En una democracia fuerte hay una fuerte contrademocracia.

Es habitual que los estudios y comentarios sobre la salud de la democracia centren el análisis en el sistema de partidos y en los procesos electorales. Si es necesario conocer bien y, en su caso, criticar la organización y el funcionamiento de los partidos y de las elecciones, no lo es menos ocuparse de la vitalidad de los movimientos sociales y políticos no partidistas o desvinculados de los momentos electorales, pues de ellos depende también la decencia de la democracia. Y en ese sentido ha de interpretarse la necesidad de una fuerte contrademocracia, término acuñado por Pierre Rosanvallon en su libro La contre-démocratie (hay versión en castellano, La contrademocracia) para aludir a una forma de democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que debe servir para mantener las exigencias de servicio al interés general por parte de las instituciones.

Como es obvio, Rosanvallon, que promovió y preside el sitio de debate La République des idées, no ignora la delgada línea que separa la contrademocracia del populismo, pero mientras en la primera nos encontramos ante la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes públicos y de someterlos a la crítica, en el segundo se trata de una mera estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes, hasta convertirlos en una potencia enemiga, radicalmente exterior a la sociedad. No deja de ser curioso que en España esa estigmatización de los gobernantes provenga en no pocas ocasiones de su propia esfera política.

Pues bien, una de las concreciones de la contrademocracia es el “poder de vigilancia”, que hunde sus raíces, cuando menos, en la Revolución francesa y que, sin olvidar sus manifestaciones totalitarias bien descritas por Orwell y Foucault, puede aportar no un control antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma de vigilancia del poder por parte de la sociedad. En este sentido, una entidad tan poco sospechosa de anti-sistema como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya anticipó en 1963 que la vigilancia de los particulares interesados en la protección de  sus derechos constituye un instrumento eficaz de control ( asunto Van Gend & Loos, de 5 de febrero de 1963).

El propio desarrollo tecnológico que hoy hace más creíble que nunca la existencia de un gran hermano orwelliano permite también, y desde la otra perspectiva, concebir una sociedad vigilante que, de forma descentralizada y difusa, pueda desnudar al poder y provocar acontecimientos de indudables consecuencias políticas. Porque otra forma en la que se puede concretar la vigilancia es la denuncia, y hoy tienen capacidad para ejercerla, como en décadas pasadas, los medios de comunicación –recuérdese, por citar un caso obvio, el escándalo del Watergate, que desembocó en la primera renuncia de un Presidente en la historia de Estados Unidos-, bien a título individual o con la colaboración de organizaciones más o menos complejas, pero también los propios ciudadanos disponen cada vez de  más capacidad de supervisión y  denuncia –muchos de los documentos que ha divulgado Wikileaks procedían de personas anónimas-.

Ya en su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, el sociólogo Manuel Castells declaró que “…lo que se demostró esos días es que los ciudadanos pueden construir a partir de Internet, a partir de los móviles, a partir de los SMS y a través del internet móvil, de los WAP, etcétera y de otro tipo de redes alternativas, como las Wi Fi que están desarrollándose en todo el mundo, redes de comunicación, de información que no dependen del control de los gobiernos, ni del control directo o indirecto de los grandes medios de comunicación y, por tanto, pueden circular informaciones distintas, incluso en algunos casos, como el del 13-M, informaciones políticas y de acción política en un día en que no se podía; pero una cosa es un partido, otra cosa es un medio de comunicación legal y otra cosa es la gente montando sus propias redes…”. 

Ocho años después de estas palabras de Castells sobra casi recordar la importancia política y social de herramientas como los periódicos electrónicos, los blogs, facebook o twitter, que no solo sirven como vía de comunicación global y de debate, no pocas veces encendido, sino como un potente mecanismo de denuncia en el sentido al que ahora nos estamos refiriendo: las llevadas a cabo para frenar los procesos de desahucio de personas en situación de especial vulnerabilidad son un buen ejemplo; en la misma línea se podría citar las reacciones sociales ante una hipotética reforma de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión para establecer condiciones más restrictivas a su ejercicio.

Finalmente, además de la observación atenta y la eventual denuncia existe una tercera forma de vigilancia sobre las instituciones que sería la certificación o evaluación cualificada de los comportamientos públicos. A las bien conocidas –y en no pocos casos ineficientes y politizadas- entidades públicas encargadas de supervisar y certificar las actividades de las instituciones, se unen hoy personas y organizaciones no gubernamentales que, merced a su capacidad profesional e intelectual, pueden ejercer una intensa actividad de vigilancia e influir en la percepción social del funcionamiento de los poderes públicos y, por extensión, en los propios poderes. Un ejemplo bien conocido -y a su vez no libre de críticas- lo constituye en el ámbito político e institucional Transparency International, organización no gubernamental -también promovida por Rosanvallon- dedicada a combatir la corrupción, tanto al interior de los países como en las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. Para ello impulsa campañas de concienciación sobre los efectos de la corrupción, promueve la adopción de reformas políticas, el establecimiento de acuerdos internacionales sobre la materia,…

En cuanto a actuaciones de evaluación, son bien conocidas las que han venido haciendo un estudio crítico de las políticas económicas y financieras llevadas a cabo por la mayoría de los gobiernos de los países desarrollados para, supuestamente, salir de la crisis.

En definitiva, y siguiendo con la terminología de Rosanvallon, cuando hablamos de la necesidad de una fuerte contrademocracia para que exista una democracia fuerte, hablamos de la importancia de contar con movimientos sociales y políticos que lleven a cabo una interacción intensa entre la ciudadanía y la esfera política, ejerciendo una democracia de expresión, mediante la que se formulen críticas a las actuaciones de los poderes públicos y se expresen reivindicaciones; una democracia de implicación, a través de conjunto de actuaciones mediante las que los integrantes de esos movimientos se relacionan entre ellos para conseguir un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al conjunto de actuaciones colectivas imprescindibles para alcanzar un sistema político más transparente y participativo, un control efectivo de los principales actores económicos, un sistema tributario equitativo,…

Como concluía Rosanvallon en una entrevista en el diario La Nación, “el buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza. Alain repetía que, para estar viva, la democracia debía asumir la forma de poderes activos de control y resistencia”. (Texto publicado el día 9 de noviembre de 2012 en eldiario.es). 

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