¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo?

Eso es lo que se preguntaba Groucho Marx y esa cuestión nos serviría para interrogarnos sobre el constante empleo de eufemismos por parte del Gobierno (préstamo en condiciones extraordinariamente favorables, retraimiento de la paga extraordinaria,…). Pero como al Gobierno ya se encargan de dejarlo mal sus propios componentes, en estas líneas quiero referirme a otras instituciones y, sobre todo, a la propia sociedad.

La hipocresía institucional se ha evidenciado, una vez más, con ocasión de las recientes propuestas de nombramientos para algunos de los cargos más importantes del Estado: la Defensora del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y los miembros electivos de la Junta Electoral Central. Es cierto que en estos días no hemos escuchado comentarios tan hilarantes como los de Ramón Jáuregui o Federico Trillo en la última renovación del Consejo General del Poder Judicial: cuando compareció Margarita Uría, el primero recordó “desde hace varios meses la única persona que se sabía que iba a ser miembro del Consejo era Margarita Uría, porque todo el secretismo que ha acompañado las conversaciones siempre ha partido del hecho de que el Consejo iba a estar formado por Margarita Uría y 19 más”; para Trillo “la señora Uría añade una condición insólita porque además para nosotros es la ex diputada, la compañera y la amiga Margarita Uría”.

Ahora las dotes cómicas de Trillo no alegran nuestra triste vida parlamentaria, sino que sirven a su tarea como embajador en Londres ante su Graciosa Majestad. Sin embargo, las comparecencias parlamentarias no han sido mucho más serias: la de la próxima Defensora del Pueblo duró menos de 90 minutos incluyendo su presentación, las intervenciones de los Grupos Parlamentarios –en algún caso meros halagos y piropos- y sus respuestas; menos tiempo per capita se dedicó a los futuros magistrados del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas -45 minutos a cada uno- y a los 5 miembros de la Junta Electoral Central -30 minutos-; por supuesto tampoco la exhaustiva página web del Congreso de los Diputados recoge los méritos que justifican sus nombramientos.

Volviendo a Groucho, si los nombramientos ya están decididos y en no pocos casos son adecuados, ¿por qué lo llamamos comparecencias para ser examinados por las Cámaras cuando queremos decir mera ratificación de los ya designados por los partidos mayoritarios? ¿Por qué hay el mismo número de comparecientes que el de cargos a cubrir? ¿Por qué lo llamamos examen cuando más que preguntas se trata de laudatios que llegan a abochornar a los propios comparecientes? ¿Por qué en la mayoría de los casos se celebran ante una Comisión de nombramientos y no ante una de parlamentarios expertos en la materia? Todo parecido entre este simulacro y lo que ocurre en Estados Unidos cuando se trata de nombrar cargos similares es mera coincidencia.

Pero la razón de que España sea diferente también en esta materia no se debe en exclusiva a la clase política que selecciona a los titulares de esas instituciones, sino que parece estar en nosotros mismos: los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen libertad para elegir a su Presidente pero nunca hicieron uso de la misma hasta el reciente nombramiento del nuevo Presidente, Gonzalo Moliner. En ocasiones anteriores se limitaron a ratificar la candidatura propuesta por los partidos mayoritarios, como ocurrió con Dívar. Quizá de aquellos polvos vienen estos lodos o viceversa.

Y por poner un ejemplo que me es próximo, los procesos de selección del profesorado universitario  no siempre se ajustan como debieran a los principios de mérito y capacidad ni suele ser de dominio público el currículum de los aspirantes o irrelevantes circunstancias más personales que profesionales. Por cierto, cuando tales cosas han ocurrido yo no he protestado.

Y, con ser importante, la cuestión no es solo que debamos implicarnos de manera crítica cuando algo afecta a nuestro ámbito profesional, sino siempre que tiene implicaciones públicas: cuando el Presidente Reagan propuso para el Tribunal Supremo a Robert Bork se suscitó en Estados Unidos un intenso y áspero debate político, social y académico sobre su idoneidad, y fue el rechazo social y académico el que acabó impidiendo su nombramiento, y en 2005 Harriet Miers, propuesta por Bush, retiró su candidatura antes de comparecer en el Senado por las valoraciones críticas, también de parlamentarios republicanos, que había recibido su escaso bagaje técnico-jurídico.

Como es obvio, no se trata de organizar un Gran Hermano institucional sino de ejercer una forma de vigilancia democrática, pues como ya anticipó en 1963 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la implicación de los ciudadanos en la protección de los derechos e instituciones constituye un instrumento eficaz de control y, me permito añadir, evita que se proponga para ciertos cargos a personas manifiestamente incompetentes.

Es evidente que esa tarea no es fácil y que, en muchas ocasiones, resultará ingrata pero ser ciudadano requiere ciertos esfuerzos. Es el precio a pagar para que, además de un funcionamiento transparente de nuestras instituciones, podamos alcanzar, en palabras de Pierre Rosanvallon, una democracia de expresión, mediante la que la colectividad social manifieste sus sentimientos, formule críticas a la actuación de los poderes públicos y exprese sus reivindicaciones; una democracia de implicación, entendida como el conjunto de relaciones por medio de las que los ciudadanos consiguen un entorno común, y una democracia de intervención, relativa al obrar colectivo para obtener un resultado determinado.

Aunque hoy Grecia no pasa por su mejor momento, conviene recordar las palabras que Tucídades pone en boca de Periclesen su Discurso fúnebre en honor de los atenienses muertos durante el primer año de guerra: “las personas pueden dedicar a la vez la atención a sus asuntos particulares y a los públicos… Somos los únicos que a quien no toma parte en los asuntos públicos lo consideramos no un despreocupado, sino un inútil”.

Artículo publicado en La Nueva España el 5 de agosto de 2012

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