La Noria y el olor del dinero.

El historiador Suetonio, en su Vida de los doce Césares, cuenta que en la antigua Roma diversos profesionales utilizaban la orina como blanqueador y que el emperador Vespasiano, apremiado por la grave situación financiera en la que se hallaba el Imperio tras los dispendios de Nerón, decidió imponer un gravamen a los que quisieran depositar recipientes a las entradas de los urinarios públicos para su uso profesional. Tito, futuro emperador, le reprochó a su padre que tomara medida tan indigna, ante lo que Vespasiano, después de mostrarle las monedas recaudadas, contestó Pecunia non olet.

No supone novedad alguna afirmar, 2000 años después, que esa máxima forma parte del ADN catódico y plasmático de, entre otras cadenas televisivas, Telecinco. Lo que sí resulta novedoso es que Mediaset, propietaria de la cadena citada, se querelle por amenazas y coacciones contra Pablo Herreros, el promotor de una campaña para que los anunciantes que patrocinaban el programa La Noria dejaran de hacerlo debido, entre otras razones, a la participación, parece que retribuida, en una de las emisiones de ese programa de la madre de uno condenado por la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Pablo Herreros, a través de su blog Comunicación se llama el juego, instó a las empresas que insertaban publicidad en La Noria a que dejaran de hacerlo y “si no se adhirieran a nuestra propuesta, seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos”. El Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha citado a declarar como imputado a Pablo Herreros luego de admitir a trámite la querella.

Resulta sorprendente que una empresa que se sirve del derecho a la libertad de expresión para cobijar en el mercado televisivo programas como el citado o Sálvame, responda con una querella criminal al ejercicio de ese mismo derecho, pues, como dijo en su día el Juez Holmes, las opiniones deben circular libremente dentro del “mercado de las ideas”. Quizá es que Mediaset ha olvidado de qué hablamos cuando hablamos de la libertad de expresión.

1.- Como ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de las sociedades democráticas, (asunto Handyside c. Reino Unido) y abarca “no sólo la sustancia de las ideas y la información expresadas sino también la forma en la que se transmiten” (asunto De Haels y Gijsels c. Bélgica).  Cualquier idea o información así como la forma y los medios empleados para comunicarlas cuentan con la protección prima facie del derecho. Por tanto, las críticas a las empresas que patrocinan un determinado programa de televisión hechas a través de un blog están, en principio, amparadas por la libertad de expresión.

2.- Esa libertad ampara no sólo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también las que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. En consecuencia, tan lícito es, mientras no lesione derechos como el honor o la intimidad, el programa La Noria como un blog que pretende la desaparición de dicho programa.

3.- La cualidad del sujeto determina un mayor grado de protección del derecho. Así sucede con la prensa, y los medios de comunicación en general, a los que les corresponde ejercer la función de “perro guardián” dentro del sistema democrático. Pero dado el innegable poder que tienen los propios medios de comunicación también debe considerarse especialmente protegida la crítica a esos medios, no en vano llamados el “cuarto poder”. Y hoy, como recuerdan Shayne Bowman y Chris Willis (Nosotros, el medio) “los ciudadanos también asumen un rol de vigilantes de los medios”. Son, en palabras de Lorenzo Cotino a propósito de los blogs, “perros guardianes de los perros guardianes”.

4.- Este mayor nivel de protección también se ha aplicado a las personas,  grupos y asociaciones que participan en el foro público: “en una sociedad democrática incluso los grupos pequeños e informales deben ser capaces de llevar a cabo sus actividades de manera efectiva y existe un fuerte interés público en permitir a estos grupos e individuos fuera de la corriente que contribuyen al debate público difundiendo información e ideas sobre materias de interés público como la salud o el medio ambiente” (asunto Steel y Morris c. Reino Unido, relativo a una campaña de Greenpeace denunciando la comida y las prácticas empresariales de McDonald’s).

5.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró (asunto Willem c. Francia) que la justificación del boicot a los productos del Estado de Israel no estaba protegida por la libertad de expresión pero porque la persona que lo hizo, el alcalde de un municipio francés, propugnaba un trato discriminatorio y lo realizó mediante la exposición de un comunicado efectuado en la reunión del Consejo municipal, sin lugar a debate ni a voto, y en la página web del municipio, con lo que no permitió la libre discusión sobre un tema de interés general.

El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 160/2003, amparó a una  agrupación de ganaderos que, entre otras cosas, recomendó a sus asociados que no aceptaran semen de una concreta distribuidora -“Disega”- al considerar que la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Para el Tribunal Constitucional es determinante el carácter público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión –el programa La Noria encajaría aquí-, el contexto en el que se producen las manifestaciones enjuiciables y, por encima de todo, si en efecto contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre. Este último requisito está bien presente en el caso que nos ocupa.

6.- Si tiene apoyo en algún dato fáctico, una opinión puede ser considerada como “comentario honesto” y, por tanto, gozar de protección. Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es necesario indicar a qué hechos se refiere un juicio crítico si éstos son de conocimiento general por el público (asunto Feldek c. Eslovaquia). El contenido de programas como La Noria es bien conocido y en él se basa para captar una audiencia alta; también lo es que dicha audiencia condiciona las tarifas que se cobran a las empresas anunciantes.

7.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de expresión comprende también el posible recurso a cierta dosis de exageración, incluso de provocación y considera que debe tolerarse –e incluso esperarse–cierto grado de hipérbole  en un panfleto militante. Si debe esperarse –e incluso tolerarse- la hipérbole continuada en programas como La Noria, lo mismo cabe decir de un medio de expresión que combate esos programas.

8.- En el caso que nos ocupa, el ejercicio de la crítica se hizo con moderación y ausencia absoluta de violencia pero incluso en el supuesto de que las expresiones empleadas pudieran considerarse “excesivas” el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha construido un criterio claramente desfavorable hacia las sanciones penales por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión fundado en el efecto desaliento que produciría la amenaza de una condena penal (asunto Cumpana y Mazare c. Rumania).

9.- Resulta sorprendente que la querella por amenazas y coacciones la presente Mediaset y no los supuestos amenazados o coaccionados (las empresas anunciantes).

10.- En todo caso no concurren supuestos de hecho susceptibles de ser calificados de amenazas o coacciones. No hay amenazas pues forma parte del discurso propio de una sociedad democrática orientar los criterios de los consumidores en función de criterios éticos –piénsese en el comercio justo- y forma parte también del discurso “político” desaconsejar el consumo de productos que amparan con su publicidad programas como La Noria. En cuanto a las coacciones su ausencia es todavía más clara: el Código Penal (art. 172. 1) exige algún tipo de violencia: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto,…” Aquí no ha habido violencia alguna.

En suma, parece lo que le huele mal a Mediaset no es el dinero que generan programas como el extinto La Noria, sino que al mercado de las ideas se incorporen opiniones que evidencian que se trata de un gigante, sí, pero con los pies, y quizá algo más, de barro.

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