republicanos o mensajes antimonárquicos con el objetivo de que la jornada se desarrolle sin incidentes. Posteriormente se ha dicho que tal orden no existía.
De producirse dicha prohición sería inconstitucional y propia del Derecho administrativo del enemigo, entendido como traslación al derecho administrativo sancionador de los elementos propios del Derecho penal del enemigo. Según Cancio Meliá, resumiendo las tesis de Jakobs, el Derecho del enemigo se caracteriza por tres elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento es prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de -como es lo habitual- retrospectiva (punto de referencia: el hecho cometido); en segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada; en tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas. Añade Cancio Meliá que una de las líneas de ese Derecho del enemigo es la “simbólica”, que hace “referencia a que determinados agentes políticos tan sólo persiguen el objetivo de dar la impresión tranquilizadora de un legislador atento y decidido”.
Pues bien, en esa línea simbólica es donde se insertaría una prohibición administrativa que ignorase que nuestro sistema constitucional ha optado por colocar a la libertad de expresión “en una posición preferente y objeto de especial protección” (STC 101/2003, de 2 de junio), y necesitada de un “amplio espacio” (SSTC 110/2000, de 5 de mayo; 297/2000, de 11 de diciembre; 127/2004, de 19 de julio), es decir, “un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (STC 9/2007, de 15 de enero).
Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva tiempo señalando que la “expresión política” exige un nivel elevado de protección a efectos del artículo 10 (sentencias Thorgeir Thorgeirson contra Islandia, de 25 junio 1992, y Hertel contra Suiza, de 25 agosto 1998), siendo así que cuando el objeto del reproche es el gobierno, el espacio permisible para la crítica aún acerba e hiriente, incluso falsa si no hay mala fe, es especialmente amplio (asunto Castells c. España, de 23 abril 1992). En este misma línea el Secretario General del Consejo de Europa recordó, en mayo de 2014, que “in a democracy, critical voices must be allowed to speak”.
En suma, la calle es, como ha dicho el Tribunal Constitucional (STC 66/1995), además de un lugar para la circulación, un espacio adecuado para la participación política y el uso pacífico en las calles, que son de todos, de banderas o símbolos críticos o discrepantes con los propios de las instituciones es parte del derecho fundamental a la libertad de expresión politica. Poco preparadas  estarían las personas que encarnas esas instituciones si no fueran capaces de soportar la discrepancia pacífica.