Extranjería e inmigración en una sociedad democrática decente.

El pasado viernes, 16 de noviembre, tuve ocasión de participar en la 5ª Semana Intercultural del Ayuntamiento de Parres con una ponencia sobre cómo tendría que ser la situación jurídica de las personas extranjeras, inmigrantes o no, en una sociedad democrática decente. Los argumentos principales fueron los siguientes:

1. Una sociedad democrática es decente si, como sostiene Avishai Margalit, sus instituciones no humillan a las personas. En mi opinión, esa humillación existe cuando hay personas que son, en esencia, objeto del derecho -súbditos- pero no son sujetos del derecho -ciudadadanos-; están sometidos a las normas pero no pueden participar de manera activa en su cambio. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad con las personas extranjeras, en especial con las originarias de países no pertenecientes a la Unión Europea.

2. Una sociedad democrática decente no debe imponer a las personas extranjeras un contrato de integración, al menos en los términos en los que aquí ha sido presentado por algunas opciones políticas. Dicho “contrato” obligaría a los extranjeros a cumplir las leyes españolas,  a respetar las costumbres  españolas,  a aprender el castellano y, si lo desea, otra lengua oficial,  a pagar sus impuestos y cotizaciones,  a trabajar activamente para integrarse y  a retornar a su país si durante un período de tiempo carece de empleo y de medios para sostenerse. Estas condiciones o son meras redundancias que ya se exigen a toda persona, española o extranjera, como la de cumplir las leyes españolas, pagar impuestos o aprender el castellano -otras dos “leyes” españolas, o son de gran vaguedad, como la de “respetar las costumbres españolas”; ¿de qué costumbres hablamos? En una sociedad plural los extranjeros tienen derecho a mantener sus costumbres siempre que a su vez sean respetuosas con los derechos de los demás. Para otras condiciones del contrato su incumplimiento ya está previsto de sobra: la falta de integración puede suponer en el caso de los que carezcan de permiso la imposibilidad de obtenerlo por falta de arraigo social y, en cuanto a la expulsión si carecen o pierden el permiso de residencia, ya está prevista en la Ley de Extranjería. También la posibilidad de que sean expulsados si cometen delitos pero lo sorprendente es que se proponga su expulsión en  todo caso si delinquen pues entonces podría darse la circunstancia de que se tratara mejor al extranjero -se le expulsa- que al español, que tendría que ir a la cárcel.
En suma, no hace falta dicho contrato pues sus cláusulas o ya están previstas en las leyes vigentes o serían incompatibles con la Constitución.
Que se ofrezca como reclamo electoral es un signo o bien de la ignorancia en la materia o bien de que se pretende una sociedad en la que haya personas “de segunda”; que resulten rentables electoralmente tendría que ver con el desconocimiento de la situación real de los inmigrantes y de la normativa española en la materia así como con el asentamiento en nuestra sociedad de prejuicios contra personas que, sin tener el mismo pasaporte, tienen las mismas aspiraciones y deseos que nosotros y la misma legitimidad para perseguirlos.

3.- En una sociedad democrática decente no puede haber “sospechosos habituales”, cosa que sí ha venido existiendo en España con las redadas de personas a las que se traslada a dependencias policiales por su aspecto o su raza. Una reciente Circular de la Policía, de 20 de mayo, ha asumido una Recomendación de la Defensora del Pueblo y ha dispuesto la “improcedencia” de trasladar a dependencias  policiales a extranjeros a los que se haya identificado en la calle, aunque  no tengan los papeles en regla y se constate su estancia irregular en España, si el afectado está documentado y puede justificar un domicilio.

4.- En una sociedad democrática decente el derecho no se puede detener a las puertas de los Centros de Internamiento de Extranjeros, cuyas condiciones son manifiestamente mejorables. En esta materia existen alternativas al propio internamiento previo a la expulsión como las comparecencias periódicas si la persona está localizada. Además la expulsión no debería producirse hasta que exista una resolución judicial en la materia de manera que una actuación administrativa no impida la tutela judicial de los derechos de las personas.

5.- En una sociedad democrática decente no deben equiparse motivos de expulsión tan dispares como haber perdido el permiso de residencia y cometer atentados contra el orden público. Además, el propio procedimiento de expulsión debe asegurar unos derechos mínimos, cosa que no ocurrió, por citar un caso reciente, con las personas que estaban en el Islote de Tierra, y que fueron entregadas de modo fulminante a Marruecos, que, además, no es su país de origen sino de tránsito.

6.- En una sociedad democrática decente no se debe criminalizar la mera supervivencia, castigando a los más vulnerables. Es lo que ha venido sucediendo con las personas que venden discos pirateados, para los que se prevé una condena de hasta 2 años de prisión aunque la autoridad judicial puede fijar una pena inferior si la venta es de escasa entidad. No se trata tanto de que esas conductas no lleven aparejada una sanción como de que en estos casos puede ser meramente administrativa y de que se reserve la sanción penal para quienes se lucran de verdad con esas prácticas.

7.- En una sociedad democrática decente el derecho a la salud no puede condicionarse a tener un permiso administrativo como el de residencia. Por eso no me parece “decente” la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas que carezcan de ese permiso, a las que se les ofrece la “alternativa “ de abonar una póliza de 710 o 1.865 euros anuales según sean menores de 65 años o mayores. Esas personas ya contribuyen al sostenimiento de la sanidad cada vez que consumen cualquier producto. Además, carece de racionalidad económica alguna excluirlos del sistema nacional de salud dado que los costes marginales de atenderlas son muy inferiores a los costes medios de tener un sistema que atiende a más de 46 millones de personas.

8.- En una sociedad democrática decente las condiciones de acceso a la nacionalidad deben responder a una lógica de ciudadanía, que está ahora ausente en el artículo 22 del Código Civil. Dicha norma prevé que serán suficientes “dos años [de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición] cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes”, o de un año para “el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”. Como es sabido, además el interesado deberá justificar, “en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Lo llamativo, en primer lugar, es que tengan la misma consideración los “nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes”. Es difícil de justificar esta equiparación entre personas que entre sí pueden tener importantes diferencias y, desde luego, no parece que en la actualidad se pueda presumir que una persona originaria de Filipinas o Guinea Ecuatorial está más próxima al ethnos español, si es que tal cosa existe, que otra originaria de Marruecos o de Francia. Es la evidencia de que todavía late ahí una visión “colonial” del ethnos si bien matizada por razones políticas, pues en otro caso no se entiende el trato preferente a los sefardíes y la no inclusión de los saharauis, a pesar de que estos últimos fueron hasta hace bien poco tiempo españoles.

En segundo lugar, y puesto que la adquisición de la nacionalidad lleva aparejada la plenitud de derechos de ciudadanía, el otorgamiento de la misma “por carta de naturaleza”, lo que se hace, según el artículo 21 del Código Civil, “discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales”, exigiría una mayor concreción legal de las razones que la avalan y, desde luego, una revisión de su aplicación práctica, que está desembocando en la intrascendencia de los factores de arraigo territorial y cultural del sujeto con España; en su concepción como exclusivo instrumento de “premio” abstracto a no se sabe muy bien qué méritos –aunque suelen primar los deportivos si se trata de un deportista de élite- y en la innecesariedad de que el sujeto resida en España en el momento del otorgamiento.

9.- Una sociedad democrática decente debe articularse políticamente a partir del criterio de la afectación y no del de identidad, lo que implicaría, a propósito del derecho de voto, que no pueden existir limitaciones indefinidas y excluyentes al disfrute de ese derecho basadas en la condición de extranjero. El derecho a participar en la toma de las decisiones políticas de la comunidad – calificado en mayo de 1886 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el asunto Yick Wo v. Hopkins como “el derecho político fundamental porque garantiza todos los demás derechos”- es inherente a la dignidad e igualdad de la persona. Sin embargo, seguimos inmersos en una concepción “nacional” de la ciudadanía; en la teoría de los status (nacional/extranjero), que trae causa de la consideración del “pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” como el pueblo formado por las personas que tienen la nacionalidad española. Pero en términos de coherencia democrática, la disyuntiva no es entre nacional y extranjero, sino entre persona sujeta de forma continuada al ordenamiento –español residente y extranjero residente permanente- y persona sujeta de forma circunstancial –español no residente, extranjero residente temporalmente-.

10.- Si, como sostiene Massimo La Torre, “la ciudadanía no es el punto de llegada de la integración, sino el punto de partida que permite que se lleve a la práctica”, debemos superar de manera definitiva la diferenciación entre ciudadanos activos y pasivos, y asumir que en democracia no puede haber súbditos, ciudadanos de segunda. En palabras de Habermas, la nación de ciudadanos encuentra su identidad no en rasgos comunes de tipo étnico-cultural, sino en la praxis de ciudadanos que ejercen activamente sus derechos democráticos de participación y comunicación.

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8 pensamientos en “Extranjería e inmigración en una sociedad democrática decente.

  1. Totalmente de acuerdo; no se puede expresar ni mejor ni más claro. Llevo mucho tiempo investigando sobre el tema de los derechos de los extranjeros (no comunitarios, por supuesto) y especialmente de los más invisibles, los que están en situación irregular. Es sangrante como el politiqueo español ha centrado sus acusaciones en este colectivo, negándoles los derechos más básicos y ninguneándolos hasta el punto de reducirlos a meras estadísticas, mayoritariamente relacionadas con los índices de criminalidad. En este último año sus derechos han sido anulados de la forma más atroz sin el más mínimo atisbo de rubor. Algo que ha incidido también en el auge del más duro discurso del odio, no solo por parte de partidos políticos de extrema derecha, sino también de los que se declaran abiertamente demócratas y respetuosos del estado de derecho y de los derechos humanos. Te recomiendo un muy buen artículo de Sagarra Trías sobre lo absurdo de la situación de buena parte de los extranjeros en nuestro país “Un nuevo “status” de extranjero en España (el inmigrante, irregular, empadronado, residente trabajando y con orden de expulsión)” (Revista de derecho migratorio y extranjería, ISSN 1695-3509, Nº. 1, 2002, págs. 89-97); por desgracia lo de empadronado ya no existe! Un fuerte abrazo desde Valencia.

  2. Totalmente de acuerdo, pero te planteo una cuestión que no tocas en tu texto y que es clave: ¿Cómo hacemos compatible las identidades que en muchos casos “portan” las personas extranjeras con nuestro pacto constitucional? ¿Las amparamos en virtud del principio de igualdad y de derechos como el de libertad religiosa? ¿Establecemos límites? Y todas estas cuestiones me llevan a su vez a otra referencia esencial: la necesaria perspectiva de género en en el análisis de esta cuestión. Sobre todo si tenemos en cuenta que normalmente las mujeres migrantes sufren discriminaciones múltiples o intereseccionales, además de que su posición en nuestras sociedades avanzadas contribuye en la mayoría de los casos – trabajos de “cuidado”, prostitución – a prorrogar el orden patriarcal.
    En cuanto a los derechos políticos de los extranjeros este año se leyó en la UCO una tesis dirigida por mí sobre este tema. Su autor se llama Carlos Arce y será publicada por el Defensor del Pueblo ANdaluz. Previamente, Arce había recibido por un trabajo preparatorio el premio de investigación de la Fundación Aequitas y fue publicado por la Editorial Ramón Areces. El título del libro es “La ciudadanía en la era de la globalización: el reto de la inclusión”.

    • Gracias Octavio y enhorabuena a tí y Carlos Arce por la tesis, que me interesará mucho leer.
      En relación a la cuestión que comentas -que incluí en la charla aunque de manera breve- mi opinión es que l@s extranjer@s podrán expresar sus singularidades culturales siempre que sean compatibles con los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución; es decir, que estarán prohibidas prácticas que siendo legales en otros países son incompabiles con nuestros derechos fundamentales -por ejemplo, matrimonios con niñas- pero podrán ejercer conductas que, aunque rechazadas por la mayoría social española, no tienen por qué ser necesariamente ejemplo de lesión de un derecho; el caso típico de una mujer que porta un nikab: yo creo que no se puede presumir que lo hace porque es víctima de violencia de género; si así fuera lo que habría que hacer es actuar en contra del causante de la violencia pero prohibir que lleve esa prenda me parece que es un ejemplo de paternalismo estatal que va en contra del derecho a la libertad religiosa o a la propia imagen. No en vano el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que “la facultad de cada uno de llevar su vida como le parezca puede también incluir la posibilidad de entregarse a actividades consideradas física o moralmente perjudiciales o peligrosas para su persona”.
      En lo que respecta al enfoque de género, soy consciente de que es un tema debatido y que exige una atención especial pero en mi opinión es parte del enfoque de derechos.

  3. Quiero compartir con vosotros/as la lucha desde los Círculos de Silencio y la Plataforma A Desalambrar. Os animo a crear un Círculo en Asturias. Es muy fácil, una vez al mes nos juntamos en una plaza céntrica y en torno a fotos de redadas, CIEs, pateras….denunciamos durante una hora la explotación que sufren las personas inmigrantes. Aunque los del círculo están en silencio, se lee un testimonio al inicio y hay gente que se queda fuera para dar información a los que pasan.
    http://www.plataforma-adesalambrar.com
    NO A LAS LEYES CONTRA LOS INMIGRANTES.

  4. mi comentario no va a incidir en el tema que discutís, pero no tengo otro espacio para señalar esto: ¡no me puede gustar más la frase con la que encabezas el blog!

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