Reiniciando el sistema electoral asturiano.

La democracia exige que el pueblo gobernado pueda actuar, en la mayor medida posible, como pueblo gobernante. Los procesos electorales son uno de los instrumentos, no el único, para alcanzar ese objetivo y por ello las leyes que los regulan deben aspirar, por emplear unas palabras del Tribunal Constitucional español, a “la mayor identidad posible entre gobernantes y gobernado”. Para alcanzarla caben varias opciones tanto en la fase de selección de los candidatos como en la elección propiamente dicha y el desempeño del cargo representativo. En las líneas siguientes expondré algunas de las propuestas que en esta materia he tenido ocasión de presentar ante la Comisión que estudia la reforma de la Ley Electoral asturiana en la Junta General del Principado (pueden verse más detalles de las propuestas aquí).
Ahora el tipo de voto es de lista cerrada y bloqueada: el votante puede optar entre diversas candidaturas pero no mezclar candidatos de diferentes listas –voto de lista abierta- ni alterar el orden que le ofrece la candidatura. La lista cerrada y bloqueada deja en manos de quien la promueve –normalmente un partido- tanto la selección de los candidatos como su ubicación en la lista, de manera que se puede intuir qué personas resultarán elegidas. Esta fórmula ha servido, entre otras cosas, para dotar de enorme poder a los que seleccionarán -el “aparato” del partido- a los candidatos. En el lado opuesto, la lista abierta da gran libertad al votante pues podrá confeccionar “su” propia lista mezclando candidatos de distinta orientación política, lo que podría generar problemas a la hora de poner en práctica proyectos muy distintos. Es el sistema que se usa en el Senado pero que apenas ha tenido incidencia pues la inmensa mayoría de los votantes elige, no entre personas concretas, sino entre opciones políticas.
Con el desbloqueo de las listas el votante puede alterar el orden que se le ha ofrecido para preferir que si esa candidatura consigue 1 escaño lo ocupe no el primero de la lista sino, por ejemplo, el que va en el puesto 3.
De esta manera, el artículo 20 de la vigente Ley 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General, podría tener la siguiente redacción: “a.- Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas de candidatos. b.- El votante podrá seleccionar, en cada tramo de 5 nombres, el orden en el que prefiere sean adjudicados los escaños. Para señalar el orden de preferencia indicará en la casilla colocada al lado de cada nombre un número del 1 al 5. c.- Si el votante no añade número alguno se entenderá que acepta el orden propuesto en la candidatura. d.- Si el votante añade menos de 5 números se entenderá que, en lo no señalado, acepta el orden propuesto por la candidatura”. En tal caso, habría que modificar también el artículo 13.e) de la Ley de la manera siguiente: “Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudicarán a los candidatos incluidos en ella según las preferencias señaladas por los votantes. En todo lo no señalado por los votantes se asignarán por el orden de colocación en que aparezcan”.
Me parece que esta opción es la más adecuada pues combina el voto a un concreto proyecto político con la libertad relativa del votante para decidir qué personas serán las elegidas para, en su caso, llevarlo a la práctica. Si, además, se realizan elecciones primarias para formar las candidaturas nos encontraríamos con un doble mecanismo de fortalecimiento democrático.
En segundo lugar, tenemos un sistema electoral que al repartir los escaños en 3 circunscripciones y asignar 2 fijos a cada una provoca que la ratio entre parlamentarios y electores sea bastante diferente -en las elecciones de 2012 en la Circunscripción Central se asignó 1 escaño por cada 22.997 electores, en la Occidental 1 por cada 20.593 electores y en la Oriental 1 por cada 16.855- y, lo que es más importante, que el valor de los votos cambie de una circunscripción a otra, de manera que para una candidatura el coste en votos de un escaño sea de poco más de 5.000 mientras que para otra sean necesarios más de 17.000. Esta desigualdad se produce incluso entre votantes de la misma formación según lo hagan, por ejemplo, en la Circunscripción Oriental (donde es más “barato” conseguir un diputado) o en la Central (la más “cara”). Por si fuera poco, con el actual sistema es posible que una formación que queda en segundo lugar en número total de votos consiga, sin embargo, el mayor número de escaños. No parece, pues, que un sistema así se ajuste al mandato, impuesto por el Estatuto de Autonomía, de igualdad en el sufragio y de asignación proporcional, que, como ha dicho el Tribunal Constitucional, debe “asegurar a cada partido político una representación, sino matemática, cuando menos sensiblemente ajustada a su importancia real”.
Pues bien, con una circunscripción para toda la Comunidad se cumple el principio de igualdad y, con la fórmula D’Hondt, se consigue una gran proporcionalidad, que es todavía mayor con la fórmula Sainte-Laguë. Y no provoca “desgobierno” porque no hay que confundir “gobernabilidad” con mayorías absolutas, pues también es posible con pactos que moderen los peligros de las mayorías absolutas. En todo caso, si hay mayoría absoluta que sea, no porque la “provoca el sistema”, como ocurre en la actualidad en el Congreso de los Diputados –el PP con el 44% de los votos tiene el 53% de los diputados-, sino porque lo ha querido la ciudadanía: en la Comunidad de Madrid y en La Rioja –circunscripciones únicas en Comunidades, como Asturias, uniprovinciales- hay mayorías absolutas del PP porque este partido consiguió más del 50% de los votos en las últimas elecciones.
En tercer lugar, nuestra Ley electoral tendría que incorporar, lo que hasta ahora no se ha hecho en España, la sustitución temporal para los casos de embarazo y permisos de maternidad de las parlamentarias, y también por razones de enfermedad prolongada de un diputado o condena por tiempo inferior al que falte de Legislatura. De esta manera, una circunstancia imprevista o, en todo caso, no imputable al Grupo Parlamentario no afectaría a su composición y funcionamiento, ni al peso político que la ciudadanía otorgó a cada formación. La persona sustituta desempeñaría el cargo en las mismas condiciones que la sustituida y finalizaría su función con la reincorporación de esta última (pueden verse más detalles en el libro La sustitución temporal de los representantes políticos).
Adicionalmente cabrían otras reformas para crear una Junta Electoral permanente; regular los debates electorales durante la campaña, incluyendo en su caso a formaciones extraparlamentarias con un mínimo arraigo político; articular el voto electrónico a distancia para los asturianos residentes en el extranjero,…
Como es obvio, no se trata de introducir cambios con fines experimentales o por mero afán de innovación sino para trasladar al ámbito asturiano de decisión reformas que, ante una crisis aguda de las instituciones representativas, podrían contribuir a que la política vuelva a ser una promesa y no un problema. Y no cabe oponerse a la reforma apelando a las viejas retóricas de la intransigencia: no sirve de nada porque nada va a cambiar, se pondría en riesgo lo que ya hemos alcanzado,… Las listas desbloqueadas funcionan con normalidad en la mayor parte de los países europeos; en Alemania –paradigma de “estabilidad”- tienen el sistema electoral más proporcional de Europa después de que el Tribunal Constitucional anulará mecanismos que provocaban menos desigualdad que la que tenemos aquí; la sustitución de parlamentarios existe en todos los países nórdicos, en Holanda, Bélgica, Portugal,… Si eso es así, y sin olvidar que existen otras formas de alcanzar más proporcionalidad con varias circunscripciones, la pregunta que cabe hacerse es: ¿qué argumentos democráticos se ofrecen para que nada cambie y todo siga igual?
(Una versión resumida de este texto se publicó el 21 de abril de 2013 en el periódico La Nueva España).

Anuncios

2 pensamientos en “Reiniciando el sistema electoral asturiano.

  1. Veo un problema en lo que se refiere al las listas cerradas y no bloqueadas. Y es que se puede dar el caso, que es lo mas probable, que con la formula que propones no se respete o resulte la “cremallera”, es decir hombre… mujer…hombre…mujer. No es que yo este de acuerdo con la cremallera, pues pienso que las personas deben de optar en función de parámatros distintos al puramente sexual, pero ten en cuenta que esto se aplica en la mayoría de los partidos o coaliciones.

  2. José Manuel, con la normativa actual no hay ningún problema: la Ley Electoral no obliga a que las candidaturas se formen alterando hombres y mujeres; sí exige que en cada bloque de 5 haya una propoción del 40/60%. Por tanto, en cada bloque de 5 el votante podría preferir indistintamente a unos y otras. Cosa distinta son los pactos internos de los partidos o los externos de las coaliciones pero eso es algo que el votante, al desbloquear las listas, podría decidir. Otra opción que propuse es, precisamente, optar por un sistema de lista “cremallera”: si así lo hiciera el Parlamento asturiano lo que podría hacer el votante es preferir pero siempre que a una mujer siga un hombre o viceversa; textualmente lo que propuse es un nuevo artículo 20: a.- Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas en las que se alternarán hombres y mujeres. b.- El votante podrá seleccionar, en cada tramo de 5 nombres, el orden en el que prefiere sean adjudicados los escaños. Para señalar el orden de preferencia indicará en la casilla colocada al lado de cada nombre un número del 1 al 5 pero respetando siempre la alternancia de hombres y mujeres

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s