Breves comentarios sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 20/2012 (I): la supresión de la paga extraordinaria.

El sábado 14 de julio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En esta breve entrada, y en las que la seguirán, pretendo analizar, desde la perspectiva constitucional, y ciñéndome a las cuestiones de fondo y no a las competenciales, algunas de las medidas más controvertidas; hoy la supresión de la  paga extraordinaria para el personal del secto público.

Según el artículo 2 del Decreto-ley:

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios. Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.

3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados.

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.

7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución”.

En este primer caso, lo llamativo, en mi opinión, es que la norma imputa una carga importante (la aportación de la paga extra) al sostenimiento de los gastos públicos sin diferenciar apenas los ingresos de los obligados a aportarla, pues únicamente quedan excluidos los que no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Esos empledos públicos no obligados por esta decisión suponen en el conjunto de los afectados un porcentaje muy pequeño. Parecería mucho más proporcional que se tuvieran en cuenta distintas minoraciones de la paga extraordinaria dependiendo de otras franjas retributivas y no suprimirla de manera igual para los que ganan 1000 euros al menos y los que perciben 3000.

Otro motivo de crítica es que el compromiso de compensar mediante la aportación al plan de pensiones no beneficiaría a los que prestan servicios en administraciones que no disponen de planes de pensiones.

El reproche de inconstitucionalidad a esta medida pudiera encontrar respaldo jurisprudencial en el Auto del Tribunal Constitucional 180/2011, de 13 de diciembre de 2011; en dicha resolución, que resuelve las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por diversos órganos judiciales en relación con la reducción de las retribuciones de los empleados públicos impuesta por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit, dice el Tribunal que la “reducción de retribuciones de los funcionarios impuesta por el art. 1 del Real Decreto-ley 8/2010, no supone una “afectación”, en el sentido constitucional del término, del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE),… pues las situaciones subjetivas que quieren traerse a comparación no son efectivamente homogéneas o equiparables, toda vez que, como bien señala el Fiscal General del Estado, el diferente trato retributivo se establece (como se indica en el propio Auto de planteamiento de la cuestión), en función del distinto vínculo entre los empleados públicos y la Administración (funcionarios y personal laboral) o en función de los diferentes grupos o categorías en que se clasifican los funcionarios, así como en el régimen de progresividad que demanda la mayor o menor capacidad económica de los afectados”.

Pues bien, y a modo de conclusión, en el artículo 2 del Decreto-ley 20/2012 no se establece diferente trato retributivo en función del vínculo, los diferentes grupos o categorías ni la capacidad económica de los afectados. Y ello podría ser discriminatorio pues en este ámbito no opera un criterio de igualdad “numérico” (lo mismo para todos o para la mayoría, como sucede con el derecho de sufragio) sino uno de igualdad “proporcional”: debe exigirse lo mismo a los iguales, bien de manera proporcional estricta o de manera progresiva, como impone la Constitución para el sistema tributario.

Al respecto, cabe recordar, como ya comentamos en su día, que el Tribunal Constitucional portugués hizo pública, el 5 de julio, la decisión en la que considera inconstitucional, por discriminatoria, la supresión de la paga extraordinaria para empleados públicos y pensionistas, pues se impone a una parte de los ciudadanos un sacrificio que se entiende desproporcionado.

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