Crisis económica y (des)atención de las personas y grupos vulnerables.

Acabamos de presentar el libro colectivo Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables -se puede descargar aquí pulsando sobre la imagen- editado por la Procuradora General del Principado y la Universidad de Oviedo, y que he tenido la oportunidad de coordinar.

En la medida de sus modestas posibilidades, este libro pretende situar los derechos de las personas en el contexto de esa crisis, tanto para evidenciar el menoscabo que están sufriendo como para apuntar algunas fórmulas para su adecuada protección. Por razones de espacio no ha sido posible tocar todos los aspectos que merecerían ser estudiados como, por ejemplo, la repercusión de las medidas de recorte en el sistema educativo o las consecuencias que el vigente sistema hipotecario está acarreando a miles de personas y familias hipotecadas. En todo caso aunque no están todos los temas que son sí son todos los temas que están.

 En la introducción –lo esencial de la crisis sigue siendo invisible– me centro en comentar la visibilidad de la crisis y la invisibilidad de su incidencia en las personas y grupos más vulnerables. Y es que  hasta la fecha la abrumadora atención dedicada en los ámbitos político, social, informativo y académico a la crisis como fenómeno económico y financiero no ha tenido la  correspondencia adecuada con el análisis de sus repercusiones en los derechos de las personas. Y esa desatención a los efectos que la crisis está provocando en las vidas de tanta gente resulta especialmente reprobable cuando se produce en la esfera de los poderes públicos, pues están especialmente obligados por una Constitución que proclama en su Preámbulo “su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo,…, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida y establecer una sociedad democrática avanzada”.

En su trabajo Los derechos sociales a prestaciones en tiempos de crisis, el profesor Ingo Sarlet alude a la diversidad de modelos de reconocimiento y protección de los derechos sociales, tanto en el seno de cada Estado, como en el ámbito internacional Señala que, en todo caso, aunque se sepa que la simple previsión de los derechos sociales en los  textos constitucionales y en las leyes no es suficiente para asegurar su efectivo disfrute, sí se debe tener presente que la precariedad no puede ser despreciada por el Derecho, que el principio de prohibición de retroceso social puede ser un factor poderoso para prevenir o reducir el impacto de la crisis, especialmente cuando se trata de asegurar niveles mínimos de igualdad de oportunidades e imponer al Estado obligaciones de control del despilfarro, transparencia e información. El hecho de que algunos derechos sociales sean considerados auténticos derechos fundamentales ha servido también para otorgarle a la noción de ciudadanía un nuevo contorno y contenido, potencialmente más inclusivo y solidario.  Y concluye que los derechos sociales pueden y deben seguir siendo un proyecto normativo y vinculante, a pesar de la crisis, y una llamada permanente en pro de la inclusión y la igualdad.

En su trabajo Indicadores económicos de la desigualdad y la pobreza, Ana Jesús López, explica que los estudios de pobreza, que tradicionalmente analizaban la incidencia de este fenómeno mediante la tasa de pobreza o proporción de pobres, han ido incorporando también indicadores de la intensidad (como la brecha de pobreza) y de desigualdad entre los pobres. Gracias a estas aportaciones analíticas sobre indicadores y a la considerable mejora en la disponibilidad de información estadística, en la actualidad se dispone de amplia evidencia empírica sobre los desequilibrios distributivos, en los que se detecta un aumento durante los últimos años como consecuencia de la crisis económica. La dificultad asociada a los análisis distributivos se extiende también al estudio de las interrelaciones entre pobreza, crecimiento y desigualdad,  que resultan de gran trascendencia por sus repercusiones socioeconómicas y sobre las que existe un amplio debate, tanto teórico como empírico. Como consecuencia de la gran diversidad en las bases de datos utilizadas, los indicadores considerados y las técnicas de análisis empleadas, los resultados de los estudios son dispares, dificultando así la obtención de hechos estilizados en este ámbito. En estee contexto, y dado que los consensos más generalizados se refieren a la consideración como prioridad de la reducción de la pobreza, nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos a diseñar políticas de crecimiento y distributivas que -como recogía en sus trabajos pioneros el profesor Amartya Sen- permitan reducir la desigualdad y la pobreza, no importa cómo decidamos medirlas.

Alberto Montero Soler titula su trabajo de manera elocuente: Crisis económica y Estados de Bienestar: la ofensiva final. Sostiene que en el contexto de la actual crisis económica habría que diferenciar las respuestas que se han dado en la Unión Europea y en Estados Unidos: mientras en Europa los recelos entre economías nacionales han dado lugar a que la mayor parte de las intervenciones se centren en reducir la carga impositiva sobre las empresas y las familias, con lo que se compromete en mayor medida la viabilidad futura del Estado de Bienestar, en Estados Unidos las medidas se centraron en el incremento del gasto público, de manera que si Estados Unidos van sorteando mal que bien el agravamiento de la crisis, en Europa la salida no se avizora en el horizonte inmediato. Justo después de haber impulsado los planes de ajustes, los mercados pasan a cuestionarlos porque no hacen sino retrasar el crecimiento. Y, por lo tanto, el riesgo de insolvencia no aparece ya en su horizonte como producto del incremento exponencial del gasto público comprometido en el pago de intereses y devolución del principal de una deuda pública creciente sino como consecuencia de la merma en los ingresos públicos derivados de la contracción de la actividad económica.  La resultante final es clara: ante el empeoramiento de las cuentas públicas se está produciendo una reestructuración del gasto público, anteponiéndose el pago a acreedores de la deuda pública (incluso por la vía de reformas constitucionales) a los pagos en prestaciones sociales. El peso de los ajustes se hace recaer sobre el financiamiento de las estructuras de bienestar, lo que  induce a pensar que los Estados de Bienestar, tal y como los hemos conocido hasta ahora, se encuentran en vías de extinción.

En una línea similar, aunque volviendo al campo jurídico, se orienta el trabajo de José Ángel Brandariz García La gestión de la exclusión social por parte del sistema penal. En la vertiente penal, el evento fundamental es la crisis del welfarismo punitivo. Su síntoma más evidente es el progresivo abandono del modelo penal reintegrador, pero también la crisis de la criminología etiológica, que indagaba en los condicionantes estructurales socioeconómicos y culturales la explicación del comportamiento criminal, y que servía de base al pensamiento rehabilitador. Frente a ello, se enfatiza la plena responsabilidad individual del infractor. A ello se sumaron incluso posicionamientos que, de forma análoga a lo predicado en relación con la lógica asistencial del Estado del Bienestar, reprocharon al sistema penal welfarista su excesiva benignidad, causa del incremento de la criminalidad, sentando de este modo las bases para un renacimiento del populismo punitivo. Normalización de la marginación social, subordinación de los objetivos de inclusión, atención prioritaria a la responsabilidad individual y recuperación de las lógicas de control modulan las nuevas orientaciones en materia de gestión de la exclusión social, en la vertiente penal de esa política, pero también en su parte más propiamente asistencial.

Entrando en el análisis de la incidencia de la crisis en concretos derechos de las personas, José Ramón Repullo Labrador analiza en La sostenibilidad de las prestaciones sanitarias públicas la evolución y problemas que afectan al Sistema Nacional de Salud. Una década de fuerte crecimiento económico, con ingresos extraordinarios vinculados a la burbuja urbanística y la economía recalentada, impulsa una espiral de crecimiento del gasto sanitario público, que evitó enfrentarse tanto las inconsistencias estructurales  como la creciente crisis de racionalidad. La crisis económica pone en tensión todas las contradicciones y debilidades estructurales. El Partido Socialista busca fórmulas contemporizadoras basadas en la austeridad; tras las elecciones de noviembre de 2011 el Partido Popular pone en marcha con Reales Decretos Leyes cambios que se apartan de los consensos básicos que se habían consolidado en las tres décadas anteriores. Una parte de sus medidas pueden ser atribuibles a la lucha contra la crisis económica y el déficit público; pero otra parte revela preferencias de modelo sanitario diferentes, que no han sido explicitadas anteriormente. La contención del gasto sanitario público puede y debe hacerse desde la inteligencia profesional y gestora. Hay alternativas para la suficiencia y la sostenibilidad que pueden articularse si se limita la compulsión y se establece un marco temporal razonable, y unos instrumentos de diálogo político, institucional, profesional, sindical y social que permitan a todas las partes implicadas expresar sus ideas y formalizar sus compromisos.

En su trabajo Inmigración y crisis económica: la fragilidad de los derechos y su incidencia en las personas inmigradas el profesor Marco Aparicio analiza cómo la crisis afecta de manera de manera especial a los que están en posición de especial vulnerabilidad, como las personas inmigradas. A continuación, descifra el modo en que la normativa de extranjería,  comunitaria y española ha conformado, independientemente del contexto económico, un régimen de exclusiones y desigualdades jurídicas fundamentado en una visión instrumental, laboralizadora y securitaria de la inmigración. La tesis de fondo es que la falta de consistencia de los derechos de las personas inmigradas no es producto de la crisis, sino que ha sido consustancial a la construcción del modelo económico y social, que ahora entra en crisis.

En La intervención social con personas y grupos vulnerables en un contexto de crisis la profesora Ana Isabel González plantea una serie de reflexiones en torno a la intervención social y cómo esta debe desempolvar viejos mapas conceptuales un tanto aparcados en épocas de expansión, donde la actividad en la atención ha estado marcada por la gestión de recursos. Postula que la intervención social debe incluir cuatro elementos: el primero: debe tener un carácter formal u organizado, tanto desde entidades públicas como privadas. Esto nos permite diferenciarla del apoyo natural de la familia o de iniciativas informales de la comunidad. Segundo: tiene que haber una contribución identificable y significativa. Debe denominarse intervención socialcuando la aportación en relación con la interacción sea especialmente relevante o prioritaria, cuando la conservación, construcción o reconstrucción de la capacidad personal y el vínculo relacional sea relativamente central o clave. Un tercer elemento es la acción colectiva. La gravedad de la crisis requiere potenciar la participación, la solidaridad. En estos momentos por la situación de desbordamiento en la atención a urgencias, se descuida lo que realmente debería estar facilitando la acción comunitaria. Un cuarto elemento sería que la acción colectiva estuviese orientada en dos direcciones: 1) la búsqueda de garantías de protección de los derechos de las personas y 2) la implicación de la ciudadanía en los problemas de las personas más cercanas de su vecindad.

El profesor Daniel Raventós titula su trabajo Crisis, política económica y fundamentación filosófica de la Renta Básica y señala que con la crisis económica se ha producido en relación con la Renta Básica una situación que se podría caracterizar así: si bien las razones a favor de esta propuesta se incrementan, las dificultades políticas para su consecución también aumentan. Muy resumidamente: 1) la pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una Renta Básica supondría afrontar la situación de forma menos angustiosa. En una situación de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y más prolongada, el acceso a una Renta Básica cobra mayor importancia social. 2) La Renta Básica no es una alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino que aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el mismo puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. 3) También la Renta Básica posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido proyectos de auto-ocupación. 4) La Renta Básica no sólo posibilitaría sacar a millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. 5) La Renta Básica sería un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables. Daniel Raventós concluye que quizás la Renta Básica deba pasar por las tres fases que Arthur C. Clarke aseguraba que debían transitar las buenas nuevas ideas: Primera: Es una locura, no me haga perder el tiempo. Segunda: Es posible, pero no vale la pena. Tercera: ¡Ya dije desde el principio que era una buena idea!”

Finalmente, en Defensores del Pueblo y derechos sociales en tiempo de crisis, Guillermo Escobar Roca expone las técnicas de actuación de los Defensores del Pueblo. Centrándonos en las propuestas, el profesor Escobar recuerda que a) el recurso de inconstitucionalidad no ha sido utilizado por el único Defensor que cuenta con legitimación para ello. b) De no considerarse oportuna la presentación de recursos de inconstitucionalidad, deberían utilizarse con mayor frecuencia las recomendaciones de reforma legislativa. c) Los Defensores deberían esforzarse en proseguir la línea ya avanzada por muchos de ellos: sobre el análisis de quejas individuales, detectar las causas últimas de tales problemas y dirigir su atención preferentemente contra ellas. La garantía objetiva de los derechos es una de las principales potencialidades del Ombudsman, frente al sesgo más individualista que se evidencia en los tribunales.

El libro finaliza con un apendice documental y los enlaces a dos libros publicados por la Cátedra de amparo de derechos y libertades: uno sobre Pobreza y exclusión social y otro sobre Salud mental. Aquí se puede descargar el vídeo de presentación pulsando en Procura 2.

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