Derechos y espacio público.

Acaba de publicarse el libro Derechos y espacio público (puede descargarse en formato pdf pinchando en el título) en el que es incluyen las ponencias presentadas en la jornada que el 31 de mayo de 2013 se celebró en la Sede de la Procuradora General del Principado de Asturias, institución que junto a la Universidad de Oviedo patrocina la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades. Bajo este título se ha querido reflexionar sobre las formas más actuales de ejercicio de derechos fundamentales clásicos, como las libertades de expresión e información, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, el derecho de reunión o la libertad religiosa.

Como explica en la Presentación la profesora Paloma Requejo, directora de la Cátedra y coordinadora de la jornada y el libro, en su ponencia Internet como espacio público de la información Marc Carrillo subraya la relevancia alcanzada por la red como plataforma para el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a comunicar y recibir información. Aspectos positivos como la universalidad y la accesibilidad de internet no pueden hacer olvidar la existencia de no pocos inconvenientes. La distinción entre información/publicidad; la determinación de la autoría de la información y la exigencia de responsabilidades; la fiabilidad/veracidad de la información y su relevancia o interés objetivo; el derecho al olvido de los datos personales en la red y la identificación del responsable de su eliminación cuando carecen de interés público; la regulación y el control de las descargas en la red o el establecimiento de un canon digital para proteger los derechos de propiedad intelectual, son algunos de ellos. Un análisis de la legislación y de la jurisprudencia española, extranjera y europea más reciente sobre estas cuestiones nos permitirá conocer las posibles soluciones y cómo en muchos casos las respuestas no han de diferir de las que se contemplan cuando el medio de comunicación es tradicional.

En una «sociedad de la vigilancia» como la nuestra, M.ª Asunción de la Iglesia apuesta en su intervención sobre Videovigilancia y espacio público por un necesario equilibrio entre la seguridad que estas herramientas ofrecen y la protección que merecen la privacidad y el libre ejercicio de derechos fundamentales como la intimidad, la propia imagen, el honor, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de comunicaciones o la protección de datos, que pueden verse seriamente afectados por lesiones directas o por el llamado efecto desaliento provocado por las cámaras. Si en el plano internacional se insta a los ordenamientos estatales a que salvaguarden estos derechos frente a la videovigilancia, la regulación española no está exenta de crítica. Sectorial y dispersa, como señala la ponente, acoge distintos regímenes jurídicos en atención al sujeto que realiza la videovigilancia –fuerzas de seguridad o particulares–, lo que parece aconsejar una intervención del legislador y mayores garantías que las actuales tanto en la fase previa a la instalación de las cámaras como tras la recogida de datos, de tal modo que el principio de proporcionalidad esté siempre operativo y el afectado tenga conocimiento de la captación de imágenes y de que su tratamiento se ajusta a la finalidad de la recogida.

En su aportación, Nuevas formas de ejercicio del derecho de reunión: de las manifestaciones y acampadas del 15-M a los escraches, Miguel A. Presno estudia si es posible encajar estos fenómenos en el objeto del derecho fundamental de reunión, al encontrar en ellos sus elementos definitorios: subjetivo –agrupación del personas–, temporal –duración transitoria–, finalista –licitud de la finalidad– y objetivo –lugar de celebración–. La respuesta es afirmativa incluso cuando la manifestación/concentración no se notifique, pues, todo lo más, ello da lugar a una sanción administrativa; cuando se celebre durante la campaña electoral o en la misma jornada de reflexión, en tanto no es un acto de campaña, ni pretende la captación de sufragios. En los escraches también pueden estar presentes los elementos referidos del derecho de reunión, si se trata de una manifestación colectiva de la libertad de expresión en la que se quiere denunciar y reivindicar ante cargos públicos -no ante cualquier persona- cuestiones de índole social, reprochándoles su actitud y pretendiendo influir en la formación de la voluntad pública sin violencia. No vulneran la inviolabilidad del domicilio ni la intimidad siempre que la protesta tenga una duración limitada en el tiempo, un objeto lícito y se realicen sin presiones ni acoso.

Benito Aláez en su ponencia Símbolos religiosos y ejercicio de derechos fundamentales en los espacios públicos ofrece un análisis de la cuestión superando el habitual enfoque de derecho objetivo, presente en las ya abundantes resoluciones judiciales en la materia. A su entender el acento debe ponerse, más que en la relación Religión-Estado que la Constitución establece, en la distinta posición que ocupan ciudadanos y poderes públicos en el ejercicio de los derechos fundamentales y en un concepto de democracia en el que tan determinante es que la mayoría decida sobre cuestiones dejadas abiertas por el texto constitucional como que se respeten los derechos de la minoría. Desde este planteamiento intenta dar respuesta a problemas concretos como la colocación de crucifijos por el Estado en la escuela pública o las prohibiciones de uso libre del velo islámico en espacios públicos. En el primer caso el modelo español de neutralidad activa/cooperativa dificulta que esa práctica pueda ser vista como una confusión entre funciones públicas y religiosas contraria al mandato de aconfesionalidad, sin descartar que pueda resultar inconstitucional si se demuestra que conlleva una injerencia o menoscabo en la libertad religiosa negativa de algún ciudadano. En el segundo, estamos ante un caso de ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y a la propia imagen que puede verse limitado por ley si se persigue con ello un interés general constitucionalmente legítimo –orden público, protección de derechos fundamentales de terceros o correcto funcionamiento de instituciones y servicios públicos–.

Portada Derechos y espacio público

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