La imputación de Cristina de Borbón.

El miércoles 3 de abril se conoció el Auto de imputación de Cristina de Borbón. Me llama la atención, si partimos de que la justicia es igual para todos, la extraordinaria cautela del Juez Instructor, que ha decidido la imputación a través de un auto mucho más extenso y razonado de lo que es habitual. Desde el punto de vista procesal también es inaudita la extraordinaria diligencia del Fiscal para recurrir el Auto de imputación e, incluso, el mero hecho de impugnarlo. 

Como es sabido, se trata de la primera imputación de una persona en la línea sucesoria y la segunda de alguien vinculado a la institución, luego de que lo fuera Carlos García Revenga, “secretario de las Infantas”. Son hechos especialmente graves -y la imputación de la Infanta previsible- por lo que es inadmisible el silencio y la parálisis de la Casa Real, que hasta ahora se ha limitado a mantener en su cargo al señor García Revenga, a comunicar que no comenta las resoluciones judiciales y, en evidente contradicción con lo anterior, a mostrar su sorpresa por la decisión judicial. Si añadimos, entre otras cosas, las recientes informaciones, todavía no rebatidas, sobre cuentas bancarias del Rey en Suiza, las que han venido saliendo en el “caso Nóos” sobre el propio Jefe del Estado y sumamos la tradicional opacidad de la institución, que, como ya se comentó en otra entrada (Opacidad de la Casa Real y marxismo gubernamental), no parece plantearse su sometimiento pleno a la futura Ley de Transparencia, se puede concluir que la Casa Real vive más en el siglo XIX que en el siglo XXI. En otro país monárquico (Gran Bretaña, Suecia, Holanda,…) es probable que el Jefe del Estado se dirigiera al país para dar explicaciones sobre lo que está pasando. Veremos si España  también es diferente en estas situaciones.

En otro plano, no puede dejar de mencionarse la, cuando menos, pasividad de las sucesivas mayorías parlamentarias, que no han encontrado tiempo para aprobar la Ley Orgánica que prevé la Constitución para regular las abdicaciones y renuncias y que tendría que aplicarse ahora en el supuesto de que la infanta se aparte, por propia iniciativa u obligada, de la línea sucesoria.

El 5 de abril se presentó el Recurso de Apelación por parte del Fiscal, que más bien parece un alegato de la defensa en la fase de conclusión de un juicio oral pidiendo la absolución por falta de pruebas. Desde luego coloca bien alto el listón de una de las funciones que le atribuye al Ministerio Fiscal el artículo 124 de la Constitución: la defensa de los derechos de los ciudadanos. Se supone que cualquier imputado merecerá, en circunstancias similares a Cristina de Borbón, un tratamiento similar para que, como diría el propio Fiscal, no suponga, cuando menos, un trato discriminatorio.

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