La serie El Ala Oeste en clave constitucional (Segunda parte).

Son conocidas las palabras de Hans Kelsen (Esencia y valor de la democracia): “sólo desde la ingenuidad o desde la hipocresía puede pretenderse que la democracia sea posible sin partidos políticos. La democracia es, necesaria e inevitablemente, un Estado de partidos”. Este hecho  ha experimentado una gran transformación como resultado tanto del desarrollo de las instituciones estatales como por el cambio que han provocado los propios partidos y este último se debe, en buena medida, a la necesidad que sienten de evolucionar para consolidar su protagonismo en el proceso de formación de la voluntad del Estado.

En la teoría política esta transformación de los partidos se ha calificado de diferentes maneras, pero hay coincidencia en que se ha pasado, primero, de un sistema de partidos como organización de afiliados, o partido de masas, a un partido catch-all (en la terminología de Otto Kirchheimer), que ha desembocado, finalmente, en un entramado de partidos basados en los cargos públicos o en las instituciones públicas.

Diversos factores, como la ampliación progresiva del sufragio en la primera mitad del siglo XX, la consolidación de procesos electorales competitivos, y las innovaciones tecnológicas y organizativas provocaron que los tradicionales partidos defensores de intereses particulares, profesionales, de clase o de creencias, se transformaran en partidos de integración de masas con la consiguiente burocratización y especialización técnica, y la consolidación del liderazgo, en la línea bien descrita hace ya casi un siglo por Robert Michels en las páginas de su libro Los partidos políticos, que no en vano subtituló Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna.

Una vez que los partidos de masas vislumbraron la oportunidad real de participar e influir en las políticas gubernamentales y de formar parte de los gobiernos, tanto sus líderes como sus estructuras organizativas empezaron a centrarse en la captación de la voluntad de los electores mediante las campañas electorales, aunque también se vieron limitados por las realidades que implicaba la acción de gobierno. En todo caso, y en la medida en que únicamente a través de la acción de gobierno se pueden adoptar medidas que implican una vinculación generalizada de la sociedad, la conquista del poder se ha convertido en la principal expectativa de casi cualquier partido.

Merced a estas transformaciones, hoy la importancia política e institucional de los partidos no resulta tanto de su mera existencia o de su tamaño, sino de la función concreta que cumplen en la formación del Gobierno; en suma, de los patrones institucionales en los que se muevan, de su capacidad de maniobra y de su influencia real en los procesos de toma de decisiones. De esta manera, se vuelven inseparables el papel de los que desempeñan en el partido cargos de responsabilidad organizativa y el de los que, en nombre del partido, ocupan bien la dirección política del Estado o, como resultado de la derrota electoral, asumen la tarea de oposición parlamentaria, todo ello en atención a las necesidades de liderazgo tanto en el Gobierno como en las Cámaras legislativas.

Así llegamos, en los Estados democráticos avanzados, a una situación del sistema de partidos que, ya entrado el siglo XXI, se ha calificado de primacía de “partidos en las instituciones públicas” (Katz y Mair en la obra de Montero/Gunther/Linz: Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos). Esta preeminencia del liderazgo institucional no se proyecta en exclusiva sobre la organización interna de la formación política –“los líderes se han convertido en el partido, el partido se ha convertido en los líderes”-, marginando la importancia política, electoral y económica de los afiliados en la orientación del partido, sino que ha transformado también el funcionamiento de las propias instituciones estatales y sus relaciones recíprocas, y este cambio lo han provocado, en buena medida, los propios partidos desde dentro de las instituciones, como se puede constatar analizando las leyes sobre partidos y su financiación, las normas electorales, las que disciplinan el funcionamiento de las instituciones representativas e, incluso, las que articulan la designación de órganos constitucionales de composición no política.

En el capítulo 20 de la 1ª Temporada (Condenas mínimas obligatorias) se analiza la reforma de la financiación de las campañas electorales y las funciones de la Comisión Federal Electoral; en el episodio 12 de la 3ª Temporada (Los dos Bartlets) el Presidente hace campaña en Iowa; ya se ha dicho que en la 6ª Temporada es omnipresente el asunto de las elecciones primarias, el funcionamiento de los partidos y la financiación electoral.

Y es que, como recuerda Dieter Grimm, de forma semejante a cualquier otro grupo social los partidos están sometidos a la Ley y tienen un interés inherente en leyes que les sean propicias, pero a diferencia del resto de los grupos su acción no se agota en la influencia sobre el Legislador. A través de los diputados y los grupos parlamentarios los partidos dominan la tramitación legislativa, pudiendo sin mayor dificultad traducir sus intereses en forma de ley. Las reformas legislativas no son, dado el predominio de los partidos en el Parlamento, sino autocorrecciones. Por deseables que resulten en interés de la democracia, pocas posibilidades tienen de ser llevadas a la práctica si afectan a los intereses orgánicos de los partidos y son interpretadas desde su perspectiva como pérdida de posiciones de influencia o bases de poder.

Este fenómeno se ha asentado también en el Congreso de los Estados Unidos, donde en las últimas décadas han ocurrido, primero con la mayoría demócrata y luego y más intensamente con el dominio republicano, reformas estructurales que han incrementado el poder de los grupos en detrimento de los comités parlamentarios, lo que ha redundado en el fortalecimiento de la disciplina de partido, que se ejerce a través de acción coordinada de la Oficina de Asuntos Legislativos, integrada en la Executive Office of the President, los líderes de cada partido y los congresistas más veteranos.

En gran número de episodios de El Ala Oeste uno de los personajes claves es Josh Lymann, el encargado de supervisar, ejecutar y, en su caso, negociar el cumplimiento de la agenda legislativa del Presidente. Se muestra así el papel impulsor del Gobierno en la aprobación de las leyes y, de modo realista, la forma en la que se negocian fuera de los focos parlamentarios: el jefe de gabinete del Presidente recuerda la frase, atribuida a Bismarck, de que hay dos cosas cuya elaboración debe hurtarse a los ojos de la gente: las salchichas y las leyes. Un magnífico episodio es el 7 de la 2ª Temporada (Viaje a Portland) donde en un vuelo nocturno en el Air Force One el Presidente y sus asesores debaten sobre la reforma educativa mientras en un discreto despacho de la Casa Blanca Josh negocia con un congresista republicano homosexual la aprobación de una norma sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo en la discusión una cita de Lawrence Tribe, uno de los juristas norteamericanos más relevantes.

Si en el momento en el que Robert Michels afirmaba que por razones técnicas y administrativas, no menos que por razones tácticas, una organización fuerte necesita un liderazgo igualmente fuerte, describía, entre otras, la situación del Partido Socialista Democrático de Alemania, su diagnóstico puede extenderse, 100 años después, a las organizaciones partidistas que alcanzaron el poder por métodos democráticos. Y en esta constatación no hay connotaciones negativas pues, como ya se ha dicho, los sistemas políticos no pueden funcionar de manera autárquica, sino de forma coordinada, y la coordinación la han hecho posible los partidos y sus estructuras jerarquizadas.

El triunfo de la jerarquía y de la burocratización ha contribuido a que esos mismos principios de funcionamiento se trasladaran a las instituciones en las que los partidos se han asentado y ha propiciado, junto a otros factores, el ascenso del Gobierno dentro de las relaciones entre poderes, justamente el órgano que a los promotores de la teoría de la separación de poderes les parecía una instancia bastante inofensiva.

Es conocido que el progresivo afianzamiento del Gobierno se debe también a la creciente complejidad social, económica y tecnológica; a la necesidad de adoptar medidas de manera rápida, y a las obligaciones y compromisos que los Estados han ido adquiriendo a resultas de su carácter social y, en buena medida, a la llegada al poder en los Estados democráticos de partidos socialistas o socialdemócratas.

Esta preeminencia del Gobierno se constata tanto en los sistemas presidenciales como en los parlamentarios y adquiere especial notoriedad cuando se manifiesta en la que, en teoría, era la función propia y esencial del Parlamento: la legislativa. Así, en Estados Unidos, aunque las iniciativas legislativas pueden surgir de los  congresistas, en los últimos años, los mensajes del Presidente, de un miembro de su gabinete, o del Director de alguna agencia independiente, dirigidos a los Presidentes de la Cámara de Representantes o del Senado, se han convertido en la principal fuente de proyectos de ley. La mayoría de los proyectos enviados por el ejecutivo entran inmediatamente en la correspondiente Comisión, por decisión de los Presidentes de cualquiera de las dos Cámaras. Y existen muchos momentos a lo largo del procedimiento legislativo (en subcomisión, en comisión, en el debate del orden del día, en la Comisión General, o en la comisión conjunta, o finalmente en el Pleno) en los que el Gobierno puede influir sobre el Congreso.

En el episodio 13 (Sacad la basura) de la 1ª Temporada el Gabinete de la Casa Blanca discute un proyecto de ley sobre educación sexual en las escuelas; en el capítulo 3 de la 2ª Temporada (A mitad de Legislatura) el alto índice de aprobación popular del Presidente (81%) hace pensar a alguno de los miembros del equipo presidencial en la oportunidad de aprobar normas para combatir el terrorismo; en el episodio 6 (Congreso Saliente) de la esa Temporada se sugiere al Presidente que aproveche el fin del mandato del Congreso para aprobar un Tratado de No Proliferación Nuclear; en el capítulo 3 (Presupuestos) de la 3ª Temporada se muestran las negociaciones del equipo presidencial con los parlamentarios para aprobar los presupuestos y una reforma tributaria.

En segundo lugar, y dadas sus atribuciones constitucionales para vetar las leyes emanadas del Congreso, el Presidente juega un papel relevante en el conjunto del proceso legislativo. La Constitución establece que tiene 10 días para vetar la ley o para firmarla, entendiéndose promulgada por defecto si no hace una cosa ni otra.

Los datos históricos revelan que hasta 2008 ha habido 1.494 vetos ordinarios y 1.066 de bolsillo, lo que hacen un total de 2.560, y el Congreso sólo ha podido superar 110. Llama en especial la atención que un presidente notoriamente “fuerte” como Franklin Delano Rooselvelt interpusiera un total de 635 vetos y el Congreso únicamente fuera capaz de superar 9. Pero más importante que el veto en sí es la amenaza de usarlo, que le otorga al Presidente un arma importantísima para negociar con el Congreso a lo largo de todo el proceso legislativo. Sería casi imposible intentar cuantificar el elevadísimo número de leyes que, bajo la amenaza del veto, han sido modificadas en el Congreso para intentar ser consensuadas con el Presidente y evitar así el veto.

Ya se ha dicho que en el episodio 4º de la 3ª Temporada (El día antes) el Presidente se plantea su primer veto legislativo.

Esta preeminencia gubernamental y, en particular, presidencial pone en guardia a Bruce Ackerman (La nueva división de poderes) contra las bondades del presidencialismo y le impulsa a propugnar como modelo un “parlamentarismo acotado”, que “es más eficaz para mantener las tendencias al culto de la personalidad” y utiliza como argumento que el Primer Ministro depende del respaldo de su partido en el Parlamento y sería un suicidio político si promulgara un programa legislativo por encima de la objeción de aquél. Sin embargo, si acudimos a Gran Bretaña vemos que la tarea más importante desempeñada por el Gobierno es la producción legislativa: es el que propone la mayoría de las iniciativas y, aunque el Parlamento puede enmendarlas, muy pocas no se convierten en ley en la forma prevista y diseñada por el gabinete. Es más, como señala M. Vile (Constitucionalismo y separación de poderes), los cambios durante el procedimiento legislativo tienden a ser marginales y no es raro que se deban al interés del Gobierno en enmendar su propio texto al advertir algún error o como resultado de un cambio de criterio. Esta capacidad del Gobierno de alcanzar sus objetivos legislativos, incluso frente a una considerable oposición fuera del Parlamento, fue descrita por el Lord Chancellor Hailsham en un programa de la BBC en 1976 como “elective dictatorship”.

En otro de los modelos que toma Ackerman para inspirar su parlamentarismo acotado, la República Federal de Alemania, también el Gobierno se inserta en la función legislativa como el más importante productor de normas, no sólo mediante la competencia de iniciativa (artículo 76.1 de la Ley Fundamental), sino también como resultado de sus facultades en materia presupuestaria (artículos 110.3 y 111), incluso a través de la facultad de asistencia-comparecencia ante el Parlamento; a ello se unen numerosas posibilidades informales de influencia vinculadas a consideraciones partidistas.

En España la situación no es muy diferente y el protagonismo gubernamental en el procedimiento legislativo se evidencia en la propia Constitución (art. 134.6: toda proposición o enmienda las enmiendas que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Gobierno) y en los Reglamentos parlamentarios (las proposiciones de ley se remitirán al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad, o no, a la tramitación si implican aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, arts. 126 y 127 del Reglamento del Congreso).

Además, las Cámaras han renunciado en la práctica al ejercicio de sus facultades de iniciativa legislativa con el propósito evidente, en el caso de la mayoría que respalda al Gobierno, de que sea éste el que exteriorice política e institucionalmente su liderazgo en las acciones de impulso y transformación, y de esta manera obtenga el correspondiente rédito político: en la VII Legislatura (2000-2004), en la que el Partido Popular contaba con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el Gobierno presentó 175 Proyectos de Ley, de los que 173 fueron aprobados, 1 rechazado y 1 caducó; en esa misma Legislatura, las Cámaras presentaron 327 Proposiciones de Ley (322 el Congreso y 5 el Senado) y prosperaron 17 (15 del Congreso y 2 del Senado); es decir, que se aprobó el 98% de las iniciativas gubernamentales frente al 5% de las parlamentarias. En la VIII Legislatura, en la que el Partido Socialista Obrero Español estaba muy lejos de contar con mayoría absoluta, los Proyectos de Ley fueron 152, de los que 140 fueron aprobados, 9 caducaron, 2 fueron retirados y 1 rechazado; las iniciativas legislativas parlamentarias fueron 261 (235 del Congreso y 26 del Senado) y 21 se convirtieron en leyes (18 del Congreso y 3 del Senado). En esta Legislatura prosperó el 92% de los Proyectos legislativos del Gobierno y el 8% de las Proposiciones de Ley.

Sobre los diferentes intereses a armonizar en la agenda legislativa y las presiones partidistas y lobbystas ya se ha citado el capítulo 20 de la 1ª Temporada (Condenas mínimas obligatorias); son también ilustrativos, por mencionar algunos ejemplos, los episodios 11 (Desayuno de líderes) y 15 (Ellie) de la 2ª; 7 (Indios en el vestíbulo) y 8 (Mujeres de Qumar) de la 3ª; 3 (Universitarios), 4 (Misa roja), 12 (Armas y no mantequilla), 16 (Distrito 47 de California) y 18 (Corsarios) de la 4ª; 7 (Separación de poderes), 8 (Cierre) de la 5ª; 5 de la 6ª (El máximo de Hubbert),…

Sobre la importancia de las encuestas, los debates y el marketing político pueden mencionarse, a título de muestra, el capítulo 21 de la 1ª Temporada (Mentiras, malditas mentiras y estadísticas), el 13 de la 2ª (El tercer Estado de la Unión para Bartlet), el 20 de la 3ª (El vestido negro de Vera Wang), el 5 (Campamento de debate) y 6 (A ganar) de la 4ª, el 11 (Prerrogativa de gracia) y 19 (Puntos a tratar) de 6ª, y, obviamente, casi todos los episodios sobre la elección del sustituto de Bartlet.

Podemos, pues, concluir que se ha culminado el proceso de transformación de la ley, que ha pasado de ser un límite a la acción del Gobierno en el instrumento principal de la acción del “partido en el Gobierno”, de manera que el procedimiento legislativo ordinario y el reglamentario no son sino las diferentes vías jurídicas que el Gabinete utiliza para la realización de su orientación política.

Es cierto que mantiene su vigencia el principio de reserva de ley como un ámbito del ejercicio de la función legislativa que debe escapar al control de la formación  mayoritaria. Mediante dicha reserva se obliga a que se sometan a la discusión política parlamentaria los proyectos impulsados por la mayoría de gobierno, lo que otorga a la normativa resultante un plus de legitimidad y facilita a la oposición la posibilidad de exponer sus puntos de vista y movilizar a la opinión pública en un procedimiento legislativo que se asienta sobre la publicidad, la contradicción y el debate.

Pero si la formación mayoritaria cuenta con el respaldo parlamentario suficiente para aprobar las leyes que van a regular la materia reservada, el procedimiento legislativo no dista mucho, desde la perspectiva de la oposición, de ser una más de las funciones de control al Gobierno-Legislador y no tanto de participación de las Cámaras o, al menos, de la minoría en la función legislativa, pues su tarea parlamentaria será más bien de denuncia ante la opinión pública de las consecuencias que se derivarán de la aprobación de una determinada ley, con el objetivo final de que dicha opinión pública y, en particular, el cuerpo electoral, opte por una nueva orientación política -la ofrecida por la oposición minoritaria- en los próximos comicios.

A lo anterior se suma que los textos constitucionales surgidos a partir de la segunda mitad del siglo XX ya prevén la posibilidad de aprobar leyes en las comisiones parlamentarias y no en el Pleno, de manera que las Comisiones Permanentes Legislativas se convierten, no ya en órganos parlamentarios de trabajo, sino en  auténticos órganos de decisión, lo que permitió durante mucho tiempo que en un país como Italia, entonces de mayorías parlamentarias poco consistentes, se incrementara la producción legislativa.

Un instrumento adicional que enriquece la capacidad legislativa del “partido en el Gobierno” es la delegación realizada por el Parlamento, que ya estaba presente en la historia constitucional en el siglo XIX y ha alcanzado rango constitucional en el siglo XX (artículo 76 de la Constitución italiana; 80 de la alemana, 38 de la francesa, 168 de la portuguesa y 82 de la española, por mencionar algunos ejemplos).

Su vigoroso desarrollo en algunos ordenamientos, como el italiano, ha venido  determinado por las condiciones políticas del sistema parlamentario: la justificación de la delegación y el grado y contenido de la vinculación del Gobierno dejan de depender de las exigencias técnicas y de la racional articulación entre principios y desarrollo; más bien, son condicionados por el nivel de debate y compromiso que en la práctica los partidos consideran necesario o posible retener en el Parlamento. La situación política ha convertido la delegación en un elemento esencial y polivalente de definición de equilibrios y no sólo en las relaciones entre Parlamento y Gobierno.

El fenómeno de la delegación tiene un sentido especial en Estados Unidos, donde a lo largo del siglo XX fueron surgiendo las agencias administrativas federales, que, aunque forman parte del poder ejecutivo, con frecuencia aprueban normas y reglamentaciones de carácter general, que se adoptan de conformidad con las leyes emanadas del Congreso. Y aunque el Tribunal Supremo sentenció en 1935 (Panama Refining Company v. Ryan y Schechter Poultry Corporation v. United States) que existen límites a las delegaciones legislativas, desde entonces ninguna ley ha sido declarada inconstitucional por delegar más allá de lo permitido.

Por si fuera poco, ha desaparecido uno de los instrumentos con los que contaba el Congreso para realizar funciones de control: el veto legislativo, que se utilizó mucho desde mediados de la década de 1930 hasta el año 1983, fecha en la que se declaró inconstitucional (asunto Inmigration and Naturalization Service v. Chadha). Se trataba de un mecanismo que permitía al Congreso anular regulaciones o resoluciones de las agencias sin tener que aprobar una nueva ley. Según el Tribunal Supremo, el veto no es en sí inconstitucional, pero debe revestir forma y carácter de ley, y ser aprobado como tal por las dos Cámaras y firmado por el Presidente.

La desaparición de algunos mecanismos de control sobre el Gobierno se inserta en la tendencia de la mayoría parlamentaria en la que se sostiene al Gabinete a emplear esos instrumentos para respaldar la orientación política gubernamental, fiscalizando el control que a su vez pretenda realizar la oposición.

Por lo que respecta a los denominados instrumentos de “control extraordinario del Gobierno” (moción de censura, cuestión de confianza), su articulación constitucional no responde a la que es tradicionalmente característica del control parlamentario del Gobierno, sino a una racionalidad diferente. Así, la inoperancia de la moción de censura como instrumento de exigencia de responsabilidad política se advierte con claridad en la práctica italiana, donde, a pesar de la precariedad de las mayorías de gobierno, ninguna de las mociones prosperó. La caída de los Gobiernos se produjo por conflictos internos entre las formaciones políticas que integraban el Gabinete, lo que demuestra que el núcleo efectivo del poder de control se ha trasladado desde el Parlamento a los partidos. De esta manera, no sólo no funciona como mecanismo de control parlamentario del Gobierno, sino que es más bien un instrumento que contribuye a dotar de estabilidad a la mayoría gobernante, que sigue siéndolo luego de proceder a un reajuste de sus fuerzas y a una remodelación del equipo de gobierno.

En España, la posibilidad de que una moción de censura prospere es muy escasa, dada la exigencia de que cuente con el apoyo de la mayoría absoluta de los componentes del Congreso de los Diputados (art.113.1). Respecto a la cuestión de confianza, y de acuerdo con el artículo 112 de la Constitución española, al Presidente le basta tener más votos a favor que en contra, sin contar abstenciones o votos en blanco. En Alemania, sin embargo, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara Baja (Bundestag). En otro caso, el Presidente Federal, a propuesta del Canciller, podrá disolver el Bundestag dentro de un plazo de 21 días, derecho que expirará si en dicho plazo la Cámara Baja designa, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, otro Canciller Federal (art. 68.1 LFB). Ahora bien, la exigencia, y consiguiente presión, al Canciller de reunir la mayoría absoluta de los votos de la Cámara, puede ser trasladada por éste a la propia Cámara, sobre la que pende la amenaza de disolución si no le otorga la citada mayoría o es capaz de concitar dicha mayoría respecto a un candidato alternativo.

Esta configuración no permite que, a diferencia de lo que sucede en España, el Canciller renueve la confianza inicialmente otorgada por el Bundestag, que pudo serle concedida mediante la mayoría simple de los votos (art. 63.4 LFB); sino que debe obtener el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados, lo que obliga no sólo a acallar las discrepancias que pudiera haber dentro de la mayoría, sino también a que se pronuncien a su favor aquéllos que en su día se abstuvieron o prefirieron otro Canciller. Además, el fracaso del Canciller en la cuestión de confianza no le obliga a cesar en su cargo, salvo que la mayoría absoluta de la Cámara apoye a otro candidato, lo que asemeja la cuestión de confianza a la moción de censura constructiva como instrumento de estabilidad gubernamental y no como medio de control.

Por lo que respecta a los instrumentos de “control ordinario” (interpelaciones, preguntas, comisiones de investigación,…), son más ejemplo de “obstruccionismo de la mayoría” que de “obstruccionismo de la minoría”, lo que, como es evidente, no beneficia que se puedan contrastar públicamente y en condiciones de igualdad los diferentes proyectos de orientación política del Estado.

Las comisiones de investigación constituyen un ejemplo claro de esa transformación del control parlamentario, al menos en ciertos ordenamientos, en un instrumento de gobierno de la mayoría, o, como poco, de control por parte de ésta de la fiscalización que pueda realizar la minoría, puesto que su creación es acordada, en última instancia, por la mayoría parlamentaria. Es lo que sucede en España, Italia o Francia, aunque no en Alemania (el artículo 44.1 de la Ley Fundamental obliga al Parlamento Federal a nombrar una comisión de investigación cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros) ni  Portugal (el artículo 181.4 de la Constitución dispone que “las comisiones parlamentarias de investigación se constituirán obligatoriamente siempre que así se reclame por una quinta parte de los diputados en ejercicio efectivo de sus funciones,…”).

Finalmente, tampoco escapa a la mayoría parlamentaria el mecanismo de control previsto en el artículo 110.1 de la Constitución española: “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.”. De acuerdo con el artículo 203.1 del Reglamento del Congreso “los miembros del Gobierno, a petición propia, o por acuerdo de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces, comparecerán ante el Pleno o cualquiera de las Comisiones para informar sobre un asunto determinado. La iniciativa para la adopción de tales acuerdos corresponderá a dos Grupos Parlamentarios o a la quinta parte de los miembros de la Cámara o de la Comisión, según los casos.”.

Es decir, la minoría únicamente puede solicitar la petición de comparecencia de cualquiera de los integrantes del Gobierno, pero la decisión última sobre si tal comparecencia se produce recae en dos órganos de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces, de clara impronta mayoritaria. Lo mismo sucede cuando se trata de realizar una sesión informativa ante una Comisión parlamentaria: dicha sesión se realizará a petición de un miembro del Gobierno o “cuando así lo solicitare la Comisión correspondiente” (art. 202.1 RC), lo que significa que la mayoría, que lo es también de la Comisión correspondiente, únicamente solicitará las sesiones informativas que puedan resultar beneficiosas para la acción del Gobierno.

Sobre el pretendido control que suponen las comisiones de investigación y las comparecencias parlamentarias tratan varios capítulos: el 9 (Bartlet para América) y 10 (Resolución 172) de la Temporada 3ª, y el 11 (Investigación de la oposición) de la 6ª; sobre la superación de las resistencias parlamentarias a la aprobación del presupuesto versa el capítulo 8 (Cierre) de la 5ª Temporada.

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