Sexo, intimidad y vídeos.

En 1989, cuando hacía años que se venía hablando de que el vídeo había matado a la estrella de la radio, se estrenó la película Sex, Lies and Videotape, que, por una vez y sin que por desgracia sirviera de precedente, se tituló en español, como parece lógico, Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Se trató de la primera película de Steven Soderbergh y fue premiada en Cannes y Sundance, y estuvo nominada al Óscar al mejor guión original. Como muchas personas sabrán, el título guarda relación con la afición de uno de los protagonistas a grabar en vídeo a mujeres hablando de sexo.

23 años después las estrellas de la radio gozan de buena salud y el vídeo homicida al que se refería la película ha pasado a mejor vida. Pero le han sustituido otros instrumentos cuyo uso desaprensivo tiene una potencialidad destructiva muy superior, no ya para otras formas de comunicación sino para cualquier persona con un mínimo de dignidad.

En estos días, se ha hablado mucho e, incluso, se ha visto un vídeo privado que afecta a la intimidad de una persona. Lo que ella decida hacer respecto al cargo público para el que ha sido elegida dependerá, por supuesto, de su voluntad pero no debiera sernos indiferente el hecho de que su decisión pueda estar condicionada por la divulgación ilegal y masiva de ese vídeo; tampoco nos tendría que dar igual que lo que una persona haga de forma libre en su ámbito privado puede ser motivo para algún tipo de reproche público.

No obstante, el propio hecho de que se conozca el vídeo y que contribuyeran a eso bastantes personas y algún medio supuestamente de información puede ser indicativo de la progresiva, y parece que irremediable, degradación de una sociedad que, según el Preámbulo de nuestra Constitución, aspira a ser democrática y avanzada.

En este contexto de creciente banalización de derechos fundamentales como el honor, la intimidad o la propia imagen no parece trivial recordar algunas cosas que, por lo demás, son bastante obvias: en primer lugar, esos derechos, como fundamentales que son, nos corresponden a cada persona y, lo que importa ahora, vinculan a los poderes públicos pero también a los demás ciudadanos, que deben de abstenerse de llevar a cabo conductas que los lesionen.

En segundo lugar, el derecho a la intimidad, como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos, protegen nuestra esfera privada excluyéndola de la entrada ajena, pública o de otro particular, y ello como garantía de la dignidad y libre desarrollo de la personalidad que son, como dice el artículo 10.1 de nuestra Constitución, fundamento del orden político y de la paz social.

Con la protección de la intimidad se ampara, como ha dicho el Tribunal Constitucional, un ámbito propio y reservado de las personas cuya existencia efectiva es necesaria para alcanzar una mínima calidad de vida (STC 231/1988) y para determinar qué es “propio y reservado” ese mismo Tribunal ha venido atendiendo, en general, a lo que según las pautas sociales existentes en cada momento es legítimo excluir del conocimiento ajeno (STC 143/1994). Aunque el éxito de ciertos programas televisivos y la propia difusión del vídeo que se comenta podría hacernos pensar otra cosa, de momento la vida sexual de una persona es algo que pertenece a su intimidad y nadie sin su consentimiento puede someterla a ningún tipo de escrutinio público. Así lo ha dicho de manera expresa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (entre otros, asunto Dudgeon c. Reino Unido), que además ha extendido la protección de la persona aunque los hechos tengan lugar en un espacio público abierto (caso Peck c. Reino Unido, sobre la  divulgación de las imágenes de intento de suicidio del demandante grabadas por cámaras de vigilancia en la vía pública).

Que exista consentimiento para una grabación en un contexto privado no implica que luego se pueda difundir; incluso aunque se consienta en su divulgación, si la persona que lo aceptó inicialmente luego cambia de criterio debe respetarse su voluntad. Por otra parte, ni siquiera apelando al cargo público que desempeña una persona se puede justificar una intromisión en su intimidad cuando no tiene relevancia para la vida política o económica del país ni trascendencia alguna para la comunidad.

Frente a las lesiones a la intimidad nuestro ordenamiento ha previsto respuestas penales y civiles, dependiendo del tipo de menoscabo que se haya producido, pudiendo desembocar esas intromisiones en una condena privativa de libertad (artículo 197 del Código Penal) o en la obligación de reparar el daño causado (Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen).

Las respuestas legales se dirigirán contra los que hayan cometido esas lesiones pero sería necesaria también una reacción personal y social, de manera que cada uno de nosotros usara el poder de vigilancia que nos han dado las redes sociales y las tecnologías de la comunicación y la información para desnudar al poder y no para convertirnos en grandes o pequeños, pero siempre repulsivos, hermanos orwellianos (Texto publicado en La Nueva España el 7 de septiembre y en Diario de Mallorca, Faro de Vigo y Opinión de A Coruña el 8 de septiembre; Comentario en Noticias de la Televisión del Principado de Asturias).

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2 pensamientos en “Sexo, intimidad y vídeos.

  1. Coincido plenamente con el comentario, especialmente en la necesidad de cada ciudadano usuario de las nuevas tecnologías de hacer un ejercicio de autorestricción o autocontención a la hora de acceder a determinados contenidos que son lesivos para los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de terceros. La disminución de los efectos perjudiciales de la lesión comienza por la propia conducta de cada ciudadano, que tiene el deber cívico de huir de los contenidos lesivos, porque el acceso a los mismos, aunque sea totalmente privado, agrava el perjuicio sufrido por el lesionado.
    No obstante, y fuera del plano jurídico, me ha parecido enormemente preocupante la actitud de bastantes conciudadanos y vecinos de la concejal cuyos derechos se han violado. Quizás no sean muchos, pero son suficientes, y aunque Los Yébenes no sea Madrid o Barcelona, es un pueblo más de los miles que hay en España, ni más avanzado socialmente que otros miles ni más retrasado.
    Quienes difamaron e insultaron a la concejal no son bichos raros, ni miembros de ningún colectivo político o social con ideas propias de otros siglos, sino que son nuestros vecinos, los de cada uno de nosotros. No son, en definitiva, distintos a nosotros en lo sustancial.
    Toda sociedad debe convivir con sus defectos, con una parte del mal, aunque ese mal sea un mal menor y aunque el asunto en el que se muestre ese mal sea tan banal socialmente como el que nos ocupa. Aunque seguro que para la concejal perjudicada, que tiene que convivir con los sujetos que la vejaron, su sufrimiento y sus consecuencias no serán tan banales.
    Espero que le quede el consuelo de saber que para muchísimos ciudadanos ella no es la denigrada, sino que los que se han denigrado son los que la han insultado.

    José Marí Olano
    Abogado y diputado de las Cortes Valencianas

  2. Sólo voy a reproducir textos que he leído, que reflejan la importancia de dar igual consideración a la mirada de todas las personas afectadas por nuestras acciones y que, por tanto, trascienden a la comunidad:

    “Hay que ir más allá de nuestro punto de vista personal y actuar en juicios en los que uno esté dispuesto a recomendarlos de forma universal”
    Ética práctica de Peter Singer

    “El premio por la conducta moral se derivará de la conciencia de haber hecho lo que es bueno, justo y necesario y saber explicárselo a los demás…”
    Una ética sin Dios de Enrique Madrazo.

    “Hemos de educar para que las personas se enfrenten a la vida y sepan cómo actuar en medio de determinadas situaciones, respondiendo a conciencia a los dilemas que se les presentan … y asumiendo responsablemente las consecuencias”.
    Educar la libertad de Martín López Calva.

    “Por eso algunos éticos nos hemos refugiado humildemente en una ética de mínimos y nos limitamos a decir a nuestros oyentes y lectores: al decidir las normas que en su sociedad van a regular la convivencia, tenga en cuenta los intereses de todos los afectados en pie de igualdad, no se conforme con los pactos fácticos, que están previamente manipulados, y en los que no gozan todos del mismo nivel material y cultural ni de la misma información; porque —por decirlo con John Rawls— usted está convencido de la igualdad humana cuando habla en serio sobre la justicia; o cuando ejecuta actos de habla con sentido…”
    Ética Mínima de Adela Cortina.

    Creo, por tanto, que ha faltado sentido común por parte de la señora en cuestión ya que lo que ha realizado ha tenido trascendencia pública, no posee fácil explicación pues la comunidad en la que ejerce está dividida, ha originado controversia abundante e, incluso, las vidas de su marido e hijos pueden verse afectadas por un privado proceder que se ha escapado al espacio público.

    En cuanto a la persona o personas que han puesto en las redes tal intimidad, que caiga el peso de la ley.

    ¡¡Qué difícil lo tenemos!!

    José Luis de Tomás
    Maestro de Educación Pública
    A Coruña

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