Mareas contrademocráticas.

El sábado 22 de marzo llegan a Madrid las llamadas “Marchas de la dignidad”, una de las cuales partió de Asturias el 1 de marzo. A modo de bienvenida el Presidente de la Comunidad madrileña las compara con las que llevan a cabo los seguidores del partido griego Amanecer dorado. Sin entrar en mayores detalles, quizá el señor Ignacio González no olvida que tuvo en desistir de su intento de privatizar parte del sistema sanitario de su Comunidad en buena medida como consecuencia de la campaña de movilización social y jurídica llevada a cabo por las personas, profesionales o no de la sanidad, que integran la denominada Marea Blanca.  Y es que, como es sabido, con el nombre de Mareas se alude a diversos y muy activos movimientos sociales que en los últimos años se han organizado para defender diferentes sectores públicos o colectivos sociales: además de la ya citada Marea Blanca están la Verde (por la educación), la Roja (ciencia), la Negra (función pública), la Naranja (servicios sociales), la Granate (de los emigrantes),… sin olvidar, claro, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios,…

Todas estas movilizaciones no son sino una forma de ejercicio del derecho fundamental de manifestación, que en cualquier Estado democrático está al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio participativo. Y la convocatoria reiterada y en las principales vías de las ciudades de manifestaciones que discurran sin actos de violencia implica, como ha dicho el Tribunal Constitucional –no sospechoso de anti-sistema-, un uso del espacio urbano como un ámbito adecuado para la participación política.

Estas movilizaciones sociales son la antítesis de un sistema político inactivo, donde el papel del ciudadano se limita a la intervención en el proceso de selección de los representantes. Suponen actuaciones de contrademocracia, término acuñado por Pierre Rosanvallon en su libro del mismo título para aludir a una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que debe servir para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.

Pues bien, una de las concreciones de la contrademocracia es el “poder de vigilancia”, que hunde sus raíces, cuando menos, en la Revolución francesa y que, sin olvidar sus manifestaciones totalitarias bien descritas por Orwell y Foucault, puede aportar no un control antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma de vigilancia del poder por parte de la sociedad. En este sentido, una entidad tampoco sospechosa de anti-sistema como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anticipó en 1963 que la vigilancia de los particulares interesados en la protección de  sus derechos constituye un instrumento eficaz de control (asunto Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963).

Una de las formas en las que se puede concretar la vigilancia es la denuncia de los abusos del poder y hoy tienen capacidad para ejercerla, como en décadas pasadas, los medios de comunicación –recuérdese, por citar un caso obvio, el escándalo del Watergate, que desembocó en la primera renuncia de un Presidente en la historia de Estados Unidos-, bien a título individual o con la colaboración de organizaciones más o menos complejas, pero también los propios ciudadanos disponen cada vez de  más capacidad de supervisión y  denuncia. Y la denuncia de las actuales condiciones sociales, políticas, económicas y culturales es, en buena medida, lo que está presente en las Marchas y Mareas.

En definitiva, y siguiendo con la terminología de Rosanvallon, cuando hablamos de la necesidad de una fuerte contrademocracia para que exista una democracia fuerte, hablamos de la importancia de contar con movimientos sociales y políticos que lleven a cabo una interacción intensa entre la ciudadanía y la esfera política, ejerciendo una democracia de expresión, mediante la que se formulen críticas a las actuaciones de los poderes públicos y se expresen reivindicaciones; una democracia de implicación, a través de conjunto de actuaciones mediante las que los integrantes de esos movimientos se relacionan entre ellos para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas imprescindibles para alcanzar un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo,…

Como concluía Rosanvallon en una entrevista en el diario La Nación, “el buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza. Alain repetía que, para estar viva, la democracia debía asumir la forma de poderes activos de control y resistencia”.

Texto publicado en Asturias24 el 22 de marzo de 2014.