El pasado 28 de noviembre tuve la oportunidad de participar, con el profesor Cesare Pinelli, en la Jornada «Crisis de la representación y nuevas vías de participación política«, organizada por la Fundación Coloquio Jurídico Europeo. El resultado de las ponencias y el debate posterior es un reciente libro con el mismo título que la Jornada: Crisis de la representación y nuevas vías de participación política.
Mi contribución se titula «Fatiga del parlamentarismo y algunas propuestas para revitalizarlo«. Las premisas de las que se parte son las famosas palabras de Hans Kelsen en su libro De la esencia y valor de la democracia (1920): «Podría intentarse la reforma del parlamentarismo fortaleciendo el elemento democrático. Si bien no es posible, por razones técnico-sociales, que el ordenamiento estatal se forme en todos sus estadios directamente por el pueblo, sí cabe hacerle partícipe en la legislación en mayor medida de lo que es común en el sistema del parlamentarismo, donde el pueblo queda limitado al acto de la elección».
Las conclusiones que se me ocurren son las siguientes:
Primera.- Los “derechos de gobierno” deberían ampliarse cuanta mayor fuera la pertenencia/permanencia (caso de los nacionales que residen en el propio territorio y de los extranjeros que residen de manera indefinida) y reducirse cuanto menor sea dicha pertenencia/permanencia (los nacionales que pasan a residir de manera prolongada en otro país y los extranjeros que dejan de ser residentes). El plazo de 5 años de residencia legal es un término razonable para que cualquier no nacional pueda participar con plenitud de derechos democráticos en la vida política del Estado en el que reside.
Segunda.- Parece constitucionalmente posible y democráticamente conveniente reflexionar sobre una eventual rebaja de la mayoría de edad electoral por debajo de los 18 años, como ya ocurre en algunos ordenamientos –en Austria, Argentina y Brasil se puede votar desde los 16 años- y como sucede en general con la capacidad para el ejercicio de otros derechos de impronta similar, como los de reunión y manifestación, el derecho de asociación, la libertad de expresión o la elección de los representantes sindicales.
Tercera.- El sistema electoral del Congreso de los Diputados debe ser reformado para garantizar la igualdad de electores y partidos políticos y revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes. Dicho cambio comportaría efectos beneficiosos para el fomento de la participación política de los ciudadanos y una mayor implicación de éstos en el funcionamiento democrático de las instituciones, en línea con lo ya dispuesto en la inmensa mayoría de los ordenamientos europeos.
Cuarta.- Es necesario que el Parlamento sea el lugar de debate sobre la toma de las decisiones más relevantes para la comunidad y que la discusión se lleve a cabo a través de un procedimiento que garantice la publicidad y el control por parte de las minorías.
Quinta.- Deben prohibirse prácticas como el “préstamo de parlamentarios”, reinterpretarse en un sentido democrático la concepción tradicional de la prohibición del mandato imperativo que ampara a los parlamentarios y es necesario articular mecanismos eficaces contra el transfuguismo político.
Sexta.- Sería conveniente una reforma del artículo 71 de la Constitución para que o bien se elimine la inmunidad de diputados y senadores o cuando menos la imposibilidad de su detención se limite a los delitos menores que tengan alguna conexión con el ejercicio de las funciones representativas. También parece oportuna la supresión del suplicatorio y estudiar el sentido del fuero jurisdiccional de los parlamentarios, especialmente de los miembros de las Cámaras autonómicas.
Séptima.- Es imprescindible promover la participación directa de la ciudadanía en el procedimiento legislativo tanto en la fase de iniciativa del mismo –eliminando los límites a la iniciativa legislativa popular-; en la fase deliberativa –permitiendo que pueda opinar en sede parlamentaria para mejorar la información que reciben las Cámaras, intensificar la transparencia y publicidad de la actividad legislativa, y potenciar la legitimidad de las leyes y su eficacia-, y en la fase final, regulando la figura del referéndum derogatorio.
Octava.- Las personas no pueden estar excluidas de la capacidad normativa para impulsar un cambio constitucional. El pueblo gobernado debe poder ser pueblo gobernante especialmente cuando se trata de la Norma Fundamental que regula la convivencia ciudadana.
El derecho y el revés 