Regeneración democrática.

Entre el miércoles 23 de abril y el lunes 28 se han celebrado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados las comparecencias de las personas propuestas para pronunciarse sobre los proyectos de regeneración democrática presentados hasta la fecha por el Gobierno.

El miércoles comparecieron Benigno Pendás García, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal General del Estado y Ramón Álvarez de Miranda García, Presidente del Tribunal de Cuentas. Aquí puede verse el vídeo y aquí la transcripción de sus intervenciones en el Diario de Sesiones.

El jueves por la mañana intervinieron Andrés Betancor Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Marcos Vaquer Caballería, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, y 3º. D. Agustí Cerrillo i Martínez, Catedrático de Derecho Administrativo en estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquí puede verse el vídeo. Aquí el Diario de Sesiones.

Por la tarde comparecieron Javier Gómez Lanz, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, y Jacobo Dopico Gómez-Aller, Profesor Titular de Derecho Penal (Catedrático acreditado) de la Universidad Carlos III de Madrid. Aquí está el vídeo, aquí el Diario de Sesiones.

Finalmente, el lunes 28, comparecimos Fernando Conde, Sociólogo. Director de CIMOP, instituto de investigación de mercados y de opinión pública; Miguel Ongil. Analista económico, coautor del libro ¿Que hacemos con la financiación de los partidos? y miembro del colectivo CuentasClaras; Rafael Ortiz Cervelló. Abogado. Responsable del Departamento Laboral de Barcelona de J&A Garrigues; Eloy García López. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, y yo mismo, Miguel Ángel Presno Linera. Aquí está disponible el vídeo (en mi caso la intervención comienza en el minuto 58 y las respuestas en las 3 horas y 25 minutos); aquí el Diario de Sesiones.

Puede verse más información y la recepción de las propuestas en los medios de comunicación en este enlace.

En la compareciencia aporté esta presentación a la Comisión (puede descargarse en pdf). En pocas palabras, creo que la regeneración democrática debe ir mucho más allá de la lucha contra la corrupción: exige nuevos límites a las renacidas “inmunidades del poder” y propiciar que el pueblo gobernado sea, en la mayor medida posible, pueblo gobernante.

En cuanto al Proyecto sobre partidos, llama la atención es que se insista en mantener una Ley de partidos y otra que disciplina su financiación. En segundo lugar, se sigue atribuyendo el Registro de Partidos al Ministerio del Interior, cuando parece evidente que no es una cuestión de orden público. Tampoco se prevén cambios en la organización y funcionamiento de los partidos para que el mandato constitucional de democracia interna sea una realidad. En dicho ámbito podría incluirse, como ocurre en Alemania, el deber de celebrar congresos cada 2 años, como forma de rendición periódica de cuentas a los afiliados e, indirectamente, a la sociedad; también la obligatoriedad de que en los congresos el voto de los compromisarios sea público para que los afiliados que los han elegido verifiquen que se cumple el compromiso con ellos contraído.
En lo relativo a la financiación se mantiene un sistema que beneficia a los partidos más votados; no se prevén límites máximos al importe global de las subvenciones públicas anuales; no se precisa cuáles son las “actividades propias” de los partidos, lo que tiene importancia pues están exentas de tributación; se mantiene la posibilidad de endeudamiento ilimitado, mientras que hasta 2007 había un límite anual: el 25% de la financiación pública, lo que favorece la contención de gastos y disminuye la dependencia de los bancos; se contempla la comunicación al Tribunal de Cuentas de las donaciones superiores a 50.000 y su posterior publicación, pero si se quiere apostar por la transparencia tendría que conocerse la identidad de cualquier donante; el Proyecto dispone que las infracciones muy graves a la Ley de financiación prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 y las leves al año pero si hasta hace bien poco los informes del Tribunal de Cuentas se demoraban 5 años ¿por qué no se fijan plazos mayores?
El Proyecto elimina, con buen criterio, la condonación de deudas por los bancos y las aportaciones a los partidos de las personas jurídicas pero mantiene, lampedusianamente, la financiación ilimitada a las fundaciones dependientes de los partidos, incluida la procedente de empresas y personas jurídicas.
Por último, faltan otras propuestas de auténtica regeneración democrática: el Proyecto de Ley de Secretos Oficiales que tendría que sustituir a una Ley aprobada en 1968, una reforma del sistema electoral para, como reclamó en 2009 el Consejo de Estado, garantizar la igualdad de electores y partidos, y revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes; nuevos Reglamentos parlamentarios que permitan el control del Gobierno (en Alemania se crea una Comisión de Investigación si lo pide el 25% de los Diputados, el 20% en Portugal); una revisión de las prerrogativas parlamentarias que han devenido en privilegios (en Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Suecia no existe el suplicatorio; en Finlandia, Francia, Suecia o Portugal la inmunidad parlamentaria está más limitada que en España; en Holanda no existe. El número de aforados en España no tiene parangón en el derecho comparado); un auténtico control de idoneidad de los candidatos a instituciones como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial; cerrar la puerta giratoria institucional prohibiendo que quien ha sido parlamentario o ministro acceda al Tribunal Constitucional o al de Cuentas; modificar la Ley de Indulto para que, como contempló la Constitución de 1931, sea competencia del Tribunal Supremo y no del Gobierno.
Finalmente, si se quiere recuperar la confianza ciudadana hay que demostrar que se confía en los ciudadanos y ello se probaría democratizando los instrumentos de participación política: eliminando límites a la iniciativa legislativa popular; regulando, como en Italia, el referéndum derogatorio de leyes y admitiendo la iniciativa ciudadana de reforma constitucional.

 

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