El Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, del Gobierno de Andalucía para asegurar la función social de la vivienda.

Hoy, 11 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, para asegurar la función social de la vivienda. La posibilidad de aprobar normas de esta índole está prevista en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que dispone: “1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía. No podrán aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía. 2. Los decretos-leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante el plazo establecido en este apartado el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos-leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia”.

Sin entrar a fondo en su contenido, me permito señalar algunas conclusiones a las que llegamos tres profesores de la Universidad de Oviedo (Francisco Bastida Freijedo, Benito Aláez Corral y yo mismo) con ocasión de un estudio sobre las posibilidades legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda:

en primer lugar, de lo que se trata es de integrar la competencia exclusiva autonómica en materia de urbanismo y vivienda con “aquellas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen del suelo, pueden propiciar que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa). Pero… no debe perderse de vista que … es a las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo y es a tales entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística…” (STC 61/1997, F. 6.b).

En estos ámbitos, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las Comunidades Autónomas, siempre que sus previsiones sean coherentes con la regulación estatal, están habilitadas para regular causas de expropiación, las garantías que les correspondan, supuestos indemnizatorios específicos y procedimientos administrativos especiales. En otras palabras, la competencia autonómica sobre urbanismo y vivienda no es “exclusiva” en sentido estricto, pues puede estar condicionada por las competencias estatales, pero eso no la convierte en una competencia de desarrollo o ejecutiva. En consecuencia, las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo sobre el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”.

En definitiva,

1) las Comunidades Autónomas tienen capacidad legislativa y reglamentaria para emanar normas que afecten a la ordenación urbanística y a la vivienda;

2) las Comunidades Autónomas deben ser las que asuman el protagonismo sobre el diseño urbanístico de sus territorios, sobre el suelo y el “modelo de ciudad”;

3) están habilitadas para regular causas de expropiación, las garantías que les correspondan, supuestos indemnizatorios específicos y procedimientos administrativos especiales,

4) pueden definir y llevar a cabo una política de vivienda propia, complementando las actuaciones de protección y promoción previstas por el Estado, con cargo a sus propios recursos,

5) pueden aplicar las medidas estatales adaptándolas a las peculiares circunstancias de su territorio,

6) cuentan con competencias para crear figuras como las viviendas de protección autonómica y para llevar a cabo políticas de fomento propias,

7) Pueden incluir en sus normas exigencias sobre estándares de calidad, zonas verdes, densidades de población, repartos de vivienda asequible entre los distintos municipios, previsiones especiales para determinados municipios en función de su tamaño poblacional y territorial, sus características similares,…

Al respecto, cabe recordar la STC 37/1987, de 26 de marzo, en la que el Tribunal avaló la constitucionalidad de la Ley del Parlamento de Andalucía núm. 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria: “…el derecho a la propiedad privada que la Constitución reconoce y protege tiene una vertiente institucional, precisamente derivada de la función social que cada categoría o tipo de bienes sobre los que se ejerce el señorío dominical está llamado a cumplir, lo que supone, como ya sabemos, la definitiva incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual del titular en la propia definición de cada derecho de propiedad o, si se prefiere, en la delimitación concreta de su contenido. Como es lógico, esta delimitación no se opera ya sólo en la legislación civil, sino también en aquellas otras Leyes que cuidan principalmente de los intereses públicos a los que se vincula la propiedad privada. Así ocurre en el caso de la propiedad urbana, cuyas Leyes de ordenación están muy lejos de establecer sólo, como los recurrentes pretenden, «medidas de policía concretas», respetando, como regulación ajena, «la imposición de obligaciones y limitaciones al ejercicio de los derechos dominicales», sino que, muy al contrario, establecen por sí mismas, o por remisión a los instrumentos normativos del planeamiento, los deberes y límites intrínsecos que configuran la función social de la propiedad del suelo, desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Y así ha sucedido y sucede también en el caso de la legislación agraria, cuyos objetivos conducen a una regulación de la propiedad de la tierra destinada a usos agrícolas, que se superpone a la legislación civil propiamente dicha. Así las cosas, resulta también evidente que si la Comunidad Autónoma andaluza es titular de una competencia específica para legislar en materia de «reforma y desarrollo del sector agrario», como efectivamente así es según dispone el art. 18.1.4.ª de su Estatuto de Autonomía, dicha competencia incluye la posibilidad de legislar asimismo sobre la propiedad de la tierra y su función social, dentro del territorio de Andalucía. De todo lo cual se desprende que la Ley de Reforma Agraria impugnada no ha invadido las competencias exclusivas que al Estado reserva el art. 149.1.8.ª de la Constitución”.

La cuestión en el caso del Decreto-Ley de Andalucía sería determinar si esta regulación se puede llevar a cabo en los términos en los que se hace a través de esa figura legislativa.

Y, finalmente, por lo que respecta a la incidencia de las Comunidades Autónomas en la función social de la propiedad cabe recordar también que lo hacen a través de las normas tributarias relativas al impuesto de bienes inmuebles, el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, la creación de impuestos propios: sobre solares, grandes establecimentos comerciales, fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas,…

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