El estado de la indignación.

El primer párrafo del discurso leído por el Presidente del Gobierno la mañana del miércoles 20 de febrero decía: “Señor presidente, señorías,: 5.965.400. Esta cifra, por sí sola, refleja el aspecto más duro y dramático de la situación social y económica por la que atraviesa España. Representa el número de personas -4.743.000 españoles y 1.222.000 inmigrantes- que cada mañana se enfrentan a la dura realidad del paro. Más del 26% de nuestra población activa no encuentra empleo y a más del 50% de nuestros jóvenes les ocurre lo mismo. Desde hace ya demasiado tiempo encabezamos el ranking del desempleo en la Unión Europea”.

Se trata sin duda de una forma adecuada de empezar el diagnóstico del “estado de la Nación”, pues una de las principales dolencias de la sociedad española es, precisamente, el desempleo. Parecería lógico que, a continuación, el Presidente se refiriera a los demás padecimientos que nos abruman y que son quiebras de uno o varios de los principios que estructuran nuestro sistema político: el estado de derecho, el estado social, el estado democrático, el estado autonómico y, en menor medida, el carácter monárquico de la jefatura del estado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad luego de ese primer momento realista.

Comencemos por el “estado de derecho”, que no es otra cosa, en esencia, que el sometimiento de todos –ciudadanos y poderes públicos- a normas jurídicas y la interdicción de la arbitrariedad de dichos poderes. Nada dijo el Presidente sobre la quiebra que ha supuesto, en términos de equidad social y tributaria, la amnistía fiscal ni tampoco sobre los indultos bochornosos a culpables de delitos de tortura u homicidios, ni siquiera para disculparse y ofrecer propósito de enmienda. Tampoco aparece en su discurso mención significativa a la Administración de Justicia, garante de los derechos ciudadanos y del control de las demás Administraciones, ni aclara en qué términos, de producirse, se modificará la reciente Ley de Tasas, paradigma de norma impeditiva del ejercicio de derechos. Sí hubo referencias a la corrupción y menciones a medidas para reprimirla –los tradicionales cambios del Código Penal- y prevenirla, para lo que propuso cambiar su propio Proyecto de Ley de Transparencia –hecho de manera poco transparente- y extender su aplicación a “todas aquellas entidades que se financien a través de fondos públicos”. Me pregunto: ¿también a las confesiones religiosas? ¿Y a la Casa Real?

En cuanto al “estado social”, entre las 12.195 palabras que componen el discurso del Presidente no se encuentran “justicia”, “pobreza”, “exclusión”, “salud”, “atención a la dependencia”, “desahucio” o “hipoteca”; “sanidad” y “servicios sociales” aparecen una vez y para sostener que “a cambio de control y rigor en las cuentas de las Administraciones” se ha mantenido su funcionamiento. Y de la vivienda se habla, en dos ocasiones, como un “sector” en el que se han hecho reformas. No parece haber, por tanto, problema alguno en nuestro país en la sanidad, la vivienda, la atención a las personas dependientes o, en general, en los servicios sociales. Dijo el Presidente que las pensiones han subido pero admitió que no se han podido actualizar y habló de “tranquilizar a los pensionistas”, aunque sin aclarar qué método tranquilizante pretende aplicar. Desde luego no debieron quedar muy sosegadas las personas en situación de prejubilación, que siguen sin saber cuáles serán sus condiciones después de que de forma insólita el Gobierno, por Decreto-Ley, suspendiera tres meses la aplicación de la norma correspondiente con el fin de endurecer dicha condiciones.

Sí podemos estar tranquilos en el ámbito de la educación pues aunque no se cita la Universidad ni la investigación sí se promete incorporar “entre los contenidos mínimos de los niveles educativos, asignaturas que fomenten el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor”.

El “estado democrático” aparece como una mera consecuencia de las medidas propuestas para luchar contra la corrupción. Dice el Presidente, y dice bien, que “la principal obligación de un responsable político es perfeccionar la democracia de forma permanente”. Pero resulta obvio que la mejora de la democracia es algo mucho más grande que luchar contra la corrupción. Sin embargo, y a pesar del creciente descrédito de las instituciones políticas, no se incluye propuesta alguna sobre el sistema de elección de los representantes, la eliminación de obstáculos a las iniciativas legislativas populares, la incorporación de la ciudadanía a los debates legislativos sobre asuntos de gran transcendencia social, la modificación de la inmunidad parlamentaria o la posibilidad de convocar consultas populares.

Finalmente, el “estado autonómico” es traído a colación para reiterar la posibilidad de cambios, dentro del marco constitucional, y la necesidad de diálogo sobre las “carencias fiscales, económicas o competenciales”, pero sin aclarar qué propone el Gobierno para colmar dichas carencias.

Es obvio que en un debate como éste no se pueden tratar todos los asuntos ni aportar propuestas para todos los problemas pero, precisamente, la función de la política es saber qué cuestiones son prioritarias para la ciudadanía, a la que sin duda disgusta la corrupción pero a la que preocupa mucho más el desempleo, la educación, la sanidad, los servicios sociales o la vivienda.  

En una sociedad democrática avanzada cuando se discute de política no se trata de “ganar un debate” ni de “salir airoso” de una situación comprometida. Tampoco de debatir sobre el estado de un ente abstracto llamado nación sino de los concretos problemas de millones de personas cuyo estado actual es de creciente y justificada indignación y que, lejos de lo que presume el Presidente, es poco probable que estén convencidas de que sus propuestas sean “el camino inevitable”.

Texto de opinión publicado en La Nueva España el 23 de febrero de 2013.

 

 

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