La educación segregada por sexos es contraria a la legislación vigente si se trata de centros concertados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reiterado, en sentencias de 23 y 24 de julio, que los centros educativos privados que estén financiados con fondos públicos no pueden llevar a cabo una educación que separe a niños y niñas. En palabras del Tribunal Supremo, el derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes como una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza, no comprende el derecho a la elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos, siendo el sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados, una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros concertados; esto es, forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de dirección en los centros privados que reciben ayudas públicas en virtud de lo establecido en el art. 27.9 CE.

Textualmente afirma que «el sistema de educación diferenciada, en lo que se refiere a los centros concertados, no forma parte del contenido esencial del derecho a la dirección que corresponde a sus titulares como una manifestación del derecho a la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 CE … la educación separada por sexos era conforme en España y estaba autorizada de acuerdo con la Convención (de la Unesco relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada el 14-12-1960) puesto que el Estado la admitía, y desde luego así resultaba hasta la derogación de la Ley Orgánica 10/2.002… Y desde luego hay que admitir que dejó de serlo para los Centros Docentes sostenidos con fondos públicos una vez que la Ley Orgánica 2/2.006 introdujo como criterio de no discriminación en el art. 84 en el proceso de admisión de alumnos el relativo al sexo imponiendo definitivamente en esos centros el criterio de la coeducación».

El Supremo no rechaza que exista ese tipo de segregación pero concluye que, con arreglo a la legislación vigente (Ley Orgánica 2/2006, de Educación, de 3 de mayo) los centros docentes que opten por el modelo de educación diferenciada no pueden ser concertados y por ello no pueden ser sostenidos con fondos públicos. Y esa imposibilidad de obtener conciertos de esos centros docentes que optan por la educación separada por sexos no perturba ningún derecho constitucional de los padres, que conservan el derecho de libre elección de centro. En suma, no se vulnera el número 9 del artículo 27 de la Constitución porque determinados centros no puedan acceder al concierto si no reúnen los requisitos que la Ley establece, entre ellos el criterio de no discriminación previsto en el artículo 84.

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Un pensamiento en “La educación segregada por sexos es contraria a la legislación vigente si se trata de centros concertados.

  1. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo concluye subrayando que acepta la doctrina legal de que “no es posible el aumento judicial de la ratio para Educación Primaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por encima del límite fijado por la ley de educación, con fundamento en el derecho a la libre elección de centro escolar ni en el derecho de los padres a que los hijos reciban la educación moral y religiosa que esté acorde a sus propias convicciones”.

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