El derecho de reunión y manifestación explicado al Ministro del Interior.

Resumo aquí la entrada anterior sobre esta misma cuestión. Este texto se publicó en La Nueva España el 30 de septiembre de 2012.

1.- El ejercicio de este derecho sirve al intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son una agrupación de personas, su duración transitoria, la licitud de su finalidad y el lugar público de su celebración

2.- Las reuniones y manifestaciones no están sujetas a previa autorización aunque las que se quieran celebrar en lugares de tránsito público deberán ser comunicadas a la autoridad gubernativa correspondiente, con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo.

3.- La celebración de concentraciones o manifestaciones sin previa comunicación podría suponer la exigencia de responsabilidad de acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero solo a los organizadores o promotores; no en principio a los meros participantes, que pueden no saber si ha existido notificación previa.

4.- Para que los poderes públicos puedan restringir o prohibir el ejercicio de este derecho deben existir razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente en la que se aporten los argumentos que han llevado a la autoridad a concluir que el ejercicio del derecho pudiera provocar una alteración del orden público o la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución. No basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa el principio de favorecimiento de ese derecho.

5.- La Ley que regula el derecho de reunión prevé que la autoridad suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones: a) cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes penales. b) Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

6.- Lo que sean concentraciones ilícitas penalmente viene definido en el artículo 513 del Código Penal: “Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración: 1.- Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 2.- Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso”. Para que concurra el supuesto 1 es necesario que se  concrete y planifique el supuesto delito; el supuesto 2 exige que sean los promotores o asistentes los que lleven las armas u objetos, no personas ajenas a la reunión.

7.- La noción de alteraciones del orden público “con peligro para personas y bienes” se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento del orden social, económico y político, puesto que el contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defenderse mediante el ejercicio de este derecho no puede ser sometido a controles de oportunidad política.

8.- El desorden público con peligro para personas o bienes es una situación en la que se impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Ese normal funcionamiento de la vida colectiva puede verse alterado por múltiples factores, que a su vez pueden afectar a cuestiones o bienes tan diversos como la tranquilidad, la paz, la seguridad de los ciudadanos, el ejercicio de sus derechos o el normal funcionamiento de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida ciudadana; sin embargo, sólo podrá entenderse afectado el orden se ponga en peligro la integridad de personas o de bienes, lo que no incluye cualquier corte de tráfico o invasión de calzadas producido en el curso de una manifestación o de una concentración.

9.- La celebración de concentraciones de manera habitual, si las mismas son notificadas y discurren sin actos de violencia, implica el uso del espacio urbano como un ámbito de participación y su reiteración, por sí misma, no es motivo suficiente para su prohibición y/o disolución en tanto no se impida el acceso a determinadas zonas o barrios de la ciudad.

10.- La actuación de las Autoridades ante una concentración no ajustada a derecho debe siempre regirse por el principio de proporcionalidad, lo que significa que si la concentración es pacífica pero no ha sido notificada con anterioridad se puede requerir a los participantes para que pongan fin a la misma y abrir, en su caso, un expediente por una posible infracción administrativa, pero no ha lugar a un desalojo violento que suponga una utilización desproporcionada de la fuerza. Y, como ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo,  debe valorarse el comportamiento de los manifestantes, su permanencia en la situación y la forma de reaccionar frente a la presencia de las Fuerzas de Seguridad.

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