¿Es constitucional prohibir el suicidio asistido?

Como se recoge en la edición del 18 de junio de El País, una juez del Tribunal Supremo de la provincia canadiense de la Columbia Británica ha declarado inconstitucional la ley nacional que prohíbe el suicidio asistido por discriminar a los enfermos físicamente discapacitados. La resolución, sin embargo, no entrará en vigor hasta dentro de un año, el tiempo que la magistrada Lynn Smith ha concedido al Parlamento de Canadá para que modifique la legislación. En su sentencia, de casi 400 páginas, Smith señala que el suicidio no es ilegal en Canadá, por lo que la ley de 1892 que penaliza el suicidio asistido “contraviene el artículo 15 de la Carta Magna que garantiza la igualdad de derechos. […] Con la normativa actual, las personas válidas tienen más derechos que las inválidas o las minusválidas para acabar con su propia vida”, concluye la juez. La resolución del Supremo da la razón a las cinco personas que interpusieron la demanda, entre las que se encuentra Gloria Taylor, una mujer de 64 años que desde 2009 padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo frágil estado de salud -está en silla de ruedas y tiene que ser alimentada a través de un tubo- provocó que se acelerara el proceso durante el pasado mes de agosto. “La distinción que hace la ley es mucho más palpable en personas como la señora Taylor, que padecen una grave enfermedad degenerativa, impedidas físicamente pero mentalmente lúcidas y a las que se les impide disponer de sus propias vidas, a diferencia de las sanas”, indica la sentencia. “Esta diferencia de trato es discriminatoria porque perpetúa las desventajas y desigualdades”, se indica. Taylor, no obstante, ha quedado excluida de la suspensión de los efectos de la resolución judicial y podrá solicitar la asistencia médica para acabar con su vida en los próximos 12 meses, siempre que lo haga por escrito y un doctor atestigüe que no tiene esperanza de recuperación. “Esta decisión me permite comportarme en el momento de mi muerte del mismo modo que he tratado de hacerlo a lo largo de mi vida: con dignidad, independencia y elegancia”, escribió Taylor en una nota que leyó a la prensa su abogado al conocerse la sentencia y que fue recogida por la cadena CBS.

Rob Nicholson, el ministro de Justicia canadiense, indicó el viernes que esperará a leer la sentencia para decidir si la recurre. Los analistas dan por seguro que finalmente será el Tribunal Supremo de Canadá el que resuelva definitivamente sobre la constitucionalidad de la ley. El suicidio asistido solo podrá ponerse en práctica sobre “adultos lúcidos, plenamente informados, que no tengan dudas, libres de toda forma de presión psicológica y que lo hayan solicitado personalmente”

En el país norteamericano, aconsejar, asistir o instigar al suicidio está penado con un máximo de 14 años de prisión. La sentencia de la magistrada Smith precisa que el suicidio asistido solo podrá ponerse en práctica sobre “adultos lúcidos, plenamente informados, que no tengan dudas, libres de toda forma de presión psicológica, no diagnosticados como depresivos y que lo hayan solicitado personalmente, nunca a través de un tercero”. Si el Parlamento accede a modificar la legislación, Canadá se uniría a Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, los únicos países donde el suicidio asistido es legal. En Estados Unidos, solo Montana, Washington y Oregon lo admiten. En España, Ley de Autonomía del Paciente permite rechazar cualquier tipo de tratamiento pero la práctica del suicidio asistido no está autorizada.

La última vez que el Tribunal Supremo de Canadá abordó el debate sobre el derecho a la muerte digna fue en 1993. Entonces, los magistrados resolvieron en contra de la petición de Sue Rodríguez, también enferma de ELA, para que un médico le ayudara a poner fin a su vida. El Parlamento del país ha rechazado todos los proyectos de ley que pretendían legalizar la eutanasia. El último, que incluía la aprobación del suicidio asistido, se presentó en abril de 2010 y fue desestimado por 228 votos en contra y 59 a favor.

Sobre estas cuestiones puede descargarse el reciente libro colectivo Autonomía personal, cuidados paliativos y derecho a la vida, que he tenido la oportunidad de coordinar y que ha sido editado por la Procuradora General del Principado de Asturias. En el derecho español, el artículo 143 del Código Penal dispone que: 1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

El 17 de junio se aprobó en referéndun en el Cantón suizo de Vaud regular el suicidio asistido en establecimientos médico-sociales y hospitales con las siguientes condiciones: a) la persona que solicita el suicidio asistido debe sufrir una enfermedad grave e incurable y b) debe tener capacidad de discernimiento. El médico responsable del establecimiento médico-social o el jefe de la clínica será el responsable de asegurar que ambos criterios se cumplan, teniendo en cuenta lo dicho por el equipo médico, el médico que haya cuidado a la persona y los parientes designados por esta última.  Además, y previamente, se le deben haber ofrecidos al paciente cuidados paliativos.

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